Garzón aprecia delito fiscal en Ponga y Uriarte por Probursa
Archiva el caso para Ybarra y Bastida
El juez Baltasar Garzón, a instancias del fiscal anticorrupción David Martínez Madero, decidió ayer transformar las diligencias previas del caso de la compra del banco mexicano Probursa por el BBV en 1995 en procedimiento abreviado, al apreciar que puede existir delito fiscal. El juez mantiene la imputación de Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado; Roberto Molinuevo, ex director financiero, y del ex asesor fiscal y presunto diseñador de la operación, Estanislao Rodríguez Ponga.
El magistrado, sin embargo, también a requerimiento del fiscal Martínez Madero, acordó el archivo de las a...
El juez Baltasar Garzón, a instancias del fiscal anticorrupción David Martínez Madero, decidió ayer transformar las diligencias previas del caso de la compra del banco mexicano Probursa por el BBV en 1995 en procedimiento abreviado, al apreciar que puede existir delito fiscal. El juez mantiene la imputación de Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado; Roberto Molinuevo, ex director financiero, y del ex asesor fiscal y presunto diseñador de la operación, Estanislao Rodríguez Ponga.
El magistrado, sin embargo, también a requerimiento del fiscal Martínez Madero, acordó el archivo de las actuaciones para Emilio Ybarra, ex presidente de la entidad; para el entonces director del área financiera del banco, Luis Javier Bastida, y para el ex jefe de la asesoría fiscal, Juan Pedro Gil Vera.
La solicitud del fiscal de que el caso se transforme en procedimiento abreviado y se abra el juicio oral se produjo después de que los seis ex altos cargos del BBV citados declarasen el pasado día 15 en calidad de imputados.
Rodríguez Ponga, que fue secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, anunció ayer la presentación de un recurso contra la decisión del magistrado, negó las imputaciones que se formulan contra él y reiteró que nunca ha tenido intervención en ninguna actuación de la que pudiera derivarse delito alguno.
Las imputaciones contenidas en el auto se refieren a un informe pericial realizado por un inspector de Hacienda en el que se señala que la transmisión de acciones del Grupo Financiero Probursa desde sus filiales del BBV en paraísos fiscales a la filial de Puerto Rico por un elevado sobreprecio "tenía sentido sólo para obtener una disminución del pago de impuestos en España".
Rodríguez Ponga alega que ya no trabajaba en BBV cuando se presentaron las declaraciones fiscales, por lo que mal pudo cometer delito.