Una norma que gestiona el Ministerio de Presidencia con el aval de Interior
La concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la aprobación de las indemnizaciones correspondientes las ejecuta el Ministerio de la Presidencia y la informa Interior.
La petición de indemnizaciones finalizó en junio de 2000, a los seis meses de la aprobación del reglamento de la ley, mientras que la reclamación de la citada condecoración no tiene plazo.
Las peticiones de las víctimas o sus familiares -si aquéllas han fallecido-, una vez presentadas ante el Ministerio de la Presidencia pasan al Ministerio del Interior, al que...
La concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la aprobación de las indemnizaciones correspondientes las ejecuta el Ministerio de la Presidencia y la informa Interior.
La petición de indemnizaciones finalizó en junio de 2000, a los seis meses de la aprobación del reglamento de la ley, mientras que la reclamación de la citada condecoración no tiene plazo.
Las peticiones de las víctimas o sus familiares -si aquéllas han fallecido-, una vez presentadas ante el Ministerio de la Presidencia pasan al Ministerio del Interior, al que corresponde avalar la condición de víctimas de los reclamantes.
Los expedientes los estudia una comisión de evaluación, presidida por el secretario general técnico del Ministerio del Interior, e integrada por subdirectores generales de Justicia, Economía, Trabajo y Asuntos Sociales. Esta comisión tiene un plazo de reunión mensual y una vez dado el visto bueno a las solicitudes, éstas pasan a ser administradas por el Ministerio de la Presidencia.
El Gobierno manifestó ayer que en el caso de Manzanas se limitó a cumplir la norma y su trámite legal. El asesinato del policía franquista fue juzgado en el famoso proceso de Burgos, celebrado en diciembre de 1970, por un tribunal militar. Seis militantes de ETA fueron condenados a muerte y un mes después indultados por el dictador Francisco Franco. La policía acusó a uno de ellos, Francisco Izko de la Iglesia, de ser el autor material del disparo que mató a Manzanas. Nunca se pudo precisar quién asesinó al torturador porque el juicio se celebró sin ninguna garantía legal.