"Es muy saludable que haya dimisiones"

A sus 59 años, Miguel Rodríguez-Piñero se encuentra cómodo al frente del máximo intérprete de la Constitución, aunque tiene ya las maletas preparadas para abandonarlo en febrero próximo. Antiguo profesor del actual presidente del Gobierno, no oculta su amistad con Felipe González, al que critica en privado su excesiva paciencia con algunos colaboradores.

Miguel Rodríguez-Piñero, padre de cinco hijos -de entre 31 y 19 años, todos ellos varones, dos de ellos juristas-, volverá en febrero próximo a su cátedra de Derecho del Trabajo en Sevilla, pero antes seguirá su ritmo de trabajo estajan...

A sus 59 años, Miguel Rodríguez-Piñero se encuentra cómodo al frente del máximo intérprete de la Constitución, aunque tiene ya las maletas preparadas para abandonarlo en febrero próximo. Antiguo profesor del actual presidente del Gobierno, no oculta su amistad con Felipe González, al que critica en privado su excesiva paciencia con algunos colaboradores.

Miguel Rodríguez-Piñero, padre de cinco hijos -de entre 31 y 19 años, todos ellos varones, dos de ellos juristas-, volverá en febrero próximo a su cátedra de Derecho del Trabajo en Sevilla, pero antes seguirá su ritmo de trabajo estajanovista y promoverá una reflexión sobre los 15 años de vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En su elección como presidente, en julio de 1992, empató a votos con Luis López Guerra, pero resultó elegido por su mayor edad. Ahora ha hecho uso de su voto de calidad para dirimir otro empate, el de los 12. magistrados sobre la ley de Televisión Privada.Pregunta. Acaba usted de salvar a las televisiones privadas.

Respuesta. Cuando hay empate, la mitad en la que figura el presidente es la mayoría.. En todo caso, la sentencia sobre la ley de Televisión Privada no ha sido muy conflictiva y ha habido práctica unanimidad en que la consideración de la televisión como servicio público esencial es constitucionalmente válida, aunque no la única opción posible.

P. ¿Qué habría pasado si se hubiera anulado la ley?

R. El efecto real hubiera sido reforzar el monopolio público y anular el régimen jurídico actual que posibilitó las concesiones de canales privados existentes.

P. ¿No cree excesivo el poder de 12 señores para anular leyes del Parlamento, sentencias de los jueces y competencias de los gobiernos?

R. Todos los tribunales constitucionales, como también el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, vigilan la Constitución y, en cierto modo, son la Constitución viva. De, ahí la preocupación de estos tribunales por no hacer un uso extensivo de su poder.

P. Cuando se enteró de que una sala del Supremo quería acudir al Rey por la sentencia sobre investigación de la paternidad ¿qué fue lo primero que pensó?

R. (Se ríe) No quiero decir exactamente lo primero que pensé como jurista y estudioso del derecho, por la responsabilidad que tengo como presidente de este tribunal. Sí puedo decir que no creo que en el marco de nuestra Constitución se encuadren este tipo de posibilidades de intervención de la jefatura del Estado. Pero estamos en un país libre y las personas son libres para exteriorizar su expresión. Me parece bien, aunque no es normal en los contextos europeos.

P. Volviendo la oración por pasiva, ¿le preocupan los palmetazos que les ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo -ya van cuatro condenas- y los que les dará?

R. No me preocupan. Al contrario. Para mí es una tranquilidad saber que existe alguien que puede corregirme si me equivoco y no decir yo la última palabra.

P. ¿Le impresionó la dimisión de José Luis Corcuera como ministro por la sentencia sobre la ley de Seguridad Ciudadana?

R. Ni me disgustó ni me alegró. Él tuvo la gentileza de llamarme para decírmelo y yo le dije que respetaba su decisión, aunque no conozco ningún episodio similar en otros países europeos.

P. ¿Ofrece la Constitución mecanismos suficientes para luchar contra la corrupción?

R. La Constitución establece el control popular, a través de las elecciones, el parlamentario y el judicial, este último con el añadido de la acción popular en materia penal, que no existe en casi ningún país. Y, por último, en España los medios de comunicación social publican informaciones protegidas constitucionalmente, siempre que sean veraces.

P. Con tantos mecanismos, algunas corrupciones han tardado en descubrirse. ¿Por qué?

R. Hay una expresión de Machado que viene a decir que los hechos son verdad los diga Agamenón o su porquero. En España ha habido momentos en que se ha considerado que la verdad no lo era porque la decía el porquero, es decir, una persona de la que uno no se fiaba o que podía parecer egoísta o parcial.

P. Los recientes escándalos, justifican solicitar la confianza parlamentaria, para renovar la obtenida tras las elecciones del 6 de junio?

R. Eso lo tiene que valorar el Gobierno, en función de como se encuentre en el Parlamento.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que estamos en un periodo preelectoral., Las elecciones europeas son muy importantes y es lógico que se tengan en cuenta antes de adoptar una iniciativa de ese tipo.

