En febrero se perdieron un millón y medio de jornadas por huelga, según Almunia
A lo largo del mes de febrero se perdieron 1.500.000 jornadas de trabajo por huelgas, según declaró ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, lo que supone seis veces más que en el mismo mes de 1983. El ministro señaló, en el transcurso de un acto organizado por el Instituto de Analistas de Inversiones, que en la negociación colectiva hasta finales de febrero se han realizado convenios que afectan a 1.300.000 trabajadores, con un incremento medio salarial inferior al 8%. Para Almunia, el coste de esta conflictividad para los trabajadores es elevado.El titular del Ministe...
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A lo largo del mes de febrero se perdieron 1.500.000 jornadas de trabajo por huelgas, según declaró ayer el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, lo que supone seis veces más que en el mismo mes de 1983. El ministro señaló, en el transcurso de un acto organizado por el Instituto de Analistas de Inversiones, que en la negociación colectiva hasta finales de febrero se han realizado convenios que afectan a 1.300.000 trabajadores, con un incremento medio salarial inferior al 8%. Para Almunia, el coste de esta conflictividad para los trabajadores es elevado.El titular del Ministerio de Trabajo señaló que aún no hay un calendario para la ley de fondos de pensiones, aunque afirmó que su diseño estará listo hacia el próximo verano. Joaquín Almunia indicó que de lo que se trata es de instrumentar un sistema por el cual se regulen las pensiones actuales y se arbitre un sistema de protección complementaria. "El grado de cobertura oficial está limitado, por lo que hay que ir a un fondo de pensiones como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno". Para Almunia es necesario que existan beneficios fiscales para los recursos que se capten para los fondos de pensiones, ya que de otra forma se establecería una doble imposición fiscal.
El ministro de Trabajo justificó el crecimiento del paro en el mes de enero pasado por entrar la nueva normativa del empleó comunitario, lo que ha supuesto 30.000 parados más, al sustituir este empleo por subvenciones y por una mayor demanda de empleo por la finalización de los programas públicos.