El Atlético paga el primer plazo de la recompra de Torres
El club madrileño traspasó el jugador como aval de un crédito del Valencia
Esta operación obligó al fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, a enviar una providencia al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que estudia las supuestas irregularidades del Atlético. Castresana pidió que los juzgados de instrucción ordinarios de Madrid investigasen si se cometió delito de desobediencia grave a la autoridad judicial por parte de los administradores del club.
El fiscal considera que el interventor judicial del Atlético, Luis Romasanta, debió informar -lo hizo días después de que la noticia apareciese en los medios informativos- a la Audiencia de que el club madr...
Esta operación obligó al fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, a enviar una providencia al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que estudia las supuestas irregularidades del Atlético. Castresana pidió que los juzgados de instrucción ordinarios de Madrid investigasen si se cometió delito de desobediencia grave a la autoridad judicial por parte de los administradores del club.
El fiscal considera que el interventor judicial del Atlético, Luis Romasanta, debió informar -lo hizo días después de que la noticia apareciese en los medios informativos- a la Audiencia de que el club madrileño consiguió el 15 de marzo un crédito del Valencia por importe de 400 millones, que, con IVA, se convirtió en 464 y que, como garantía, aportó los derechos federativos del jugador Torres. Este crédito se realizó a través de dos pagarés, uno de los cuales, según denunció el fiscal, se hizo efectivo en una cuenta de la Caixa de Pensions, "en la que no consta como representante del Atlético más que Miguel Ángel Gil Marín [director general del club e hijo del presidente Jesús Gil], sin que figure en la misma mención de la intervención, la firma preceptiva de Romasanta ni tampoco el destino dado a los fondos".
El mismo día 15 de marzo, el Atlético recompró a Torres, por el importe del crédito, con dos pagarés del Banco de Vitoria con vencimiento 25 de junio y 25 de julio de 2001 de 232 millones cada uno. En el caso de que se incumpliese este compromiso, el jugador pasaría a pertenecer al Valencia y el Atlético se vería obligado a indemnizar a Torres con 2.600 millones, según aclaró en su día el representante de éste último, José Antonio Martín. El primer plazo se hizo efectivo el viernes y, según fuentes del Atlético, el segundo, se hará una semana después.
El interventor judicial del Atlético estima que no tiene obligación de comunicar a la Audiencia el pago del importe del primer plazo de la deuda del club madrileño con el Valencia. "Forma parte de los pagos ordinarios del club. El caso de Fernando Torres supone un contrato más de los que la entidad tiene firmados", aseguró Luis Romasanta.
Romasanta, por otro lado, aclaró ayer: "En ningún momento se habló, como se dijo, de que me ayudaría otro interventor, Manuel Souto Alonso. Estaba propuesto desde hace un año. Desconozco por qué no se ha incorporado y no va a venir".