El Constitucional avala sin fisuras la ilegalización de Batasuna
La sentencia rechaza el recurso de amparo y ratifica el fallo del Supremo
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que preside Tomás Vives Antón, avaló ayer por unanimidad la ilegalización de las formaciones políticas Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok acordada por la Sala Especial del Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003, por considerarlas el "complemento político de ETA" y que mantenían una estrategia común con la banda terrorista.
Los seis magistrados desestiman así los dos recursos de amparo presentados por la defensa de Batasuna, que alegaba que el Supremo había vulnerado derechos fundamentales.
El contenido de las sentencias -un...
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que preside Tomás Vives Antón, avaló ayer por unanimidad la ilegalización de las formaciones políticas Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok acordada por la Sala Especial del Tribunal Supremo el 27 de marzo de 2003, por considerarlas el "complemento político de ETA" y que mantenían una estrategia común con la banda terrorista.
Los seis magistrados desestiman así los dos recursos de amparo presentados por la defensa de Batasuna, que alegaba que el Supremo había vulnerado derechos fundamentales.
El contenido de las sentencias -una referida a Batasuna y otra a Herri Batasuna- se hará público la próxima semana, aunque el fallo ya ha sido notificado al abogado Iñigo Iruin, representante de Batasuna, al ministerio fiscal y a la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación en representación del Gobierno. Los textos están siendo redactados por los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas y Pablo Cachón, según fuentes del alto tribunal. El principal argumento será que, en un escenario de violencia, un partido político no puede mantener la postura de negarse a condenar el terrorismo.
El pasado marzo, la Sala Especial del Tribunal Supremo admitió íntegramente, tras cuatro días de deliberaciones, y también por unanimidad, las demandas de ilegalización de la fiscalía y la abogacía, que invocaron la nueva Ley de Partidos Políticos.