Interior amenaza a los inmigrantes irregulares con expulsarles de España
Los directores generales de Extranjería y Migraciones, Manuel Pérez y Antonio Maceda, apuntaron que los encierros protagonizados por los colectivos extranjeros 'no contribuyen' al diálogo.
En la reunión de las administraciones central y regional para analizar la situación creada en Murcia tras la muerte de 12 ecuatorianos el 3 de enero y las movilizaciones convocadas a raíz del suceso, no hubo concesiones a las protestas de los inmigrantes. El delegado del Gobierno, José Joaquín Peñarrubia, advirtió a los colectivos que no quieran regresar de modo voluntario a su país de origen de que s...
Los directores generales de Extranjería y Migraciones, Manuel Pérez y Antonio Maceda, apuntaron que los encierros protagonizados por los colectivos extranjeros 'no contribuyen' al diálogo.
En la reunión de las administraciones central y regional para analizar la situación creada en Murcia tras la muerte de 12 ecuatorianos el 3 de enero y las movilizaciones convocadas a raíz del suceso, no hubo concesiones a las protestas de los inmigrantes. El delegado del Gobierno, José Joaquín Peñarrubia, advirtió a los colectivos que no quieran regresar de modo voluntario a su país de origen de que su expulsión 'conlleva no volver a España en un periodo de entre tres y 10 años'. 'Esta actitud impediría a los inmigrantes', prosiguió el delegado del Gobierno en Murcia, 'acogerse a los convenios internacionales y a las ofertas formales de mano de obra'.
Con relación a los encierros mantenidos, Pérez explicó que cualquier medida 'a la fuerza' no contribuye 'para nada' a la hora de alcanzar acuerdos entre las administraciones, agentes sociales y ONG, y destacó el inicio de negociaciones del Ministerio del Interior para la firma de acuerdos bilaterales entre España y Ecuador, Marruecos y Polonia.
El drama al que muchos extranjeros se verían abocados al regresar a sus países de origen con una deuda pendiente tras los préstamos solicitados para venir a España tampoco ha variado la postura del Ejecutivo. 'La próxima semana se cerrará la negociación para suscribir el convenio con Ecuador que permita la canalización de los flujos migratorios en origen desde este país, que garantice los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos y que acabe con la explotación y las redes de tráfico de seres humanos', zanjó Pérez.
Alrededor de 50 ecuatorianos -los mismos que se disponían a relevar a sus compatriotas del encierro de la iglesia de San Mateo y fueron disuadidos por la policía bajo amenaza de detención por violación de domicilio- han dormido en la calle junto al templo en señal del protesta. El resto de los encierros localizados en Murcia, Lorquí y Totana, continuaban anoche.
El Gobierno, a través de su portavoz, Pío Cabanillas, intentó minimizar la petición que hizo el miércoles a los alcaldes el delegado para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, en el sentido de que sólo empadronen a inmigrantes con permiso de residencia. Cabanillas dijo: 'No opinan de igual forma organizaciones sociales como Andalucía Acoge y grupos políticos como Iniciativa per Catalunya-Verds. El presidente de este partido y diputado en el Congreso, Joan Saura, presentó ayer una petición al Fiscal Jefe del Tribunal de Justicia de Cataluña, José María Mena, para que dictamine si hay indicios de delito en las palabras de Fernández-Miranda. Saura cree que el delegado del Gobierno ha vulnerado el artículo 409 del Código Penal, que prohíbe a 'las autoridades o funcionarios públicos' promover, dirigir u organizar 'el abanono colectivo y manifiestamente legal de un servicio público', y establece 'multas de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años'.
El Defensor del Pueblo de Andalucía y CC OO calificaron de 'xenófoba' la propuesta de Fernández Miranda y el secretario de IU, Gaspar Llamazares, pidió su sustitución por hacer 'proclamas racistas'.