Txema Montero

El pasado día 3,48 horas después de que el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid considerase que no había motivo para rechazar la legalización e inscripción en el registro del partido Herri Batasuna, el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, a instancias del Gobierno, presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia. La mera presentación del recurso tiene efectos suspensivos, por lo que, de momento, Herri Batasuna, que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 157.000 votos, no tiene otra existencia legal que la derivada de su consideración como coalición electoral....

El pasado día 3,48 horas después de que el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid considerase que no había motivo para rechazar la legalización e inscripción en el registro del partido Herri Batasuna, el fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, a instancias del Gobierno, presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia. La mera presentación del recurso tiene efectos suspensivos, por lo que, de momento, Herri Batasuna, que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 157.000 votos, no tiene otra existencia legal que la derivada de su consideración como coalición electoral. El abogado Txema Montero, militante de base de Herri Batasuna, lleva 36 meses tratando de convencer a los jueces de lo fundado de reconocer la existencia legal de este colectivo.

A la sombra encuadernada del Aranzadi, en un despacho tan impóluto como su ocupante -tan distantes ambos de la imagen que podría tal vez esperarse-, Txema Montero, 30 años, casado y padre de dos niños que sonríen desde una fotografía apoyada en la estantería, luce, en lugar de la barba reglamentaria de los abogados laboralistas clásicos, corbata y gesto de ejecutivo. Nada de montaraz hay, en efecto, en este abogado forjado, como la mayoría de los miembros del actual Gobierno vasco, en el semillero de los jesuitas de Deusto, y cuyo rostro y ademanes tanto recuerdan a los de su antiguo profesor de Derecho Mercantil y actual vicepresidente vasco, Mario Fernández. Fue precisamente en la universidad de Deusto donde tomó contacto con la vida política, afiliándose, hace ahora 10 años, al sindicato estudiantil IASE, desde el que participó en la convergencia de varios colectivos abertzales que darían nacimiento al partido EHAS, uno de los antecedentes del actual Herri Batasuna. Pero nunca ocupó cargos de responsabilidad y aún hoy es un militante de base, afiliado a la junta de apoyo de Munguía, su pueblo.

Txema Montero se ha identificado profundamente con el objetivo de la legalización, y ello tanto por razones de interés de partido -mayor seguridad jurídica, posibilidad de acceder en su día al Parlamento Europeo-, como por motivos políticos generales: "Tal como están las cosas, la legalización de HB, que afirma claramente, que no acepta la Constitución, se ha convertido en un indicador muy importante de la auténtica relación de fuerzas dentro del actual sistema político español, entendiendo por tal el conjunto de poderes, legales o de hecho, que lo conforman".

En opinión de este abogado, que pese a su fascinación juvenil por "la brillantez literaria y agudeza intelectual" de Trotsky no se considera a sí mismo marxista, "la legalización de HB significaría el reconocimiento de la realidad del independentismo vasco". Por el contrario, la negativa a tal legalización "confirmaría el estancamiento de la reforma, cautiva de otros poderes". Según cual sea el resultado de "esta prueba de fuego", la coalición abertzale seguirá una línea, bien de denuncia -dentro y fuera del Estado- de la "miseria de la democracia española", bien de "concienciación política en tomo al objetivo del reconocimiento del derecho a la autodeterminación".

Según Montero, que ha participado en la defensa de numerosos miembros de ETA detenidos e intervenido en varias querellas contra miembros de las fuerzas de seguridad en relación a presuntos delitos de torturas, "en el debate constitucional se perdió una ocasión histórica de dar satisfacción, mediante la inclusión de una referencia a la autodeterminación en el texto sometido a referéndum, a no menos del 75% de las demandas del pueblo vasco". Tal reconocimiento hubiera supuesto "la única vía realista de articulación de las aspiraciones nacionales vascas con el ordenamiento legal español".