El fiscal acusa a Cuevillas de lucrarse con el cargo de decano de los abogados
El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 24 en la que acusa al decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, de haberse lucrado utilizando su cargo. Sostiene la denuncia que Cuevillas cometió a partir del año 2000 'una serie de actos irregulares' encaminados a 'obtener un beneficio ilícito'.
Uno de ellos se produjo a principios del año pasado, cuando Cuevillas encargó una encuesta sobre las intenciones de voto que tenía su candidatura a las elecciones al colegio previstas para junio. Para dar cober...
El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 24 en la que acusa al decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, de haberse lucrado utilizando su cargo. Sostiene la denuncia que Cuevillas cometió a partir del año 2000 'una serie de actos irregulares' encaminados a 'obtener un beneficio ilícito'.
Uno de ellos se produjo a principios del año pasado, cuando Cuevillas encargó una encuesta sobre las intenciones de voto que tenía su candidatura a las elecciones al colegio previstas para junio. Para dar cobertura a esta contratación se encargó otra encuesta periódica sobre el grado de satisfacción de los abogados con el colegio y se incrementó el precio inicial en unas 400.000 pesetas. Al final, las facturas infladas no fueron pagadas 'pues el tesorero del colegio descubrió ese propósito ilícito', dice el fiscal.
La empresa que realizó esos sondeos fue Valverde De Miquel, 'ligada al denunciado', según la fiscalía. Esta misma empresa fue la que realizó también la memoria del colegio del año 2000, pese a que su presupuesto superaba en tres millones el más caro de los ofertados por otras dos empresas. Al final la factura se rebajó, también tras la intervención del tesorero, asegura la denuncia. En el texto también se acusa al decano de cobrar dietas sin justificar y de aprovechar su cargo para que el que entonces era socio de su empresa, Javier Dos Santos, actuara como mediador en un arbitaje de 3.000 millones de pesetas por el que cobró casi 14 millones.
Por todo eso, el fiscal acusa a Alonso-Cuevillas de los delitos de estafa y apropiación indebida, además de los que puedan imputarse durante la investigación. La denuncia va acompañada de 18 documentos recopilados por la fiscalía durante los siete meses que ha estado investigando los hechos. El origen de la investigación fue una denuncia presentada por la veterana abogada Montserrat Avilés, que durante dos años fue diputada de la junta que presidía Cuevillas en el Colegio de Abogados, aunque elegida en otra candidatura.
Petición de dimisión
Avilés reiteró ayer que Cuevillas y la junta de gobierno del Colegio que le apoya deben dimitir, algo que el decano no se plantea; 'mientras tenga el apoyo que tengo', dijo. 'Las acusaciones de Avilés que han derivado en la denuncia de la fiscalía no tienen ningún fundamento', aseguró Cuevillas a EL PAÍS. 'Creo que después de siete meses de haberme investigado no han encontrado nada y han optado por la fórmula de la denuncia, poco frecuente en la fiscalía, en lugar de una querella', precisó. Ahora el juez debe decidir si admite la denuncia o la archiva.
Cuevillas tiene pendiente otra causa en un juzgado tras otra querella de la fiscalía que le acusaba de apropiación indebida por haber retenido seis meses la indemnización de un cliente. Ese caso está pendiente de que los recursos de la defensa y los del fiscal califiquen los hechos.