El Gobierno balear lleva al PP ante el fiscal por espiar el correo electrónico de un cargo socialista
El Gobierno autonómico de Jaume Matas (PP), que presidió el Ejecutivo de Baleares entre febrero de 1998 y julio de 1999, obtenía copia de todos los correos electrónicos que recibía Francesc Quetglas, entonces presidente de la Comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca, organismo heredero de la antigua Diputación. Este caso lo denunció ayer ante la fiscalía el nuevo Gobierno balear, integrado por una coalición de izquierdas y nacionalistas y encabezado por el PSOE. Los socialistas piensan que este pinchazo pone de relieve la existencia de una operación de espionaje político programada por el...
El Gobierno autonómico de Jaume Matas (PP), que presidió el Ejecutivo de Baleares entre febrero de 1998 y julio de 1999, obtenía copia de todos los correos electrónicos que recibía Francesc Quetglas, entonces presidente de la Comisión de Urbanismo del Consell de Mallorca, organismo heredero de la antigua Diputación. Este caso lo denunció ayer ante la fiscalía el nuevo Gobierno balear, integrado por una coalición de izquierdas y nacionalistas y encabezado por el PSOE. Los socialistas piensan que este pinchazo pone de relieve la existencia de una operación de espionaje político programada por el Partido Popular para obtener documentos y estrategias en un tema como la gestión del suelo, clave en las islas Baleares.
Los socialistas, que señalan que este caso puede no ser único, creen que alguien del Ejecutivo del PP tuvo que ordenar expresamente en el servidor de la red un reenvío automático del correo electrónico que recibía Francesc Quetglas a un ordenador del entorno de Matas. El pinchazo no se desactivó cuando en el verano de 1999 el Partido Popular salió del Gobierno balear.El tráfico de correos electrónicos dirigidos al cargo socialista era políticamente importante, ya que Quetglas diseñó los planes de prohibición de nuevas construcciones en Mallorca. El destinatario oculto de los mensajes pinchados era uno de los tres secretarios personales de Jaume Matas. Por aquel entonces, el Gobierno regional, con 2.000 direcciones electrónicas, y el Consell de Mallorca compartían el mismo servidor, Bitel, una empresa que controlaba el PP y que impulsó con Telefónica.
El trasvase de información política confidencial sucedió entre febrero 1988 y julio de 1999, época en la que el Consell de Mallorca, de tendencia progresista, preparó las grandes medidas proteccionistas del territorio, en competencia directa con los planes que quería ejecutar el Gobierno autonómico conservador de Matas.
Quetglas explicó ayer que mantenía una fluida comunicación electrónica con su equipo sobre los proyectos de paralización de urbanizaciones y sobre medidas de bloqueo de planes. Por Internet, Quetglas recibía, además, asesoría de estrategia de Xavier Roig, que fue director de la pasada campaña electoral de Pasqual Maragall y que formó parte del equipo de Joaquín Almunia en las elecciones del 12 de marzo.
"Sospechaba de posibles filtraciones de nuestros planes, pero ahora veo que fue un espionaje político programado, en toda regla. Parece que el PP nos pirateaba y copiaba para adelantársenos", manifestó Quetglas, quien indicó que, dados los enormes intereses especulativos que suelen desencadenarse al conocerse antes de tiempo las normas urbanísticas, se habían esmerado en la confidencialidad de los trabajos para evitar fugas de información.
La ley del suelo
Quetglas añadió que ahora se explica por qué el Gobierno de Matas "aceleró su ley de suelo rústico y, por sorpresa, la aprobó cuando aún no la tenía hecha. Podían haber cazado nuestros avances. El PP anticipó sus planes de ordenación territorial para desactivar los nuestros y en el Parlamento nos cortó las manos y anuló nuestra acción de protección del territorio".
El Ejecutivo autonómico, que en la actualidad está presidido por el socialista Francesc Antich, explicó ayer que había descubierto casualmente el puente de correo electrónico y presentó denuncia judicial por creer que había un delito de violación del secreto de la correspondencia.
Matas ha rechazado todas las acusaciones. En su criterio, el caso es una "tontería" y lo atribuye "al estado de desesperación que atrapa al presidente Antich".
El PSOE ha emplazado a Matas a que dimita si el fiscal admite la denuncia y ha enmarcado el pinchazo informático dentro de las "prácticas mafiosas" del PP balear. IU, socio de los socialistas, cree que Matas está "invalidado" tras este escándalo, que compara con el Watergate (espionaje de Richard Nixon sobre su rival del Partido Demócrata, Robert McGovern.
Quien destapó la trama es Valentí Valenciano, experto en informática y director de Relaciones con el Parlamento. El tinglado quedó en evidencia al mandar Valenciano un mensaje al actual responsable de Urbanismo del Consell de Mallorca y recibir un nota de retorno indicándole que no se había consumado la trasmisión de correo a Sebastián Vallori, secretario de Matas en el gabinete de Presidencia. Valenciano descubrió en el servidor Bitel que existía una orden expresa de reenvío automático del correo electrónico de Quetglas.
Un buzón clandestino
Este caso pionero de supuesta corrupción virtual, el asalto ilegal a las fuentes de correo electrónico del adversario, se ha destapado por casualidad, por un posible olvido del PP al vaciar el cerebro artificial del sistema informático cuando dejó el Gobierno balear. El hallazgo del buzón clandestino sucedió pese a la masiva operación de mudanza general de archivos, vaciado de discos duros y triturado de documentos que ordenó Jaume Matas al ceder la presidencia al socialista Francesc Antich.Si los jueces pueden comprobar la existencia de una trama, como cree la izquierda, el espionaje tenía una dirección precisa e intencionada. En la Comisión de Urbanismo late desde hace muchos años el corazón de los debates y los grandes negocios, no en vano la política real en Baleares radica en la decisión de por dónde pasan las líneas de planificación que fijan el uso de la tierra: dónde se puede construir y transformar un paisaje en millones de pesetas y qué parte se declara patrimonio ecológico.
El estudio de las hemerotecas entre 1998 y 1999, el recordar quién explicaba proyectos y qué institución luego los convertía en noticia, polémica o generosa campaña publicitaria, ayudará a documentar si pudo haber espionaje entre instituciones y partidos. La actualidad de aquellas fechas vino determinada por la carrera entre el PP, en el poder en Baleares, y la izquierda en alianza con nacionalistas, gobernando en el Consell de Mallorca. Unos y otros quisieron protagonizar los planes de protección y demostrar a la población quién de los dos era más conservacionista.