Los populares, los más perjudicados por un recorte de ingresos privados
El PP sería el principal perdedor con la reforma que plantea el PSOE: de los 3,2 millones de euros en donaciones privadas que recibió en 2001, último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, 2,5 tuvieron un origen anónimo. El resto fue nominal, pero en caso de suprimirse las aportaciones de empresas también sufriría recortes. Frente a este panorama de los populares, el PSOE tiene poco que perder en este terreno: en ese ejercicio sólo registró donativos por un monto de 325.630 euros. El informe no aclaraba cuáles eran anónimos, pero sí precisaba que un tercio procedía de personas juríd...
El PP sería el principal perdedor con la reforma que plantea el PSOE: de los 3,2 millones de euros en donaciones privadas que recibió en 2001, último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, 2,5 tuvieron un origen anónimo. El resto fue nominal, pero en caso de suprimirse las aportaciones de empresas también sufriría recortes. Frente a este panorama de los populares, el PSOE tiene poco que perder en este terreno: en ese ejercicio sólo registró donativos por un monto de 325.630 euros. El informe no aclaraba cuáles eran anónimos, pero sí precisaba que un tercio procedía de personas jurídicas.
Otros partidos claramente perjudicados por la propuesta socialista serían los nacionalistas, como el PNV (1,4 millones en aportaciones privadas), CDC (1,8 millones) o UDC (1,6 millones). Pero el problema es que la actual regulación de las aportaciones anónimas genera un dilema irresoluble que el Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia: la ley establece que ninguna persona física o jurídica puede donar a un partido más de 60.000 euros para su funcionamiento -para elecciones el monto es menor-, pero, en la práctica, el carácter anónimo de las entregas hace inverificable este extremo. ¿Cómo saber si un mismo donante anónimo no se repite? También existe el riesgo de donaciones en especie: el tribunal suele quejarse de sus dificultades para que los proveedores electorales rindan cuentas, lo que imposibilita saber si todas las facturas por servicios de campaña han sido realmente abonadas.