Los disidentes expulsados se niegan a abandonar el PSA

Los disidentes del Partido Socialista de Andalucía (PSA) piensan permanecer en la organización y preparar una ofensiva política contra la actual dirección, a pesar de la depuración de sus principales dirigentes, acordada por la comisión permanente del partido. Tal ofensiva cristalizará en el tercer congreso ordinario, previsto para mayo de 1981, en la presentación de una alternativa inequívocamente de izquierda dentro del PSA.

Como se esperaba en todos los medios políticos andaluces (véase EL PAIS de 24 de diciembre), la permanente, órgano máximo del PSA entre congresos, decidió, despué...

Los disidentes del Partido Socialista de Andalucía (PSA) piensan permanecer en la organización y preparar una ofensiva política contra la actual dirección, a pesar de la depuración de sus principales dirigentes, acordada por la comisión permanente del partido. Tal ofensiva cristalizará en el tercer congreso ordinario, previsto para mayo de 1981, en la presentación de una alternativa inequívocamente de izquierda dentro del PSA.

Como se esperaba en todos los medios políticos andaluces (véase EL PAIS de 24 de diciembre), la permanente, órgano máximo del PSA entre congresos, decidió, después de casi cinco horas de debate, expulsar del partido a los siete militantes más caracterizados del sector «crítico» y a otros dos destacados disidentes y abrir expediente disciplinario a cinco afiliados de base de distintas provincias andaluzas.Para entender la gravedad de la crisis basta señalar que los siete líderes ahora expulsados -«separados definitivamente », según la nota oficial- eran hace dos semanas miembros del comité nacional y ocupaban cargos de relieve en el organigrama del PSA. Se trata del secretario de política autonómica y viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ladislao Lara; los secretarios de acción política, Pedro Ruiz Morcillo, y acción sindical, José Luis González Caballo, y los secretarios provinciales de Cádiz, Huelva, Granada y Sevilla.

Los siete encabezaron la candidatura que se enfrentó a la oficial de Rojas-Marcos en el congreso extraordinario celebrado el pasado 14 de diciembre, y que resultó derrotada, aunque con el 40% de los delegados a su favor. Los otros expulsados son Arturo González Arcas, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, que insólitamente. podrá seguir en el cargo, y el cordobés Antonio Delgado, ex miembro de la propia comisión permanente.

El acuerdo de la permanente, adoptado por dieciséis votos a favor, cinco en contra y una abstención, incluye una invitación para que abandonen el partido voluntariamente los militantes que no estén dispuestos a cumplir rigurosamente los estatutos -es decir, los seguidores -de la línea disidente- y una advertencia a todos los comités para que exijan la máxima disciplina a los afiliados.

Crisis ideológica

En un largo documento explicatorio de su decisión, la permanente recuerda las actividades fraccionalistas de los disidentes desde julio de 1980 y su ruptura de la disciplina del partido, agravada por su carácter de dirigentes, lo que revela «una grave irresponsabilidad política y una gran frivolidad». No obstante, lo más clarificador del documento acusatorio es el examen de la base teórica de toda esta actuación, que viene a reconocer el carácter ideológico y político de la crisis abierta en el partido.

Los disidentes son así acusados de «infantilismo izquierdista» y «verbalismos asamblearios absolutamente demagógicos» que, en caso de triunfar, llevarían al PSA a convertirse en un partido testimonial y extraparlamentario. También se les tacha de elevar el marxismo a la categoría de fe dogmática, colocando la lucha de clases y la dialéctica izquierda-derecha por encima de la dialéctica centralismo-nacionalismo, que aparece actualmente como la fundamental para la dirección del PSA.

Es evidente que este planteamiento contribuye a aclarar de forma decisiva el conflicto interno del PSA como un enfrentamiento entre dos concepciones radicalmente distintas de lo que tiene que ser un partido nacionalista y de izquiedas en las condiciones presentes en Andalucía, concepciones que afectan a los ejes ideológicos de la organización andalucista, su estrategia y su política de alianzas. Hay, por último, una insospechada alusión a la presunta existencia de conexiones entre los expulsados, los partidos de la izquierda tradicional y ciertos medios de comunicación sin concretar.

La reacción de los represaliados no ha sido, en ningún caso, de sorpresa. El principal encartado, Ladislao Lara, declaró a EL PAIS que «estas medidas vienen a institucionalizar el caudillaje de Rojas Marcos en el seno del PSA -y revelan que la comisión permanente es ya un juguete en sus manos y no representa a la base del partido».

«Nosotros no nos consideramos fuera del Partido Socialista de Andalucía, son ellos los que se han colocado en posturas que no corresponden a lo aprobado en los dos congresos», aseguró Lara, que consideró no razonadas ni probadas las acusaciones que se les hacen -«estosuena como en otros tiempos lo de la campaña judeomasónica internacional»- y subrayó que con estas expulsiones se vulneraban los estatutos, ya que no se había concedido a los interesados la posibilidad de ser oídos y defenderse.