González exige al PSOE un compás de espera para alcanzar un acuerdo en el conflicto sobre el IRPF
El secretario general del PSOE, Felipe González, hizo ayer una llamada al orden en el conflicto que separa a los socialistas catalanes y extremeños por la prevista cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las comunidades autónomas. González manifestó, ante la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que este tema requiere "una cohesión de primera magnitud y "una mayor maduración" entre los socialistas antes de que vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la institución en cuyo seno debe resolverse, según señaló el jefe de Gobierno.
El debate sobre la posib...
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El secretario general del PSOE, Felipe González, hizo ayer una llamada al orden en el conflicto que separa a los socialistas catalanes y extremeños por la prevista cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las comunidades autónomas. González manifestó, ante la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que este tema requiere "una cohesión de primera magnitud y "una mayor maduración" entre los socialistas antes de que vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la institución en cuyo seno debe resolverse, según señaló el jefe de Gobierno.
El debate sobre la posibilidad de ceder el IRPF a las comunidades autónomas no tuvo una conclusión definitiva en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de ayer. González admitió, ante la Ejecutiva socialista, el principio de la corresponsabilidad fiscal -que defiende el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)-, pero exigió garantías para que una cesión del IRPF a las autonomías no provoque un desequilibrio interterritorial.Sin embargo, González hizo hincapié en la necesidad de acabar con el enfrentamiento por el peligro que supone un conflicto interterregional y dejó abierto el debate en el seno del PSOE para que "madure" y se consiga "una cohesión de primera magnitud" en "un tema de tanta delicadeza". Aclaró, a renglón seguido, que el escenario de su solución debe ser institucional, esto es, el órgano que reúne a los representantes de las autonomías, presidido por el Ministerio de Economía y Hacienda: el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La intervención de González estuvo precedida de un debate. Josep Sala defendió, en nombre del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -cuya ejecutiva se había reunido por la mañana-, el principio de la corresponsabilidad fiscal y destacó que había sido admitido en el Congreso del PSOE de noviembre de 1990 y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero.
Problema en juego
"El problema que está en juego no es el porcentaje, sea el 15% o el 10%, sino la filosofía. Lo que queremos es que la Comisión Ejecutiva del PSOE asuma el principio de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y se mantenga la variable del esfuerzo fiscal, acordada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero", había adelantado por la mañana Antoni Castells, de la Ejecutiva del PSC.
La extremeña Marisol Pérez puso, por el contrario, el acento en las posiciones del presidente de su comunidad, el también socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pérez llamó la atención sobre el riesgo de los desequilibrios territoriales.
Los presidentes de Andalucía y Castilla-La Mancha, Manuel Chaves y José Bono, respectivamente, mediaron en las posiciones. Reconocieron el principio de corresponsabilidad fiscal, pero solicitaron, a renglón seguido, garantías previas, como la nivelación de servicios, para evitar los desequilibrios con la aplicación de la medida.
Bono manifestó que "hay que conjugar modernidad con solidaridad y, sobre todo, evitar el enfrentamiento". A su juicio, deben conjugarse en un futuro modelo de financiación autonómica tres elementos: nivelación de servicios en todas las comunidades, criterio de solidaridad interterritorial y cesión en un porcentaje a discutir del IRPF. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, defendió tesis similares.
El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, hizo la síntesis del debate, justo después de intervenir Felipe González, que fijó las posiciones de la Ejecutiva socialista.
El Partido Popular (PP), también tomó postura ayer a favor de la cesión de un tramo del IRPF a las comunidades autónomas, "siempre que se respete una nivelación de los servicios". La posición fue adoptada, tras una reunión del vicesecretario general del partido, Mariano Rajoy, con los portavoces populares en el Congreso y Senado y con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares y Castilla y León. Rajoy manifestó: "Somos partidarios de que el ciudadano que paga los impuestos vea de forma más directa la gestión que se hace de ellos en su comunidad y, por ello, no vemos inconveniente en que se proceda a la cesión del IRPF siempre que se produzca una nivelación de los servicios mínimos en todo el territorio".
Críticas a Solchaga
Durante la reunión de la Ejecutiva del PSOE hubo también algunas críticas al equipo del Ministerio de Economía y Hacienda. Justo al finalizar la intervención de apertura de González, éste hizo una referencia a la dura crítica realizada el pasado fin de semana por las Juventudes Socialistas a la política económica del Gobierno y manifestó sentirse aludido por ella.
El secretario general de las Juventudes Socialistas, José María Crespo; presente en la reunión, mantuvo las tesis de su organización contra Carlos Solchaga. Admitió que "posiblemente no exista política económica alternativa", pero diferenció la actitud de Felipe González de la que mantiene el ministro de Economía, Carlos Solchaga. Carmen García Bloise se sumó a las críticas de la organización juvenil.
Crespo criticó el "catastrofismo" y "la ausencia de talante negociador" de Solchaga, de la que excusó a González. Éste insistió en la falta de una alternativa a la política de su Gobierno y se comprometió a esforzarse en luchar contra la recesión.
Los socialistas deciden congelar los salarios de sus cargos institucionales
La Comisión Ejecutiva del PSOE decidió ayer, por unanimidad, la congelación salarial para todos sus cargos institucionales, desde los ministros hasta los concejales y alcaldes, pasando por senadores, diputados, presidentes de Diputación y altos cargos, en general, sometidos a la disciplina del partido. Asimismo, decidió reanudar las conversaciones entre los partidos políticos para afrontar la lucha contra la corrupción.Ambas medidas fueron propuestas a la Comisión, Ejecutiva del PSOE por su secretario de Organización, Txiki Benegas, y contaron con el respaldo unánime de los dirigentes socialistas reunidos.
Benegas, tras apuntar que la Ley de Contratos de las Administraciones, aprobada en el Consejo de Ministros del viernes, "dificulta los intentos de corrupción" y garantiza "la máxima transparencia en la contratación administrativa", anunció la reanudación de las reuniones con los demás partidos para adoptar nuevas medidas contra la corrupción.
El secretario de Organización del PSOE señaló que se iban a seguir adoptando medidas para acabar con "el estado de sospecha permanente que, alentado desde algunos sectores, pretende sembrar dudas en la ciudadanía sobre la honorabilidad de los partidos y la honradez de los políticos".
Por su parte, Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, informó de su reunión con el secretario general de UGT, Nicolás Redondo. Guerra la calificó de "muy positiva", y la situó en un contexto de "normalización de las relaciones con los agentes sociales".