El juez del 'caso Manzanilla' emite otro auto en el que vuelve a criticar la actuación de la Fiscalía
El instructor reprocha que las consideraciones de Villagómez benefician a los imputados
El titular del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, instructor de la causa abierta por la llamada operación Manzanilla contra el narcotráfico, que desarticuló una amplia red por la que hay 140 imputados, ha emitido un nuevo auto en el que refuerza su postura crítica con la conducta desarrollada por la Fiscalía de Cádiz en el caso. El nuevo escrito se produce sólo una semana después de que se conociera el primer enfrentamiento y de que el fiscal jefe gaditano, Isidoro Hidalgo, asegurara que la relación es 'normal'.
La fiscal del caso, ...
El titular del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, instructor de la causa abierta por la llamada operación Manzanilla contra el narcotráfico, que desarticuló una amplia red por la que hay 140 imputados, ha emitido un nuevo auto en el que refuerza su postura crítica con la conducta desarrollada por la Fiscalía de Cádiz en el caso. El nuevo escrito se produce sólo una semana después de que se conociera el primer enfrentamiento y de que el fiscal jefe gaditano, Isidoro Hidalgo, asegurara que la relación es 'normal'.
La fiscal del caso, Ana Isabel Villagómez, defiende que los imputados que aparecen en la instrucción no pertenecen a una sola red, sino a varias sin conexión, por lo que pide que la investigación sea dividida en varias causas y remitidas a diferentes juzgados de las provincias de Cádiz y Sevilla, y a la Audiencia Nacional. De esta forma, la Fiscalía pide que retire la competencia exclusiva que desde el principio de la investigación ha soportado el juzgado portuense.
Por su parte, el juez, en su nuevo auto, de 148 páginas, mantiene que las operaciones policiales, desarrolladas en coordinación con el juzgado, han logrado desmantelar una red 'organizada y jerarquizada' con ramificaciones en Sanlúcar, Jerez, El Puerto, San Fernando, Rota, Chipiona y Sevilla, lo que justifica el desarrollo unitario y exclusivo del proceso en el juzgado portuense.
El juez explica que ha asumido las competencias por tres razones: por ser el primer juzgado al que llega la causa, por estar localizado en 'el centro neurálgico de donde se desarrolla gran parte de la actividad delictiva' y, por último, porque 'ésta [El Puerto] es la ciudad de destino de gran parte de la droga'.
En cuanto a la existencia de una trama única, el juez, tomando como referencia sentencias anteriores, explica: 'No es necesario que los diferentes niveles de la organización se conozcan entre sí o que sus miembros conozcan detalladamente los cometidos de otros partícipes, pues la supervivencia del proyecto asociativo queda asegurado por el contexto organizativo, con independencia de las personas que intervengan'.
El instructor asegura que 'la existencia de la organización no depende del conocimiento directo que los niveles jerárquicos más bajos de la trama tengan de los niveles más altos', lo que podrían justificar las declaraciones de algunos imputados que aseguraron desconocer nombres de referencia en la organización. En otro momento, el juez asegura: 'En tanto existe entre unos y otros un sistema organizado de traslado de decisiones que funciona con independencia de la relación personal, se pone de manifiesto su existencia'.
En el escrito se encuentran claras censuras al papel de la Fiscalía, críticas que el juez inscribe en el ámbito de lo judicial porque 'no entra a responder a reproches de índole personal con relación a la forma en que se ha llevado a cabo la instrucción'.
El juez acusa también a la fiscal de 'cargarse de un plumazo la organización', circunstancia que elimina el supuesto de agravación de conducta para algunos de los imputados.
El juez llama la atención sobre las paradojas a las que conduce la línea argumental de la Fiscalía al no reconocer la trama: en el caso de algunos imputados, el fiscal pide penas de cárcel que son sensiblemente inferiores a las que propone el propio instructor, que sí enmarca su valoración en la existencia de una jerarquía, concediendo, por tanto, diferentes grados de responsabilidad.
Además, el juez insiste, como hizo en su primer auto sobre el conflicto, que se dan planteamientos compartidos por el fiscal y la defensa, a pesar de tratarse de instituciones que cumplen funciones claramente diferenciadas en el proceso de impartición de justicia. También insiste en un supuesto cambio de criterio de la fiscal que considera 'injustificado' o 'no suficientemente razonado'.
El nuevo auto del juez, fechado el pasado día 7, responde a la petición formulada por escrito por la Fiscalía de Cádiz ante la Audiencia Provincial para que retire del juzgado de El Puerto las competencias del caso. El fallo de la Audiencia podría conocerse el próximo mes de septiembre.