La base del túnel se movía en octubre

En el túnel de maniobras construido en el Carmel para la línea 5 se produjeron movimientos que quedaron registrados documentalmente el pasado mes de octubre. La dirección de obra anotó que había movimientos en la base del túnel y que el hormigón utilizado en el techo era escaso. La constructora, en cambio, registró los mismos movimientos (llamados técnicamente de convergencia) y pidió autorización para reforzar el túnel, la cual le fue denegada. Toda esta documentación escrita se hallaba a disposición de la empresa pública GISA, dependiente del Departamento de Política Territorial, que asegura...

En el túnel de maniobras construido en el Carmel para la línea 5 se produjeron movimientos que quedaron registrados documentalmente el pasado mes de octubre. La dirección de obra anotó que había movimientos en la base del túnel y que el hormigón utilizado en el techo era escaso. La constructora, en cambio, registró los mismos movimientos (llamados técnicamente de convergencia) y pidió autorización para reforzar el túnel, la cual le fue denegada. Toda esta documentación escrita se hallaba a disposición de la empresa pública GISA, dependiente del Departamento de Política Territorial, que asegura que no fue informado.

Las empresas que realizan la dirección de obras (Geocontrol y Tec 4) y las constructoras (Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa) se preparan para mantener una batalla entre ellas, en el supuesto de que acaben siendo señaladas como hipotéticas responsables del hundimiento. Ambas parecen pertrechadas para defenderse porque ambas dejaron anotaciones de discrepancias. La dirección de obras anotó que, a su juicio, la cantidad de gunita (hormigón utilizado para fijar la bóveda tras las primeras excavaciones) era insuficiente e inferior a los 20 centímetros calculados en el proyecto constructivo. Y anotó también que había detectado movimientos de convergencia en el túnel. Las mediciones de estos movimientos corren a cargo de la constructora. Todos estos documentos figuran en el libro de obras, que en teoría tiene que inspeccionar la empresa pública GISA, la cual ordena las obras por cuenta del Gobierno catalán.

No obstante, el Ejecutivo de la Generalitat sostiene: "Rotundamente, no hemos recibido esta información". Para justificarlo aduce que GISA decidió, hace cuatro años, encargar el control directo de las obras a una compañía privada, que en el caso del Carmel es Payma.

Recomendación de abogado

Todas las firmas afectadas, consultadas por este diario, declinaron hacer declaraciones alegando que el cliente es GISA y, en algunos casos, que sus abogados les han recomendado silencio. No obstante, fuentes cercanas a la dirección de obra precisaron: "No podemos desmentir que advirtiéramos de que se empleaba menos hormigón del fijado en el proyecto". Asimismo, señalaron que ya habían percibido los movimientos de convergencia en el túnel y que éstos hacían necesarias nuevas mediciones. El movimiento de convergencia se produce en la base del túnel, que es por donde éste empieza a ceder cuando hay problemas. El hundimiento acaba produciéndose por la bóveda, pero se percibe en la base.

Esos movimientos también fueron registrados por la otra parte en conflicto: la constructora. Y eso sirvió para que reclamaran cambios consistentes en reforzar el túnel que, aseguran, fueron rechazados por la dirección de obra. "¿Dónde están esas peticiones de refuerzo? Que las enseñen", replicó el directivo de la unión temporal de empresas que lleva la dirección de obra.

El problema que registró la constructora fue de convergencia en el momento de proceder a la "destroza". Se trata de la tarea de retirar la parte inferior del túnel. En el sistema de construcción utilizado (una variante del método austriaco), se horada primero la parte superior del túnel y se refuerza la bóveda jugando con la resistencia del terreno (avance), y luego se retiran los materiales de la parte inferior (destroza). Antes de acometer esta tarea, según fuentes próximas a la constructora, se advirtió de la existencia de movimientos de convergencia y se pidió aumentar los refuerzos con cerchas o pernos, petición que fue desestimada por la dirección de obras.

Esta información coincide con las manifestaciones de los vecinos, que sostienen que percibieron movimientos supuestamente relacionados con las obras en agosto (cuando se produjo una chimenea en el túnel principal) y en octubre.

Jordi Rosell, director de la obra civil de GISA, aseguró que estas peticiones no tenían por qué ser comunicadas a esta firma ya que el contrato prevé que la constructora introduzca las modificaciones que considere oportunas para el buen fin de la obra. Ahora bien, si las modificaciones no son aprobadas, no pueden repercutir en el precio final. Asimismo, el responsable de GISA en la obra, Antoni Pérez, sostuvo que cuando se produjeron discrepancias entre la constructora y la dirección de obras, se procedió a buscar un acuerdo que llegó en todos los casos. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, reconoció ayer que se ha planteado, entre otras opciones, la revisión del contrato e incluso la rescisión tanto con la constructora como con la dirección de obras, aunque añadió que en estos momentos preferiría verlas unidas trabajando para lograr una solución que haga que la población recupere la confianza en los técnicos.Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas, dijo también que no desea alentar una "guerra fratricida" entre las empresas. Y finalizó: "Si continúa la guerra cruzada entre las empresas a través de los medios de comunicación, aceleraré las acciones judiciales".

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmó ayer que la investigación abierta sobre lo sucedido "acabará con decisiones para determinar los responsables de las causas primeras y últimas". "La investigación tiene que determinar qué ha sucedido, quién ha sido el responsable, qué consecuencias se derivan y cómo se devuelve la tranquilidad al barrio". El presidente defendió a su consejero de Política Territorial por el hecho de haber dado prioridad a la atención a las personas y a la seguridad. Maragall apoyó también la labor del Ayuntamiento de Barcelona.

La obra fue inicialmente adjudicada en 93 millones de euros y posteriormente se cuantificaron los cambios en 7,4 millones, que fueron asumidos por la propia empresa constructora, de modo que el presupuesto final de la obra modificada es el mismo que el de partida.

Buena parte de los cambios fueron decididos durante el primer año de obra, de forma verbal y sin trámite administrativo formal. Entre ellos se incluye la modificación del trazado de la línea entre las estaciones del Carmel y Horta, lo que predeterminaba la ubicación del túnel auxilar donde finalmente se produjo el hundimiento que provocó el desalojo de los vecinos.