Los propietarios de más del 60% del suelo del futuro aeropuerto de Castellón recurren el precio pagado
Los representantes de un total de 91 afectados por las expropiaciones de los terrenos en los que se pretende construir el futuro aeropuerto de Castellón presentaron ayer un recurso administrativo en el que manifiestan su disconformidad con el precio pagado por el suelo. A éste se sumará, en unas semanas, un segundo escrito con la protesta de otro medio centenar de propietarios, que abarcan un área de afección del proyecto de alrededor de 3 millones de los 5,5 millones de metros cuadrados que ocuparán las instalaciones. Todos estos titulares de terrenos, ubicados en el término de Vilanova d'Alc...
Los representantes de un total de 91 afectados por las expropiaciones de los terrenos en los que se pretende construir el futuro aeropuerto de Castellón presentaron ayer un recurso administrativo en el que manifiestan su disconformidad con el precio pagado por el suelo. A éste se sumará, en unas semanas, un segundo escrito con la protesta de otro medio centenar de propietarios, que abarcan un área de afección del proyecto de alrededor de 3 millones de los 5,5 millones de metros cuadrados que ocuparán las instalaciones. Todos estos titulares de terrenos, ubicados en el término de Vilanova d'Alcolea, firmaron en su día el convenio de adquisición, es decir, su acuerdo con la expropiación pero, además, existen otros 60 propietarios, aproximadamente, que acumulan cerca de 800.000 metros cuadrados de suelo, que se negaron a firmar el convenio por su disconformidad con el precio, con lo que, en total, los titulares en desacuerdo con las cantidades pagadas representan el 63% de los terrenos reservados para el proyecto.
El recurso presentado ayer ante la Diputación de Castellón, cuyo presidente, Carlos Fabra, es el principal impulsor del mismo, recoge las quejas de 91 titulares que firmaron voluntariamente el convenio de adquisición, por el que se les ofreció entre 0,70 euros por metro cuadrado para terreno sin cultivos y 2,40 euros para terreno cultivado. La abogada Isabel Castell apuntó ayer que el recurso se basa en la consideración de que la expropiación "no ha seguido el procedimiento legal, se han incumplido plazos y se han atribuido competencias a personas que no deberían de haberlas tenido". Además, tal como indicó la letrada, los afectados firmaron el acuerdo "por desconocimiento y por no tener asesoramiento, ya que pensaban que el precio era el adecuado, pero posteriormente se dieron cuenta de que no era así", con lo que considera que se han vulnerado algunos de los derechos fundamentales de estas personas.
El peritaje que los propietarios del suelo han incluido en su recurso señala que el precio del terreno debía de haber sido de 22,40 euros el metro cuadrado, ya que se trata de un terreno que, con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vilanova d'Alcolea aprobado posteriormente, pasó a ser urbanizable.