Maragall acusa a CiU de corrupción y rectifica para salvar el Estatuto
La Generalitat acepta la dimisión de dos altos cargos por la crisis del Carmel - El Gobierno catalán culpa a las constructoras y les suspende el contrato
La crisis abierta por el hundimiento del barrio del Carmel en Barcelona por las obras del metro, que ha ocasionado el desalojo de un millar de personas, provocó ayer un encendido y crispado debate parlamentario con graves acusaciones de corrupción. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó a CiU del cobro del 3% de comisiones en las obras públicas. La acusación fue retirada posteriormente tras la amenaza del líder nacionalista, Artur Mas, quien amagó con dar por liquidada la posibilidad de pactar el Estatuto catalán. El presidente rectificó, pero no logró superar el clima de cri...
La crisis abierta por el hundimiento del barrio del Carmel en Barcelona por las obras del metro, que ha ocasionado el desalojo de un millar de personas, provocó ayer un encendido y crispado debate parlamentario con graves acusaciones de corrupción. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó a CiU del cobro del 3% de comisiones en las obras públicas. La acusación fue retirada posteriormente tras la amenaza del líder nacionalista, Artur Mas, quien amagó con dar por liquidada la posibilidad de pactar el Estatuto catalán. El presidente rectificó, pero no logró superar el clima de crispación que se instaló en la Cámara.
La relación entre los fallos constructivos que causaron el hundimiento en el Carmel y la acusación a los anteriores gobiernos de CiU de cobrar comisiones del 3% del valor de las obras a los constructores como condición para obtener contratos se desarrolló posteriormente en las intervenciones de Josep Lluís Carod Rovira, líder de Esquerra Republicana, y de Josep Piqué, presidente del Partido Popular de Cataluña, quien exigió que la futura comisión de investigación abordase también este asunto.
El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, que había iniciado la sesión con un pormenorizado discurso de casi tres horas sobre las causas del accidente y la actuación del Gobierno catalán, acabó anunciando la aceptación de la dimisión de dos altos cargos, sin dejar de advertir de que "pagaban justos por pecadores": Jordi Julià, director general de Transportes, y Ramon Serra, presidente de la empresa pública GISA, responsable de la obra. El Ejecutivo también decidió suspender el contrato, paralizar la obra y llevar a las empresas a los tribunales para que asuman los costes por los daños causados en la ciudad y en las casas afectadas. Un grupo de vecinos siguió con decepción el debate desde la tribuna.