El Gobierno catalán limitará los contratos con las empresas que tengan más accidentes laborales
Rañé elaborará una lista de empresas con más siniestralidad si el ministerio no la crea en un mes
La siniestralidad laboral en Cataluña diminuyó el año pasado el 7,3% en relación con 2003, año en que bajó otro 7,5%. Este ritmo de reducción es, sin embargo, insuficiente para hacer frente a una epidemia que en 2004 lastró a 157.621 personas, 149 de las cuales perdieron la vida. Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno catalán se ha propuesto tomar cartas en el asunto y ayer anunció una batería de medidas. Una de ellas es la de limitar los contratos de la Administración con empresas que hayan sido sancionadas o hayan cometido delitos contra la seguridad laboral.
Si para el úl...
La siniestralidad laboral en Cataluña diminuyó el año pasado el 7,3% en relación con 2003, año en que bajó otro 7,5%. Este ritmo de reducción es, sin embargo, insuficiente para hacer frente a una epidemia que en 2004 lastró a 157.621 personas, 149 de las cuales perdieron la vida. Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno catalán se ha propuesto tomar cartas en el asunto y ayer anunció una batería de medidas. Una de ellas es la de limitar los contratos de la Administración con empresas que hayan sido sancionadas o hayan cometido delitos contra la seguridad laboral.
Si para el último Gobierno de CiU la seguretat no és broma -así rezaba parte del eslogan de la última campaña publicitaria para prevenir los accidentes laborales, la que recogía una conocida secuencia del cine que encarna el actor Harold Lloyd-, para el tripartito tiene además un responsable claro: las empresas. De ahí la medida de limitar los contratos públicos a las empresas más inseguras. Pero no es la única.
La Generalitat trasladará también a la fiscalía los expedientes en los que se haya detectado la existencia de negligencias graves, que en 2004 se elevaron a 79, anunció ayer en el Parlament Josep Maria Rañé, consejero de Trabajo e Industria. Rañé compareció a petición propia ante la comisión de Política Social de la Cámara catalana para dar cuenta de las actuaciones de su departamento contra la siniestralidad laboral -de acuerdo con una resolución parlamentaria de 2002- y avanzar las líneas maestras del futuro Plan para la prevención de riesgos laborales 2005-2008, tal como recoge el pacto para la competitividad, firmado hace una semana.
"Se trata de una nueva estrategia que supere las actitudes puramente legalistas y formales, hasta ahora encaminadas sólo a cumplir con la normativa. Que a partir de ahora dominen la información, la transversalidad, la integración y la concertación social", relató ayer el consejero.
En esta cruzada contra las empresas, Rañé recordó que hace dos meses solicitó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que desarolle una normativa para publicitar las sanciones impuestas en materia de prevención de riesgos laborales; esto es, una lista negra de las empresas con más siniestralidad. Fuentes del Departamento de Trabajo añadieron que si en el plazo de un mes Caldera no acepta el planteamiento, la Generalitat pondrá en marcha el registro por su cuenta.
La lista es una vieja reivindicación sindical y una pretensión de la última Administración convergente, anunciada en julio de 2003.
El Gobierno catalán recaudó el año pasado 8,14 millones de euros en sanciones impuestas a las empresas por incumplir la normativa sobre seguridad en el trabajo, cantidad que no compensa los 10,8 millones desembolsados por la Generalitat para hacer prevención.
Otra reivindicación, en este caso del propio Rañé, como es la de que el Estado aumente el cuerpo de inspectores, se verá parcialmente compensada este año con la habilitación de alrededor de 50 técnicos del Departamento de Trabajo para que puedan llevar a cabo tareas de vigilancia y control en calidad de subinspectores (no pueden imponer sanciones).