El Gobierno Civil de Madrid dice que la manifestación policial puede perjudicar un plan anti-ETA
El Gobierno Civil de Madrid ha dirigido un informe a la Audiencia Territorial en el que le comunica que la anunciada manifestación policial para el próximo día 29 podría afectar a dos importantes planes de seguridad actualmente en marcha con carácter preventivo uno, antiatracos, y otro, anti-ETALa Audiencia Territorial fallará en las próximas horas un recurso presentado por los sindicatos policiales contra la prohibición de la huelga por parte del citado Gobierno Civil.
El recurso ha sido presentado por el abogado José María Mohed ano y se basa en una sentencia que en 1981 falló el Trib...
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El Gobierno Civil de Madrid ha dirigido un informe a la Audiencia Territorial en el que le comunica que la anunciada manifestación policial para el próximo día 29 podría afectar a dos importantes planes de seguridad actualmente en marcha con carácter preventivo uno, antiatracos, y otro, anti-ETALa Audiencia Territorial fallará en las próximas horas un recurso presentado por los sindicatos policiales contra la prohibición de la huelga por parte del citado Gobierno Civil.
El recurso ha sido presentado por el abogado José María Mohed ano y se basa en una sentencia que en 1981 falló el Tribunal Supremo a favor de la licitud de manifestaciones de funcionarios policiales.
Fuentes de la Dirección General de la Policía manifestaron que el plan anti-ETA consiste en una serie de medidas, puestas en marcha hace ya varias semanas, ante un posible atentado por parte de esta organización terrorista en Madrid.
El director general de la Policía, Rafael del Río, se reunió ayer en Madrid con todos los comisarios generales, jefes superiores y responsables policiales de toda España, a quienes les advirtió de la ilegalidad de la huelga del próximo día 29, en base al reglamento policial de 1977 que prohíbe expresamente la huelga para este colectivo, y les explicó una serie de medidas para frenar las intenciones de los probables huelguistas.
Algunas de estas medidas consisten en la elaboración de un parte diario sobre los funcionarios que secunden las medidas de presión y la posible separación del funcionario del servicio o suspensión de empleo y sueldo si se considera que la negligencia constituye abandono del puesto de trabajo. Estas decisiones han sido calificadas por los sindicatos de antidemocráticas y, provocativas.
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