El PSOE pide amparo al Constitucional por los 'abusos de poder' de Rudi
El Grupo Socialista presentó ayer tres recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en los que denuncia presuntos 'abusos de poder' de la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, quien, según este partido, utiliza su cargo institucional para trasladar 'el pulso autoritario' del Gobierno al Parlamento. Los tres recursos se refieren a tres decisiones de la Mesa del Congreso, adoptadas con los votos mayoritarios del PP y ratificados por la presidenta, que impidieron la comparecencia en Comisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Fiscal Anticorrupción y de...
El Grupo Socialista presentó ayer tres recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en los que denuncia presuntos 'abusos de poder' de la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, quien, según este partido, utiliza su cargo institucional para trasladar 'el pulso autoritario' del Gobierno al Parlamento. Los tres recursos se refieren a tres decisiones de la Mesa del Congreso, adoptadas con los votos mayoritarios del PP y ratificados por la presidenta, que impidieron la comparecencia en Comisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal Antidroga.
El PSOE pidió en diciembre la comparecencia del presidente del Poder Judicial para que informara sobre la posición del CGPJ ante el indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. La Mesa no lo admitió siquiera a trámite. El Grupo Socialista recurrió con el argumento de que la Mesa se excedía en sus competencias y, posteriormente, pidió amparo a la presidenta Rudi. Al fracasar en estos 'intentos para que el grupo mayoritario no silencie al Parlamento', recurrió al Constitucional. En su recurso recuerda 12 ocasiones en las que se pidió la comparecencia del presidente del Poder Judicial y la Mesa lo admitió a trámite. Y añade la potestad constitucional del Parlamento de pedir la comparecencia de altos cargos y la incapacidad constitucional de la Mesa para convertirse 'en órgano fiscalizador' de las iniciativas parlamentarias.