La fiscal ve "inhumano" que tres vigilantes del metro abandonasen a un moribundo

La fiscal Patricia Fernández definió ayer como 'inhumano y desolador' el hecho de que dos vigilantes del metro, siguiendo órdenes de su jefe de seguridad, abandonasen en 1998, junto a la boca de acceso a la estación de Lista, al joven Javier Echeverría, de 19 años, al que momentos antes hallaron 'semiinconsciente' dentro de las instalaciones del suburbano. Los vigilantes (José M. N. y Juan Carlos G. O.) y el jefe de seguridad (Luis H. C.) están siendo juzgados desde ayer en la Audiencia madrileña por haber sacado de la estación a Echeverría, dejándolo tirado en el suelo y sin auxiliarle, la no...

La fiscal Patricia Fernández definió ayer como 'inhumano y desolador' el hecho de que dos vigilantes del metro, siguiendo órdenes de su jefe de seguridad, abandonasen en 1998, junto a la boca de acceso a la estación de Lista, al joven Javier Echeverría, de 19 años, al que momentos antes hallaron 'semiinconsciente' dentro de las instalaciones del suburbano. Los vigilantes (José M. N. y Juan Carlos G. O.) y el jefe de seguridad (Luis H. C.) están siendo juzgados desde ayer en la Audiencia madrileña por haber sacado de la estación a Echeverría, dejándolo tirado en el suelo y sin auxiliarle, la noche del 7 de abril de 1998. Javier, hijo de la eurodiputada socialista Francisca Sauquillo, murió esa misma noche. Los tres están acusados de un delito de omisión del deber de socorro. El juicio, que hoy proseguirá con el testimonio de los acusados, se celebra en la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid mediante el procedimiento del jurado popular.

El fiscal pide una multa de 3.606 euros (600.000 pesetas) para el principal acusado, el citado jefe de seguridad, y de 2.163 euros (360.000 pesetas) para cada uno de los dos vigilantes. Además, solicita que los tres indemnicen con 36.060 euros (seis millones de pesetas) a la familia de la víctima.

Los padres del fallecido sostienen que la responsabilidad última de lo sucedido es de Metro, ya que entienden que se trata de una compañía pública que debe proteger y ayudar a las personas desvalidas que utilizan sus instalaciones.

En su informe preliminar, la fiscal destacó 'la falta de humanidad' que rodea este caso. A Echeverría, dijo, lo 'dejaron tirado en la calle, solo y desamparado' durante tres horas. El joven se bajó en la estación de Lista (cerca de la calle del Conde de Peñalver) sobre las once y media de la noche y se sintió mal. Los dos vigilantes acusados vieron al chico semiinconsciente sobre una escalera y alertaron al entonces jefe de seguridad, destinado en la sala de control 3 del metro. 'El jefe de seguridad', según la fiscal, 'no tuvo a bien llamar al Samur, pues pensó que [Echeverría] era un drogadicto, y ordenó a los vigilantes que lo desalojasen'.

Los vigilantes acataron la orden dada por su superior y, casi en volandas, sacaron a Echeverría a la boca de metro, donde 'le dejaron tirado en el suelo y semiinconsciente', según la acusadora pública. Unas tres horas después, otros vigilantes vieron al chico en la calle, cerca de las dos de la madrugada, y volvieron a alertar al jefe de seguridad. Finalmente, éste avisó al Samur, que lo trasladó al hospital de la Princesa. Falleció sobre las seis de la madrugada.

'Todo se hizo tarde, mal y nunca', afirmó la fiscal. La víctima comenzó a sentirse mal en la estación de Lista sobre las 22.40 del 6 de abril de 1998. Y fue trasladada finalmente por el Samur al hospital de la Princesa a la 1.50 del 7 de abril. 'Desde que se sintió mal hasta que le llevaron al hospital pasaron tres horas', destacaron ayer fuentes de la acusación.

