El rector defiende el reglamento del catalán de la URV, que fue impugnado
El rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, defendió ayer a ultranza, en su discurso de inauguración oficial del curso 2000-2001, el reglamento de usos lingüísticos que, aprobado por la mayoría del claustro el pasado año, resultó impugnado en los tribunales de Tarragona, que decretaron la necesidad de cambiar determinados artículos. Arola, que recordó que únicamente se requiere "corregir su redacción", arremetió duramente en la fase final de su alocución contra los profesores que motivaron su impugnación, y reclamó a la Generalitat mayores recursos económicos."Unos pocos p...
El rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Lluís Arola, defendió ayer a ultranza, en su discurso de inauguración oficial del curso 2000-2001, el reglamento de usos lingüísticos que, aprobado por la mayoría del claustro el pasado año, resultó impugnado en los tribunales de Tarragona, que decretaron la necesidad de cambiar determinados artículos. Arola, que recordó que únicamente se requiere "corregir su redacción", arremetió duramente en la fase final de su alocución contra los profesores que motivaron su impugnación, y reclamó a la Generalitat mayores recursos económicos."Unos pocos profesores y profesoras, que actúan como enfervorizados defensores del bilingüismo estricto, un eufemismo que ahora se utiliza para no hablar del monolingüismo". Así definió ayer Arola al grupo de profesores de la Universidad de Tarragona que decidieron dirigirse a la organización Profesores para la Democracia y a Convivencia Cívica Catalana (CCC), liderada por el conservador Aleix Vidal-Quadras, para impugnar el reglamento de usos lingüísticos de la URV, aprobado por la mayoría del claustro en enero de 1999 y que consideraban inconstitucional por discriminar el castellano.
Arola recordó que los tribunales, en primera instancia, habían valorado como ajustada a derecho las normas de uso del catalán, así como la potestad del claustro para regular la vida en el campus, lo que a su juicio "representa una victoria contundente de la legalidad, un refuerzo a la autonomía universitaria y un paso adelante para alcanzar la normalidad lingüística plena". El rector reconoció que la polémica ha afectado a "la buena imagen de nuestra institución, cosa complicada en momentos de competitividad acentuada". El rector obvió referirse al segundo conflicto judicial al que se enfrenta, el de la denuncia por prevaricación presentada en su contra por una profesora que fue apartada de la corrección de las pruebas de selectividad tras acudir al Defensor del Pueblo para revelar una supuesta discriminación del castellano en las mismas. "No es el momento de hablar".