Los partidos de derecha y de izquierda estiman "intolerable" la retención de Enrique Curiel por antecedentes políticos

La retención durante 45 minutos del vicesecretario general del PCE, Enrique Curiel, el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, por antecedentes políticos, ha causado un gran malestar entre los políticos, quienes, tanto de la derecha como de la izquierda, han calificado, el hecho de "intolerable". Los portavoces de los principales partidos han expresado su convencimiento de que algún sector de la policía ha desobedecido la orden de destruir las fichas de las actividades políticas durante la época del general Franco, y han destacado que la preocupación es aún mayor por cuanto el ordenad...

La retención durante 45 minutos del vicesecretario general del PCE, Enrique Curiel, el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas, por antecedentes políticos, ha causado un gran malestar entre los políticos, quienes, tanto de la derecha como de la izquierda, han calificado, el hecho de "intolerable". Los portavoces de los principales partidos han expresado su convencimiento de que algún sector de la policía ha desobedecido la orden de destruir las fichas de las actividades políticas durante la época del general Franco, y han destacado que la preocupación es aún mayor por cuanto el ordenador que reveló el pasado político de Curiel ha sido programado años después de la ley de amnistía.

Los diputados comunistas presentarán hoy ante la Mesa del Congreso una pregunta al Gobierno, para que sea contestada en el Pleno de la Cámara, sobre cómo ha sido posible que en 1984, siete años después de la promulgación de la ley de amnistía para delitos políticos, haya ocurrido un incidente como el que sufrió Enrique Curiel cuando, a su regreso de Ginebra, un funcionario de la terminal internacional del aeropuerto de Madrid-Barajas le ordenó pasar a ver al comisario porque el ordenador detectaba antecedentes políticos. El PCE recurrirá también al defensor del Pueblo.El ministro del Interior, José Barrionuevo, declaró ayer que lamentaba las molestias causadas al vicesecretario, general comunista y que procuraría que no se repitiera. Barrionuevo se negó a seguir comentando el tema, y remitió a su intervención ante el Pleno del Congreso.

Todos los grupos políticos consideran el incidente "intolerable"; han adelantado que apoyarán la iniciativa de los parlamentarios del PCE, y han manifestado su convencimiento de que algún sector de la Policía ha desobedecido las leyes y las órdenes ministeriales que exigían la destrucción de las fichas penales y policiales por acciones cometidas durante la oposición al franquismo.

Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en la época que siguió a la promulgación de la ley de amnistía y uno de los ministros que redactaron la orden de eliminación de antecedentes políticos declaró ayer a EL PAIS que, efectivamente, todo se hizo según preveía la ley de amnistía de octubre de 1977, que establece la eliminación de antecedentes penales y notas desfavorables en los expedientes personales, es decir, los antecedentes policiales.

Martín Villa recordó que se originó una fuerte polémica cuando se dictó la orden ministerial para dar cumplimiento a la ley. "La derecha creyó que destruyendo esas fichas se interceptaría la lucha antiterrorista", dijo, "y la izquierda protestó también por entender que. la eliminación de antecedentes significaba la destrucción física de las fichas y se perdía una valiosa documentación histórica". "Lo que hicimos", agregó, "fue ordenar que se borrasen los antecedentes de todos los archivos, tanto penales como policiales, y remitimos los documentos a la dirección general de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Cultura.

Diputados en el ordenador

Rodolfo Martín Villa dijo también que cuando él abandonó el ministerio, en abril de 1979, aún no se habían programado los ordenadores, adquiridos poco antes en Alemania. Por tanto, la programación en la que apareció el nombre de Enrique Curiel ha tenido que hacerse necesariamente después de la ley de amnistía, lo que en opinión de los políticos consultados agrava aun más los hechos.El portavoz de la Minoría Catalana, Josep María Trias, señaló que resulta "intolerable que no se hayan destruido los antecedentes, porque en plena democracia la mayoría de los diputados estaremos en ese ordenador". Para Trias, que considera lo ocurrido como "una muestra más del caos organizativo del Ministerio del Interior", está claro "que algún sector policial ha desobedecido las leyes y las órdenes ministeriales".

El diputado socialista y presidente de la comisión de Justicia, Pablo Castellanos, dijo que es "absolutamente inconcebible el que se pueda seguir molestando a los ciudadanos" y que los servicios policiales "deberían mirar más a los delincuentes financieros de derechas que están paseándose tranquilamente por Europa, y menos a los políticos de izquierda".

José María Ruiz Gallardón, portavoz del Alianza Popular, se preguntó si, a la vista de los hechos, la ley de amnistía sirvió para algo, y lamentó que no se hayan destruido las fichas. Marcos Vizcaya, en nombre de la Minoría Vasca, y Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezquerra, dijeron que no les sorprendía el asunto, porque no tenían ninguna duda de que los antecedentes no han sido borrados. Ambos comentaron que en el País vasco incidentes como los de Curiel son frecuentes.