Durante el juicio que desde ayer se desarrolla en la Audiencia, podrá escucharse una grabación con la conversación que mantuvieron los dos vigilantes con su jefe antes de que aquéllos sacaran a Echeverría a la calle. Según la fiscal, la grabación, en la que el acusado Luis H. C. emplea un lenguaje 'vejatorio y humillante' hacia la víctima, revela con nitidez que aquél cometió un delito de omisión del deber de socorro. Esta cinta, junto con el testimonio de uno los vigilantes, ha sido crucial para sentar en el banquillo a los tres acusados. Todas las conversaciones que se mantienen en la sala 3 del metro, desde la que se controla la seguridad de toda la red, quedan grabadas en cinta magnetofónica.

En la grabación se oye al jefe de seguridad, según fuentes jurídicas, decir lo siguiente: 'No somos hermanitas de la caridad, desalojadlo; y, si es drogadicto, que...'. 'Ni era drogadicto, ni tenía el sida ni era un borracho', espetó ayer la fiscal. 'Y si lo hubiese sido, ¿qué...?', agregó ante el jurado. 'Nada puede ser motivo para dejar tirada en la calle a una persona'.

La fiscal argumentó que el fallecido 'no era ni drogadicto, ni borracho ni enfermo de sida, sino un enfermo de anorexia que sufrió un shock' al bajarse del vagón. 'Con un poco más de humanidad y conciencia esto no hubiera ocurrido jamás', sentenció la acusadora pública, en alusión al posterior fallecimiento del joven.

'Pleno conocimiento'

Ana Ruiz Tagle, abogada de la familia de la víctima, destacó que, tras hablar los vigilantes con la sala 3, el acusado Luis H. C. 'tuvo pleno conocimiento del grave estado de salud y de la situación de peligro en la que se encontraba el joven', y que, pese a tratarse de una noche fría y lluviosa, dio instrucciones a los vigilantes para que le desalojasen y continuasen su ruta. Más tarde, según esta letrada, llegaron otros dos vigilantes, quienes, al ver a Echeverría tirado en la calle, volvieron a alertar al acusado Luis H. C. Fue entonces cuando éste, que recibió esa noche un total de siete llamadas de personas preocupadas por el estado del joven, avisó finalmente al Samur.

Luis Rodríguez Ramos, abogado del jefe de seguridad, advirtió al tribunal de que el delito que se imputa a su cliente no se comete por imprudencia. 'Tiene que haber dolo, intencionalidad. Si no existe ese dolo, no se comete este delito', subrayó. El letrado admitió que pudo producirse un error, aunque de ser así, dijo, también 'lo habrían cometido los médicos que dieron el alta a Javier pese a su estado, los del Samur que enviaron una ambulancia normal y no una UVI móvil y los médicos de la Princesa que le atendieron. Al llegar a urgencias se limitaron a hacerle análisis', comentó Rodríguez.

La defensa de Luis H. C. alegó que en 1998 fueron desalojadas de las instalaciones del metro 54.785 personas por intoxicación etílica o de otro tipo, y que en 2.698 de esos casos fue avisado el Samur-Protección Civil para que los atendiese. 'No todo desalojo de una persona lleva aparejado el deber de llamar al Samur', abundó. Rodríguez Ramos precisó que su cliente, que en ese momento trabajaba en un lugar distinto de donde estaba Echeverría, 'nunca tuvo la más remota noción de que la salud del joven precisara auxilio. Lo supo sobre la 1.10, cuando le avisaron de que seguía en el mismo lugar', aseguró.

La abogada del vigilante José M. N. alegó, por su parte, que los vigilantes 'hicieron lo que humanamente estaba en sus manos'. La letrada del otro acusado, Juan Carlos G. O., refirió que ambos vigilantes, que entonces prestaban servicio en Metro aunque pertenecían a otra empresa, desalojaron al chico creyendo que finalmente sería atendido.