La cara y la cruz política autonómica

Jordi Pujol centró sus acuerdos con el PSOE de 1993 en dos grandes ámbitos: el económico y el autonómico. Entonces ambos tenían una importancia similar: el dirigente nacionalista catalán negociaba el primero como portavoz oficioso de sectores que pretendían un giro en la política socialista, y el segundo, como máximo representante de la Generalitat. Esa doble negociación le permitía a Pujol destacar sus logros en política económica cuando los autonómicos tardaban en materializarse. Ahora la función de introducir correcciones económicas tiene poco sentido y queda el tema autonómico como base fu...

Jordi Pujol centró sus acuerdos con el PSOE de 1993 en dos grandes ámbitos: el económico y el autonómico. Entonces ambos tenían una importancia similar: el dirigente nacionalista catalán negociaba el primero como portavoz oficioso de sectores que pretendían un giro en la política socialista, y el segundo, como máximo representante de la Generalitat. Esa doble negociación le permitía a Pujol destacar sus logros en política económica cuando los autonómicos tardaban en materializarse. Ahora la función de introducir correcciones económicas tiene poco sentido y queda el tema autonómico como base fundamental de la negociación.El enfoque del problema en los programas electorales de CiU y PP es dispar. CiU lo coloca como primer capítulo bajo el título de Modelo de Estado y fortalecimiento del Estado autonómico, mientras que el capítulo similar del PP, el cuarto, se titula España. Plural e integrada. Ya entrando en los contenidos, llama atención que el PP se extienda en precisar los límites de las autonomías y haga pocas precisiones sobre la financiación, mientras que CiU se extiende en detalles sobre esta última cuestión. Los nacionalistas catalanes, demás, presentan una reclamación de transferencias que ocupa dos páginas y media, de entre las que el propio texto programático destaca el control de tráfico en carretera, que ahora ejerce la Guardia Civil. y "las políticas activas de empleo y de inspección de trabajo".En concreto, éstas son algunas de las diferencias:

Techo de Competencias.

El programa del PP reclama ese techo: "No puede aceptarse un proceso abierto por tiempo indefinido y de perfíles indeterminados". "Se ha de tender a una equiparación sustancial de competencias, con excepción de las derivadas de los hechos diferenciales". Esos hechos son "de carácter lingüístico, foral, histórico-cultural o insular". A CiU la idea de techo le es ajena: "Se han de aplicar todas las posibilidades de autogobierno que se establecieron en la Constitución ylos estatutos. Sólo así Cataluña tendrá el nivel de autonomía que le corresponde". "Más autonomía comporta siempre más aproximación a la realidad social".Financiación autonómica. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de corresponsabilidad fiscal. De tal manera, precisa el PP, "que se haga visible a los ciudadanos la política fiscal de cada comunidad autónoma". El programa de CiU es mucho más concreto y pide: "Incrementar el actual porcentaje del 15% de participación en el IRPF hasta el 30%". "Extender el ámbito de la corresponsabilidad fiscal a una participación del 30% del IVA y de los impuestos especiales". CiU pide también que el nuevo sistema de financiación fije "que todas las comunidades reciban similares recursos por habitante para un mismo nivel de competencias". Y si eso no se consigue, "impulsaremos los cambios legislativos necesarios para que Cataluña tenga un concierto económico como Euskadi y Navarra".

Administración única. A partir de la coincidencia de que es necesaria para evitar duplicidades, las discrepancias aparecen cuando se plantea qué hacer con la Administración periférica del Estado. El PP quiere mantenerla, reduciendo su ámbito a "aquellas materias que constituyen el núcleo básico de la unidad política de España, es decir, las competencias inherentes a un concepto moderno de soberanía, al principio de unidad de mercado y las que garantizan la efectividad del principio de solidaridad". CiU propone la supresión de organismos como el Ministerio de Cultura, porque sus competencias las han asumido las autonomías, así como una reforma de la Administración periférica que incluya "suprimir los gobernadores civiles".