Garzón cita a declarar a los 42 imputados por el fraude del lino
Anticorrupción descubre nuevas ramificaciones que apuntan a 16 agricultores de Aragón
Las fechas de las comparecencias se concretarán a partir de que conste en autos el informe de la OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (UE). Garzón ordena en su resolución remitir los oficios correspondientes a efectos de recabar el informe final derivado del control y verificación de las ayudas comunitarias otorgadas a España, así como las que se hubieran entregado a Portugal.
Garzón requiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que certifique el importe de las ayudas comunitarias percibidas por Kalemar, Fibranova, Chamvre, Laura S.C., Fibrimon, Fedora, Belink...
Las fechas de las comparecencias se concretarán a partir de que conste en autos el informe de la OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea (UE). Garzón ordena en su resolución remitir los oficios correspondientes a efectos de recabar el informe final derivado del control y verificación de las ayudas comunitarias otorgadas a España, así como las que se hubieran entregado a Portugal.
Garzón requiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que certifique el importe de las ayudas comunitarias percibidas por Kalemar, Fibranova, Chamvre, Laura S.C., Fibrimon, Fedora, Belinka, Ferimon y Vicente y Ana María Cañadas Simón y Jesús Fernández Alarcón y Josefina Astilleros Miralles.
A Castilla y León la requiere respecto a los productores Campo de Ureña, Mónica Moreno, Ángel María Domínguez, Segismundo Martín y Estilita Garrido.
En los mismos términos se dirige a la Junta de Andalucía para que remita certificación referente a José Manuel Rubio, y a la Junta de Extremadura para que certifique el importe recibido por Luis Miguel Capote y Carmen Puerto.
El juez ha ofrecido a la Comisión Europea, a la Administración del Estado y a las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura personarse para ser parte en el proceso a través de los organismos correspondientes. Además les ha pedido 'la identidad completa de los beneficiarios de las ayudas comunitarias al lino textil con indicación de las cantidades percibidas por cada uno de ellos para las campañas 1997-98, 1998-99 y 1999-2000.
En una resolución del pasado 6 de febrero, el juez sospechaba de la generalización del fraude y de que la valoración del mismo ascendería inicialmente a una cifra comprendida entre 2.000 y 10.000 millones de pesetas.
Garzón describía la supuesta mecánica defraudadora partiendo de que la empresa transformadora se ofrecía para solventar 'cualquier problema burocrático para el agricultor, quien a veces sólo se ocupaba de extender la firma donde se le indicaba, quedando los papeles preparados ante cualquier eventualidad administrativa'.
Así, las empresas transformadoras se ocupaban supuestamente de formalizar la solicitud de ayuda ante la UE y redactaban y presentaban el correspondiente contrato de transformación y libraban la correspondiente declaración de entrega de varilla de lino y correlativa transformación, no real, de la misma. El reparto de la subvención se hacía después, según lo convenido entre productor y transformador.
Causa en Teruel
Por otra parte, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción citadas por la cadena Ser, la lista de imputados aumentará de 42 a 58 al haber reclamado la fiscalía especial una causa abierta en Teruel en la que ya están imputados 16 agricultores aragoneses.
La cantidad defraudada por estos agricultores puede alcanzar los 400 millones de pesetas, según el fiscal David Martínez Madero. Se da la circunstancia de que en Aragón no existen empresas transformadoras de lino y, sin embargo, más de 100 agricultores solicitaron las ayudas comunitarias.
De acuerdo con las investigaciones detalladas por la Ser, una empresa transformadora de la comunidad autónoma de Castilla y León, Ecoagrocas, se puso en contacto directo o a través de terceros con los agricultores implicados. Les explicó lo que podían hacer para conseguir las subvenciones sin cultivar el lino necesario, puso a disposición de los agricultores los documentos supuestamente falsos para solicitarlas, y a cambio les exigía una parte de las subvenciones que les concedía la Unión Europea.