Agujeros y sobrepeso

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Las competencias de las distintas administraciones sobre el lago de Banyoles no se han clarificado con las apelaciones a la justicia que anteceden al juicio. Cada nueva resolución añade confusión al caso y sólo evidencia que tanto el Estado como el Ayuntamiento intentan escapar por todos los medios de su implicación en el sobrecogedor naufragio de una embarcación burdamente manipulada, que no tenía la documentación reglamentaria y que nadie se encargaba de inspeccionar. El vacío legal en la regulación de la navegación que destapó el siniestro causó estupor y desconcierto, pero persiste, a tenor de las difusas resoluciones judiciales. Más adelante, cuando el Ayuntamiento fue exculpado por la Audiencia de Girona, los familiares de las víctimas llegaron incluso a pedir un boicoteo turístico a sus compatriotas. No entendían que ninguna Administración fuera responsable de la muerte de sus familiares. En esta carrera de las administraciones para escapar del banquillo de los acusados, el consistorio es el que tiene la pata de palo. La titularidad del lago, cedido al municipio por donación real en 1685, y un Reglamento de Actividades del Lago centrado en aspectos ecológicos han sido la base fundamental de la imputación del concejal de Medio ambiente. El hecho de que el control de la navegación dependa de la Marina Mercante no ha sido suficiente para que el Estado acabe siendo imputado. No obstante, la Administración central, según el consistorio, sí ha temido su implicación y ha intentado eludir responsabilidades con un Reglamento de Despacho de Buques, fechado después del siniestro, en el que se excluye el control de las embarcaciones en aguas no marítimas.

Si bien el juicio deberá dirimir responsabilidades por el naufragio ocurrido en las tranquilas aguas del lago y a apenas 10 metros del muelle, la causa del siniestro no tiene ya secretos. El agua entró a borbotones por dos agujeros de ventilación que no figuraban en el diseño original de la embarcación y que tenían como objetivo refrigerar los motores eléctricos. El exceso de pasaje hundió la popa por encima de la línea de flotación y el catamarán turístico se sumergió en menos de dos minutos. Los jubilados franceses, la mayoría con una movilidad muy reducida, quedaron atrapados por unas sillas que no estaban fijadas en el piso. A pesar de que en la causa han estado imputados, entre otros, el responsable del taller que presuntamente realizó las aberturas de ventilación y el encargado de recoger los pasajes, al final solamente los dos propietarios del catamarán, Bartomeu Gayolà y Simón Rodríguez, se sentarán junto a Alsina en el banquillo de los acusados.