El Congreso argentino recomendará el cese del presidente del Banco Central
El agujero negro de la corrupción en Argentina quedó ayer iluminado de frente, de perfil y en profundidad por el infrme que dio a conocer en Washington el subcomité del Senado de Estados Unidos que investiga a 12 bancos de ese país y que involucra especialmente a dos bancos argentinos. La Comisión del Congreso argentino encargada de establecer el grado de responsabilidad en el lavado de dinero del presidente del Banco Central, Pedro Pou, acusado de encubrir por omisión o negligencia el tráfico ilegal de divisas, va a recomendar su destitución al presidente de la república, Fernando de la Rúa....
El agujero negro de la corrupción en Argentina quedó ayer iluminado de frente, de perfil y en profundidad por el infrme que dio a conocer en Washington el subcomité del Senado de Estados Unidos que investiga a 12 bancos de ese país y que involucra especialmente a dos bancos argentinos. La Comisión del Congreso argentino encargada de establecer el grado de responsabilidad en el lavado de dinero del presidente del Banco Central, Pedro Pou, acusado de encubrir por omisión o negligencia el tráfico ilegal de divisas, va a recomendar su destitución al presidente de la república, Fernando de la Rúa.
La corrupción argentina es invisible, pero activa como una aspiradora gigantesca y capaz de sustraer montos de dinero sucio estimados en 9.000 millones de dólares provenientes del narcotráfico, la venta de armas, los sobornos a funcionarios encargados de liquidar las empresas estatales y las coimas (comisiones ilegales) los últimos 10 años.
Ayer, cuando en Buenos Aires se especulaba con la renuncia de Pou, la diputada radical Elisa Carrió, quien inició la demanda judicial en su contra, pidió desde Washington que le mantengan en el cargo hasta que la investigación llegue al final: "Si da un paso al costado ahora quedarán dudas sobre él y en unos años hasta puede volver como funcionario público o ministro de Economía. Claro que Pou debe salir del Banco Central, pero para ser sometido a juicio porque es un delincuente y tiene que ir preso".
Antes de iniciar una gira oficial que le llevará a Francia y España, el ministro de Justicia Jorge de la Rúa, hermano del presidente, dijo que "la autarquía y la autonomía del Banco Central son una garantía del rumbo de la economía para la estabilidad monetaria y financiera, las personas son accesoias".
Intranquilidad económica
Según De la Rúa, que encabeza además la Unidad de Información Financiera creada por el Gobierno hace dos semanas para investigar el lavad o de dinero, si Pou renunciara "dejaría de haber intranquilidad en los mercados económicos".
El ministro fue al punto que preocupa al Gobierno. Se trata de colaborar con la investigación, pero también de que ningún escándalo político roce la delicada situación que atraviesa la economía argentina. Los efectos benéficos sobre el ánimo de los mercados y de la sociedad que provocó el blindaje financiero, la asistencia de créditos internacionales por 39.7000 millones de dólares que garantizan los pagos de intereses de la deuda externa previstos para este año, se han evaporado en sólo dos meses.
El informe del Senado de EEUU ha dejado expuesta la vinculación del banco argentino República y de su pantalla , el Federal Bank con sede en Bahamas, corresponsal a su vez del Citibank de Nueva York, destacado como el principal banco lavador. Moneta, el banquero de Menem , admitió ser propietario del República, pero negó hasta ayer, y en una declaración que firmó ante notario en febrero de 1999 y que envió al Banco Central, tener acciones del Federal Bank. Ahora, los documentos recogidos en la investigación realizada en EEUU prueban que el 33% del Federal Bank pertenecía a Moneta, otro 33% a su tío Benito Jaime Lucini y el resto a otros parientes. Sólo por la cuenta del Federal Bank en el Citibank de Nueva York se enjuagaron 4.500 millones de dólares en los últimos nueve años.
Moneta tuvo un notable crecimiento económico durante la llamada decada menemista. Su fortuna personal, la que admite, se calcula en más de 300 millones de dólares. Su imperio comenzó a derrumbarse en abril de 1999, cuando liquidó dos bancos de su propiedad, el de la provincia de Mendoza y el República, y fue acusado y denunciado de llevarlos a una quiebra fraudulenta.
Moneta, en sociedad con el Citigroup, era el presidente del Citicorp Equity Investments (CEI), una corporación que llegó a controlar el mayor grupo multimedia del país y lo puso a disposición de la reelección del presidente Menem en 1995. Telefónica de Argentina y el grupo Werthein, dueños del banco Mercantil de Argentina, fueron socios de Moneta en el CEI.
El viaje del dinero
El viaje del dinero sucio se iniciaba con transferencias del República al Federal Bank, circulaba por cuentas del Federal en el Citibank de Nueva York y regresaba, luego de varias transferencias, como inversiones limpias del CEI. Los inspectores del Banco Central sospecharon de la relación y de las transferencias ilegales del República y el Federal Bank, pero el directorio que encabezaba Pou no impulsó ninguna investigación.
Según el informe del subcomité del Senado norteamericano, al menos una de las centenares de transferencias corresponde al pago de un millón de dólares de coimas pagados cuando la empresa IBM consiguió un contrato por 250 millones de dólares para renovar el sistema informático del Banco de la Nación Argentina. Un delito por el que se encuentra bajo proceso y en prisión preventiva el ex presidente de ese banco, Aldo Dadone.
El otro banco argentino implicado es Mercado Abierto Bank, con una oficina en las Islas Caimán y otra en Montevideo que sólo servía para recibir correspondencia. Los depósitos en la cuenta que el M.A. Bank tenia en el Citibank de Nueva York eran luego pagados en efectivo a un testaferro del Cartel de Juárez que compraba propiedades en Argentina.
Los directivos del Citigroup no sospecharon el M.A.Bank porque formaba parte del Grupo Mercado Abierto, cliente del Citibank en Buenos Aires desde 1989, año en que Menem inició su primer mandato de gobierno. Ese grupo pertenece a tres ex funcionarios civiles de la dictadura militar, encabezados por Aldo Ducler, ex secretario de Hacienda cuando el general Leopoldo Galtieri presidía la Junta de Comandantes. Ducler fue luego asesor económico del ex cantautor Ramón Palito Ortega, actual senador y productor de espectáculos. Ortega desmintió que haya recibido fondos del narcotráfico para financiar su campaña como candidato a vicepresidente de la Nación, cuando se presentó junto al ex gobernador peronista Eduardo Duhalde, en las elecciones generales de 1999.