Ruiz-Mateos deberá cubrir una fianza de 300 millones para su libertad provisional

El juez de delitos monetarios, Luis Lerga, decretó ayer la libertad provisional de José María Ruiz-Mateos, bajo fianza de 300 millones de pesetas. El ex presidente de Rumasa se deberá presentar semanalmente ante el juzgado y no podrá viajar fuera de España. Los abogados del empresario jerezano han anunciado que recurrirán por considerar excesiva la cuantía de la fianza.El juez Lerga argumenta para conceder la libertad de Ruiz-Mateos que llevaba cierto tiempo en prisión preventiva (176 días de cómputo oficial, entre la RFA y España), que puede ser proporcional al marcado por la ley por los deli...

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El juez de delitos monetarios, Luis Lerga, decretó ayer la libertad provisional de José María Ruiz-Mateos, bajo fianza de 300 millones de pesetas. El ex presidente de Rumasa se deberá presentar semanalmente ante el juzgado y no podrá viajar fuera de España. Los abogados del empresario jerezano han anunciado que recurrirán por considerar excesiva la cuantía de la fianza.El juez Lerga argumenta para conceder la libertad de Ruiz-Mateos que llevaba cierto tiempo en prisión preventiva (176 días de cómputo oficial, entre la RFA y España), que puede ser proporcional al marcado por la ley por los delitos por los que se le puede juzgar en España; que la prisión atenuada bajo. el aspecto de arresto domiciliario suponía un abundante dispositivo de vigilancia permanente en el domicilio del financiero, en el que participaban 24 personas, y que el juez tiene que abandonar el juzgado por aplicación de la ley orgánica del Poder Judicial el 3 de marzo, por lo que quería dejar solucionado el problema, sin hacer dejación de sus responsabilidades.

El juez Lerga Señala que, teniendo en cuenta el buen comportamiento de Ruiz-Mateos, no parece procedente prolongar indefinidamente su prisión preventiva. A ello hay que añadir el elevado coste de la vigilancia que llevaba aparejado el arresto domiciliario

La cantidad de 300 millones como fianza ha sido fijada en atención a sus antecedentes dentro de procedimiento (ya huyó de España en una ocasión) y a su situación económica y social.

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