El Partido Popular expulsa del partido a tres militantes de Córdoba que apoyaron a Enrique Bellido
El comité de derechos y garantías del PP de Andalucía ha expulsado del partido a tres militantes de Córdoba que apoyaron al senador Enrique Bellido cuando éste fue destituido de su cargo de presidente del PP de Córdoba, disuelto su comité ejecutivo y suprimida la junta directiva provincial. La expulsión afecta a Pilar Sarazá, Adela Santiago y Javier Tafur, que ocuparon cargos orgánicos en el PP cordobés durante el mandato de Enrique Bellido en la presidencia del partido. El motivo de la expulsión es haber participado el 24 de mayo de 2002 en una conferencia de prensa en la que presentaron un d...
El comité de derechos y garantías del PP de Andalucía ha expulsado del partido a tres militantes de Córdoba que apoyaron al senador Enrique Bellido cuando éste fue destituido de su cargo de presidente del PP de Córdoba, disuelto su comité ejecutivo y suprimida la junta directiva provincial. La expulsión afecta a Pilar Sarazá, Adela Santiago y Javier Tafur, que ocuparon cargos orgánicos en el PP cordobés durante el mandato de Enrique Bellido en la presidencia del partido. El motivo de la expulsión es haber participado el 24 de mayo de 2002 en una conferencia de prensa en la que presentaron un documento titulado Manifiesto por la restitución democrática de Enrique Bellido y la junta directiva provincial del PP en Córdoba, en el que hacían un llamamiento a la desobediencia civil en el partido.
Sarazá, Santiago y Tafur estuvieron acompañados en esa conferencia de prensa por otros dos militantes más del PP cordobés, Isidro Salado y María Emilia Carrasco, sobre los que el comité de garantías no se ha pronunciado. Sobre el primero porque se adaptó a la gestora creada tras la destitución de los cargos directivos de Bellido y, la segunda, porque voluntariamente se dio de baja en el PP tras la crisis abierta en la formación cordobesa.
El comité disciplinario andaluz considera falta muy grave el hecho de que los convocantes señalaran que se situaban en una posición de desobediencia civil y que no reconocían a la comisión gestora creada tras la destitución de Enrique Bellido. Agrava la situación, según este órgano, el hecho de que lo hicieran público ante los periodistas y pidieran además la adhesión de otros militantes al manifiesto. También considera el comité infracción muy grave que este grupo descalificara a la gestora y que anunciara que se presentaría a un congreso extraordinario cuando éste no estaba convocado.
El comité considera grave que ese manifiesto estuviera plagado de descalificaciones que, al difundirlas públicamente, 'han dado lugar a noticias que desprestigian al partido y a los diferentes miembros de los órganos de gobierno'.