Ruiz-Gallardón reclama medidas sociales para el problema de Lavapiés

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, reclamó ayer acciones sociales para combatir la oleada de robos callejeros cometidos por jóvenes magrebíes en el barrio de Lavapiés. Ruiz-Gallardón no precisó a qué medidas se refería, aunque pidió para ello la cooperación de todas las administraciones. Mientras tanto, ayer tomaron Lavapiés cien policías como respuesta inmediata al aumento de la delincuencia que sufre la zona.

Ruiz-Gallardón cree que en la situación de tensión que vive Lavapiés por la oleada de robos con violencia, cometidos supuestamente por un grupo de entre 30 y 40 jóve...

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, reclamó ayer acciones sociales para combatir la oleada de robos callejeros cometidos por jóvenes magrebíes en el barrio de Lavapiés. Ruiz-Gallardón no precisó a qué medidas se refería, aunque pidió para ello la cooperación de todas las administraciones. Mientras tanto, ayer tomaron Lavapiés cien policías como respuesta inmediata al aumento de la delincuencia que sufre la zona.

Ruiz-Gallardón cree que en la situación de tensión que vive Lavapiés por la oleada de robos con violencia, cometidos supuestamente por un grupo de entre 30 y 40 jóvenes magrebíes, hay dos aspectos a tener en cuenta: "Por una parte hay un conflicto de orden público, pero también un problema social y de integración. Como conflicto de orden público, la Delegación del Gobierno hace lo que entiende más conveniente al aumentar la presencia policial en la zona, y como problema social y de integración, considero que debemos cooperar todas las administraciones", agregó Ruiz- Gallardón. A juicio del presidente regional, la concentración de determinadas actividades, como ocurre en esta zona del centro de Madrid con los negocios regentados por inmigrantes, acaba por constituir un gueto. "La existencia de este gueto no facilita la integración, que es lo que puede estar ocurriendo en el barrio madrileño de Lavapiés".

La concejala del PSOE-Progresistas en el Ayuntamiento de Madrid Silvia Escobar pidió también que el gobierno municipal, junto con los de otras administraciones públicas, adopte las "medidas necesarias para atajar la oleada de delitos que se están produciendo en la zona Centro, en especial en el barrio de Lavapiés". Escobar dijo que si no se ponen en marcha enseguida actuaciones urgentes para solucionar estos problemas, puede darse un estallido social grave en un barrio con una presencia de inmigrantes "superior a la de El Ejido". La edil socialista advirtió de que su grupo lleva varios meses denunciando la tensa situación del distrito, "pero el PP ha preferido minimizar el problema de la seguridad en el Centro durante este tiempo".

Escobar reconoció que la policía de proximidad ha hecho un esfuerzo, "pero las medidas policiales no bastan, es imprescindible una política seria de integración de inmigrantes, que no puede limitarse a despreciar la nueva Ley de Inmigración", manifestó.

Ayer mismo, la seguridad de las calles de Lavapiés se reforzó con la presencia de cien policías, 30 de ellos municipales. A lo largo de todo el día, la vigilancia fue constante en todo el barrio, sobre todo en la plaza de Cabestreros, donde se concentran los jóvenes delincuentes conocidos como la banda del pegamento por esnifar ese tipo de sustancias. Los agentes cachearon al menos a medio centenar de sospechosos y se incautaron de dos navajas.

Los vecinos reconocieron que jamás habían visto tanta policía en las calles del barrio: "Todo parece que está más tranquilo con tantos patrullas", comentó un residente.

Tranquilidad en las calles

El despliegue policial también transmitió más tranquilidad a los comerciantes chinos, víctimas preferidas de los delincuentes magrebíes. Shanhu Xu, presidente de la asociación de comerciantes chinos, pidió ayer que se endurezca la ley contra los jóvenes delincuentes que les acosan.

La policía también investiga si los menores que atracan a turistas extranjeros y comerciantes actúan por encargo de otras bandas a las que venden pasaportes. Estos documentos luego se falsifican para introducir inmigrantes ilegales en España. Las sospechas de la supuesta colaboración entre las bandas de magrebíes se remonta al pasado año, cuando se advirtió que algunos marroquíes contactaban con tironeros en la zona Centro.