La petición de voto a los abstencionistas no atenta contra la Constitución, según los expertos
Todos los constitucionalistas de distintas tendencias consultados por este periódico coinciden en que la visita a los abstencionistas para pedirles el voto no atenta contra la Constitución. Consideran que en caso de que las visitas significaran una coacción para el elector podría producirse incluso un delito, pero no existiría vulneración de la Constitución, a diferencia de lo manifestado desde otros medios, que estiman inconstitucional la campaña programada por el PSOE. En el mismo sentido se pronunciaron representantes de partidos políticos y expertos jurídicos en materia electoral, para los...
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Todos los constitucionalistas de distintas tendencias consultados por este periódico coinciden en que la visita a los abstencionistas para pedirles el voto no atenta contra la Constitución. Consideran que en caso de que las visitas significaran una coacción para el elector podría producirse incluso un delito, pero no existiría vulneración de la Constitución, a diferencia de lo manifestado desde otros medios, que estiman inconstitucional la campaña programada por el PSOE. En el mismo sentido se pronunciaron representantes de partidos políticos y expertos jurídicos en materia electoral, para los que no existe ninguna norma legal que impida un los datos obtenidos de un proceso electoral.
Las propias exigencias legales; de la votación y el control de la misma por los integrantes de las mesas electorales y de los interventores de los partidos hacen que cada elector que acude a votar sea perfectamente controlado y que se conozca con exactitud a los ciudadanos que se han abstenido, según estas opiniones. El catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro centrista, Manuel Jiménez de Parga, declaró ayer a este diario que "el secreto del voto está protegido por la Constitución, pero no absolutamente, ya que en todos los procesos electorales suelen hacerse sondeos en los que se pregunta a los electores el sentido del voto y de ese modo se efectuan encuestas rápidas".Jiménez de Parga añadió que el sufragio secreto "se refiere más al contenido de la papeleta, que al hecho de que el ciudadano vote o se abstenga". En todo caso, este constitucionalista considera que "visitar a un abstencionista sería delictivo si mediara coacción o promesa, pero no inconstitucional".
Por su parte, el también catedrático de Derecho Constitucional y dirigente de Izquierda Unida Diego López Garrido señaló: "Yo no veo que sea una violación de la Constitución". Explicó que "si un partido publicara la lista de los que se han abstenido podría estar atentado contra el derecho a la intimidad garantizado en el artículo 18 de la Constitución", pero, dado que los partidos tienen las listas de los votantes y de quienes se abstuvieron, "visitarles no viola el derecho constitucional a la intimidad, al margen de la valoración política que pueda merecer tal campaña".
El secreto de la abstención
Otros juristas, vinculados a la Junta Electoral Central, por lo que rogaron que no se revelara su identidad, manifestaron que "abstenerse no es el ejercicio de ningún voto, por lo que ningún secreto se revela con las listas de abstencionistas, aparte de que promover el voto es constitucional, siempre que se respete la intimidad del sufragio, ya que los partidos son agentes importantes del sistema".El anuncio del partido socialista de que puede utilizar los nombres de los ciudadanos que se abstuvieron en las últimas elecciones generales para dirigirse a ellos y explicarles sus propuestas políticas ha despertado suspicacias en algunos sectores políticos y dudas sobre la legitimidad del uso de estos datos.
En opinión de un relevante jurista parlamentario, no hay vulneración alguna de la normativa electoral, ni de ninguna otra, porque un partido político utilice los datos a los que ha tenido acceso durante una votación. La anotación que hacen los apoderados o interventores, de las presencias y ausencias de los electores deja sin sentido, según la misma fuente, cualquier apelación al carácter secreto del ejercicio del derecho de voto. La privacidad se refiere al contenido de la papeleta depositada, que está garantizada por la ley, pero no al ejercicio del derecho de voto, que siempre queda registrado en un acta no sujeta a secreto.
Según la misma opinión, la decisión partidista de dirigirse a quienes se han abstenido en una votación electoral para exhortarles a votar no entraña ninguna desvirtuación de la democracia. "Incluso, cabría señalar lo contrario, ya que se está estimulando de ese modo a la participación democrática, lo cual es siempre un valor", añadió el mismo jurista.
Pablo Castellano, diputado de Izquierda Unida, afirmó, por su parte, que "el no ir a votar ya es un acto público, puesto que consta en las actas del censo que maneja la mesa que un ciudadano no ha querido ir a votar".
Un destacado dirigente del Partido Popular reconoció que la organización electoral del PP utilizó en las elecciones municipales y autonómicas de 1991 el listado de abstencionistas, informa Juan G. Ibáñez. En Madrid, los populares intensificaron su campaña en los barrios donde les constaba que había habido más abstención. Según uno de sus responsables, la campaña dio como resultado que el PP obtuviera tres concejales más de los previstos en el Ayuntamiento de la capital.
Listas en custodia
No obstante, Javier Arenas, vicesecretario de Acción Electoral del PP matizó ayer que "el PP no descarta solicitar la custodia por parte de la Junta Electoral de los listados de las votaciones si el hecho de que hoy lo tengan los partidos supone una presión sobre la libre opción a la abstención por parte de cualquier ciudadano".José Luis Núñez, en nombre de Izquierda Unida, entiende que las campañas puerta a puerta "gozan de larga tradición en la vida española".
En su opinión, donde "puede surgir la duda es en la utilización del censo individualizado, con la actitud de ciudadanos concretos que se sabe que no han votado, ya que cualquier persona tiene derecho a que se respete su decisión de emitir el voto o de abstenerse".
El secretario general del CDS, José Luis Gómez Calcerrada, se mostró de acuerdo en la utilización de los datos e indicó que su partido está recabando información sobre familias que sintonizan con los valores centristas para confeccionar una lista de 500.000 domicilios a los que enviar las propuestas del partido.