Una estadística exhaustiva desconocida por el Consell
La exhaustiva estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja, sea ése o no su objetivo, luz de cara a la ronda de negociaciones que, presumiblemente, se abrirá tras los comicios en el País Vasco, y, sin embargo, son desconocidas tanto para el Consell como para la oposición. Los censos de población, que se actualizan cada 10 años, servirán de base para una negociación ligada al criterio per cápita.
La situación de partida no es buena, coinciden los partidos, que reconocen que en demasiadas ocasiones las comunidades autónomas aceptan una subfinanciación del Estado c...
La exhaustiva estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja, sea ése o no su objetivo, luz de cara a la ronda de negociaciones que, presumiblemente, se abrirá tras los comicios en el País Vasco, y, sin embargo, son desconocidas tanto para el Consell como para la oposición. Los censos de población, que se actualizan cada 10 años, servirán de base para una negociación ligada al criterio per cápita.
La situación de partida no es buena, coinciden los partidos, que reconocen que en demasiadas ocasiones las comunidades autónomas aceptan una subfinanciación del Estado con tal de conseguir las competencias en materias esenciales como la sanidad, la educación, la justicia. Y de ahí arranca el problema.
Pero no es el único. El plan de estabilidad o saneamiento de las cuentas de la Generalitat, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado hace unos meses, distingue hasta cuatro etapas en el proceso de financiación autonómica. La etapa hasta 1986, en la que se produce un intenso traspaso de competencias y donde la participación de cada comunidad se ajustaba anualmente para igualar la financiación al coste efectivo de los servicios traspasados por el Gobierno. La etapa hasta 1996, en la que no se produce una mayor descentralización fiscal y la financiación pasa a negociarse al comienzo de cada quinquenio y no de forma anual.
Entre 1997 y 2001 se amplían los mecanismos de descentralización fiscal a una participación del IRPF, dándose capacidad normativa a las comunidades autónomas sobre tramos autonómicos del impuesto y también de los impuestos cedidos en etapas anteriores. Y finalmente la etapa que arranca en 2002 con un nuevo modelo de financiación, el ahora en vigor. Y que, según la Generalitat, integra, a diferencia de los periodos anteriores, la financiación de la sanidad y de los servicios sociales, potenciando el principio de corresponsabilidad fiscal (las comunidades autónomas son cada vez más responsables de sus gastos, pero también de sus ingresos).
Fallos del nuevo sistema
Este nuevo sistema no es capaz, sin embargo, según la Generalitat, de superar dos aspectos estructurales heredados de todo el periodo anterior: las diferencias de financiación per cápita entre comunidades, resultado de las variables distributivas y redistributivas elegidas y del año en que se toman los datos; y, en segundo lugar, por el hecho de que las haciendas forales cuentan con niveles de financiación "sensiblemente superiores" a los de las autonomías de régimen común y con parecidas competencias.