El fiscal jefe del TSJ denuncia al alcalde de Albal por amenazar a cuatro niños

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, ha presentado una denuncia ante un juzgado de Catarroja contra el alcalde de Albal, Agustín Zacarés Vila, y uno de sus ediles, Francisco Pérez Chilet, por un supuesto delito de amenazas a cuatro niños de este municipio. Un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. La denuncia fue presentada el 28 de julio a propuesta del coordinador de la fiscalía de menores, Manuel Dolz, que abrió diligencias el 14 de junio "en base a la i...

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, ha presentado una denuncia ante un juzgado de Catarroja contra el alcalde de Albal, Agustín Zacarés Vila, y uno de sus ediles, Francisco Pérez Chilet, por un supuesto delito de amenazas a cuatro niños de este municipio. Un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. La denuncia fue presentada el 28 de julio a propuesta del coordinador de la fiscalía de menores, Manuel Dolz, que abrió diligencias el 14 de junio "en base a la información publicada en el diario EL PAIS el 8 de junio titulada: Niños amenazados con el destierro". En dicho artículo se relataba que 12 meses atrás medio centenar de menores, de 10 a 14 años, se manifestaron ante el Ayuntamiento en protesta por la falta de parques para jugar y que el alcalde se negó a recibirlos. Pero al día siguiente, al ver la foto de la concentración en un diario local, identificó a cuatro niños a través de un conserje escolar, los llamó a su despacho y los amenazó con desterrarlos del pueblo e ingresarlos en un reformatorio. A petición de Dolz, el Grupo de Menores de la Policía Autonómica comprobó la veracidad de la información e identificó al edil Pérez Chilet como el "señor con peluquín" que acompañaba a Zacarés. La denuncia concluye que el alcalde y el edil "amenazaron a los menores que ejercían un derecho de manifestación pública pacífica con un mal" que "sería una detención ilegal", sin que hubieran cometido ningún delito.