P. Nombrar personas corruptas o no vigilar suficientemente a los inferiores, ¿qué responsabilidad política origina?

R. En una sociedad democrática, la responsabilidad política lo que implica es que, en un momento determinado, por una determinada actuación, un político tiene que dejar su cargo, hecho muy positivo y saludable. La aparición de dimisiones indica la madurez de nuestro sistema democrático. Esa es la normalidad democrática. Lo que no tiene sentido en un sistema democrático maduro es 10 años de gobierno sin dimisiones, sin problemas ni diferencias internas dentro del partido en el poder.

P. ¿De qué son responsables los políticos?

R. En unas ocasiones la responsabilidad es de carácter ético, como el caso de Vicente Albero [ministro de Agricultura dimitido], que cree que debe marcharse sin que nadie se lo haya exigido y sin un gran escándalo. En otros casos, la responsabilidad proviene de desaciertos en la propia labor o en la ajena. Los políticos deben ser eficaces y también honestos, pero la honestidad no es la finalidad primordial del político. En el mundo financiero todo el mundo dice que Rubio ha sido un excelente gobernador del Banco de España. Quizá uno de los pecados de nuestros responsables políticos ha sido fijarse sólo en la eficacia de determinados cargos o personas para darles apoyos, incondicionales.

P. ¿Cree que la unificación de Justicia e Interior favorecerá la primacía constitucional de la libertad sobre la seguridad?

R. Como el ministro, es un juez, creo que él sabrá vigilar correctamente una y otra finalidad.

P. ¿Qué derechos fundamentales cree usted peor protegidos?

R. Por un lado, el acceso a la justicia, no por problemas de los jueces, sino por el deficiente asesoramiento jurídico y de todo tipo. En otros países hay sistemas más sofisticados de ayuda legal y asesoramiento al ciudadano. Por otro lado, es preocupante toda la problemática de los extranjeros y las minorías étnicas, sociales, culturales.... También hay que meter la Constitución en las cárceles y pensar si las penas son adecuadas o si deben buscarse medidas reeducativas.

P. El alto tribunal ha dado pasos hacia la equiparación de uniones de hecho y matrimonios. ¿No cree que el principio de igualdad exige también equiparar a las parejas homosexuales?.

R. Muchas parejas de hecho heterosexuales tienen hijos y ese ingrediente familiar hace más fácil la equiparación. El caso de las parejas homosexuales es más atípico. Obviamente, el derecho tiene que reconocer la existencia de realidades y conductas plurales, pero de forma paulatina. No podemos adelantar a otros países con más tradición democrática.

P. ¿La actual política económica está suficientemente orientada por los principios rectores que la Constitución consagra a lo largo de 14 artículos?

R. La Constitución refleja un contexto que en sus líneas básicas tiene plena actualidad, aunque ha cambiado algo, entre otras cosas los papeles respectivos del Estado y de la llamada sociedad civil. La constitución había previsto incluso una planificación económica, de la que ni siquiera se habla.

P. Alguna vez Anguita...

R. En cualquier caso, los objetivos siguen siendo válidos y, si acaso, pueden cambiar los métodos. Por ejemplo, para defender el objetivo de pleno empleo que la Constitución diseña. El equilibrio entre protección del trabajo y protección del empleo está cambiando, lo cual supone cambios también en la política económica. Igual ocurre con el sector público, que ha experimentado una quiebra, porque generalmente se adapta mal a los cambios en el terreno económico. Reducir empleo en el sector privado es fácil y lo es difícil en el público.. Es una cuestión ideológica, pero en parte también económica, porque se trata de lograr el bienestar por una vía u otra.

P. En la práctica, ¿funcionan los partidos según las exigencias de democracia interna que la Constitución impone?

R. Desde principio de siglo se habla de las oligarquías dentro de los partidos, pero yo creo que algo ha cambiado. Ha habido sucesión a Fraga sin traumas y sucesión en el partido comunista. En el socialista no ha habido sucesión, pero sí una redistribución interna del poder. Se cuestiona ya al líder. Hay mecanismos internos imperfectos, pero no puede decirse ya que un partido es una autocracia dirigida por un líder, sino que éste tiene que ganarse todos los días su liderazgo.

P. Los medios de comunicación social ¿son suficientemente transparentes y ejercitan el pluralismo político que les justifica?

R. Ese es un tema que ahora mismo no se puede tocar, porque está el asunto muy caliente, pero yo creo que hay que redimensionar el papel político de la prensa. No podemos volver al tardofranquismo de considerar a la prensa protagonista. Además hay que buscar una transparencia en todos los resortes económicos que hay detrás de los medios y reforzar el papel de los periodistas en las empresas periodísticas.

P. ¿Qué se puede hacer para dotar de legitimación democrática al llamado cuarto poder?

R. En este momento es muy difícil saber si alguien promueve una campana o no, pero no parece que los poderes económicos actúen con maquiavelismo dirigiendo la operación. Lo mejor es la transparencia, aunque en España el problema no es tan agudo como en otros países. El poder económico utiliza más vetos que imposiciones.