El Supremo procesa al juez Liaño por prevaricación y la Audiencia archiva el "caso Sogecable"
El Tribunal Supremo procesó ayer al juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación, presuntamente cometidos durante la instrucción de la causa contra el presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y la totalidad de su Consejo de Administración. También ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó definitivamente los restos que aún quedaban del llamado caso Sogecable por no haber materia en las imputaciones pendientes, después de que la Audiencia Nacional ya archivara, en octubre pasado, las de estafa y apropiación indebida.
En el momento en el que el procesami...
El Tribunal Supremo procesó ayer al juez Javier Gómez de Liaño por tres delitos de prevaricación, presuntamente cometidos durante la instrucción de la causa contra el presidente de Sogecable, Jesús de Polanco, y la totalidad de su Consejo de Administración. También ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó definitivamente los restos que aún quedaban del llamado caso Sogecable por no haber materia en las imputaciones pendientes, después de que la Audiencia Nacional ya archivara, en octubre pasado, las de estafa y apropiación indebida.
En el momento en el que el procesamiento sea firme, el Consejo del Poder Judicial tendrá que suspender cautelarmente en sus funciones a Gómez de Liaño. De un caso que se sostenía sobre acusaciones sin base -como ha establecido el órgano jurisdiccional competente- se pasa al procesamiento del instructor que adoptó decisiones que el Supremo desea aclarar, tales como fijar una fianza de 200 millones a Polanco cuando los peritos de Hacienda ya habían informado de que no había delito o prohibirle salir de España. Liaño mostró su sorpresa por el procesamiento y dijo que lo recurrirá. Sogecable, por su parte, expresó su satisfacción por el restablecimiento de su buen nombre y el de sus administradores, al tiempo que anunció acciones para obtener una reparación por los daños ocasionados. Dirigentes socialistas y de CiU dijeron ayer que lo importante ahora es aclarar si el Gobierno promovió la causa. Por parte del Ejecutivo -cuyo portavoz declinó pronunciarse-, el vicepresidente Álvarez Cascos se limitó a comentar: «No tengo opinión sobre temas judiciales».