Los críticos del PP de Huelva piden el cese en bloque de la comisión organizadora del congreso
El proceso de los congresos provinciales del PP registró ayer dos nuevos capítulos para la polémica. El sector crítico de Huelva presentó un recurso ante el comité nacional de derechos y garantías en el que se pide la nulidad de todos los acuerdos de comisión organizadora, además del cese de sus integrantes, porque cuatro de sus miembros pertenecen a la candidatura oficialista del abogado Francisco Pérez. En Jaén, se quedó fuera el candidato crítico Antonio Rodríguez Serrano, al aglutinar casi la totalidad de los avales el oficialista José Enrique Fernández de Moya.
Los críticos de Huel...
El proceso de los congresos provinciales del PP registró ayer dos nuevos capítulos para la polémica. El sector crítico de Huelva presentó un recurso ante el comité nacional de derechos y garantías en el que se pide la nulidad de todos los acuerdos de comisión organizadora, además del cese de sus integrantes, porque cuatro de sus miembros pertenecen a la candidatura oficialista del abogado Francisco Pérez. En Jaén, se quedó fuera el candidato crítico Antonio Rodríguez Serrano, al aglutinar casi la totalidad de los avales el oficialista José Enrique Fernández de Moya.
Los críticos de Huelva, aglutinados en el denominado Grupo Tartessos, fundamentan su protesta en la incompatibilidad de cargos. El recurso detalla, por ejemplo, que Carmelo Romero, presidente de la comisión organizadora del congreso, figura como vicesecretario en la lista oficialista, o que Pilar Miranda, vicepresidenta de la citada comisión, es candidata a vicesecretaria provincial en la lista de Francisco Pérez. En definitiva, los cuatro miembros de la comisión organizadora son los números 3, 4, 5 y 6 en la lista oficialista, y el pasado 16 de agosto, día de la presentación pública de esa candidatura, se hicieron fotografías arropando a Francisco Pérez."No se puede ser juez y parte. El asunto se agrava porque la comisión organizadora es la que elige a los componentes de la mesa del congreso, que deberán hacer de árbitros neutrales en el cónclave. En la situación actual no hay garantías de nada", afirmó ayer un portavoz del Grupo Tartessos.
El recurso, que desarrolla sus argumentos en 100 folios, indica que "estamos ante la película de un fraude" y subraya que el congreso se ha convertido "en un estercolero jurídico".
Además, fuentes de los críticos aseguraron ayer que el trabajo de la comisión organizadora ha constituido hasta el momento un verdadero fiasco. Entre otras cosas porque hay 16 municipios de la provincia onubense en los que no se han celebrado asambleas para elegir compromisarios. La comisión tampoco facilitó información a los militantes en esas localidades sobre el proceso congresual, según los críticos.
El Grupo Tartessos está a la espera de la resolución de un tribunal ordinario de justicia de Huelva sobre la demanda civil que el pasado 21 de julio interpuso por presuntas irregularidades en el proceso de elección de compromisarios. En el congreso provincial, previsto para el 30 de septiembre, competirán el candidato oficialista, Francisco Pérez, con la crítica Ana Báñez.
Por su parte, el congreso de Jaén, previsto para el 7 de octubre, contará con un solo candidato: el oficialista José Enrique Fernández de Moya, que ahora ocupa la secretaría provincial. El presidente de la comisión organizadora, Jesús Pérez Caballero, confirmó ayer que ya se han recepcionado 850 avales procedentes de esta lista, con lo que, teniendo en cuenta que al congreso asistirán un total de 1.015 compromisarios, resulta ya prácticamente imposible que ningún otro candidato alcance los 200 avales exigidos como tope mínimo para presentarse.
Con este anuncio, el PP de Jaén deja fuera de la carrera hacia la presidencia al candidato del sector crítico, Antonio Rodríguez Serrano, teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Carolina y hasta las pasadas elecciones parlamentario autonómico. Rodríguez anunció a mediados de agosto la impugnación del congreso ante el comité de garantías regional por considerar que el porcentaje de avales exigido, un 20%, era "el mayor de toda España" y estaba por encima del 15% que se solicita en el resto de Andalucía.
Rodríguez, al que ayer este periódico intentó localizar sin éxito, había señalado su convencimiento de llegar al 20% de los avales. El escaso apoyo que ha tenido del alcalde de La Carolina, Ramón Palacios, hombre de influencia en el aparato, ha podido ser un factor decisivo para que se vean truncadas sus esperanzas de competir.