El fiscal solicitó un total de 309 años de prisión para los seis implicados en el caso Scala

Hoy proseguirá ante la Sala Tercera de la Audiencia de Barcelona el juicio contra seis miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) acusados del incendio de la sala de fiestas Scala, de Barcelona. El hecho tuvo efecto el 15 de enero de, 1978 y costó la vida a cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del local. Ayer, la primera sesión del juicio duró cerca de cuatro horas. Fueron leídas las conclusiones provisionales del ministerio fiscal y de las defensas, interrogados los acusados y declaró el primero de los testigos de la defensa. Paralelamente, grupos anarcosindicali...

Hoy proseguirá ante la Sala Tercera de la Audiencia de Barcelona el juicio contra seis miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) acusados del incendio de la sala de fiestas Scala, de Barcelona. El hecho tuvo efecto el 15 de enero de, 1978 y costó la vida a cuatro trabajadores que se encontraban en el interior del local. Ayer, la primera sesión del juicio duró cerca de cuatro horas. Fueron leídas las conclusiones provisionales del ministerio fiscal y de las defensas, interrogados los acusados y declaró el primero de los testigos de la defensa. Paralelamente, grupos anarcosindicalistas originaron diversas alteraciones del orden, no lejos del Palacio de Justicia, alrededor del cual se habían tomado medidas de seguridad sin precedentes.

Los acusados son seis, para quienes se requieren penas de prisión que totalizan 309 años. Cuatro son varones y se encuentran encarcelados desde su detención, al día siguiente del incendio. Dos son chicas, compañeras de dos detenidos y se encuentran en libertad provisional.El acusado más relevante es José Cuevas Casado, mecánico, de veintinueve años de edad, a quien se piden penas de prisión por un total de ochenta años. Junto a él aparecen como acusados Francisco Javier Caladas Gascón, de veintitrés años, para quien se requiere la misma pena. También ochenta años son los solicitados para Arturo Palma Segura, de veintiún años, ayudante electricista. A Luis Muñoz García, de veinte años, el fiscal le requiere penas que alcanzan los 39 años. Para María Rosa López Jiménez, dependienta, de veintitrés años, compañera de Cuevas, la petición fiscal es de diecinueve años. A María Pilar Alvarez Alvarez, maquinista de confección, de veintidós años, se le requieren once años de prisión.

El gran ausente del juicio es el procesado en rebeldía Joaquín Gambín Hernández, de cincuenta años, sobre quien la defensa afirmó repetidamente en la sesión de ayer que podría tratarse de un delincuente común que habría actuado como provocador. «La figura de Gambín», afirma un escrito de la defensa, «se sitúa muy cerca de, o al servicio de la policía». El nombre de este procesado en rebeldía -que según los abogados defensores vive tranquilamente en Murcia- fue citado en la sesión de ayer nada menos que 88 veces, según pudo contabilizar este diario.

La ausencia de Gambín

Con la ausencia de Gambín siempre existirá la posibilidad de formular preguntas de difícil respuesta respecto al juicio en curso. Otro gran punto de duda consiste en las manifestaciones coincidentes de los acusados respecto a los presuntos malos tratos o torturas de que podrían haber sido objeto. Sobre ellos recaen acusaciones muy graves. Un punto clave consiste en el hecho de que en todos los casos, menos en uno, sus declaraciones ante la policía fueron ratificadas ante el juez de instrucción. La defensa y los acusados afirmaron que lo hicieron por haber sido amenazados por la policía, por temer su excarcelación y por tener escasa conciencia de hallarse ante un juez. Se da el caso de que dos de los acusados introdujeron ante el juez modificaciones en sus declaraciones policiales, pero en cambio se ratificaron en su participación en el incendio de la Scala. Ello constituye un auténtico punto débil de la defensa y permite intuir unas fuertes posibilidades de que los acusados sean condenados.

Tres de los acusados reconocieron haber fabricado, a instancias, de Gambín, los cócteles molotov que posteriormente podrían haber servido para incendiar la sala de fiestas. Reconocieron que los llevaron a la manifestación convocada en la mañana misma del día de autos -15 de enero de 1978- por CNT en contra de los pactos de la Moncloa. Dijeron que su fin era usarlos para «defenderse de la policía antidisturbios (que no llegó a actuar) y de las bandas fascistas (que tampoco lo hicieron)». La defensa argumenta que fue después de la manifestación cuando Gambín se fue con los cócteles y que horas más tarde éste desapareció para siempre, después de que, junto con algunos de los acusados, tuviese conocimiento por televisión del luctuoso balance del incendio.

Consideración específica merece el caso del acusado Luis Muñoz -que tenía sólo diecisiete años en 1978-, quien no se ratificó ante el juez, de sus declaraciones policiales ni tampoco participó en la fabricación de los cócteles molotov. Hace dos semanas, el fiscal actuante ayer había solicitado infructuosamente de la sala que este acusado fuese puesto en libertad provisional.

Respecto a las intervenciones del fiscal, destacó ayer la brevedad de su interrogatorio de las dos muchachas (un minuto y medio en cada caso). Ello permite intuir la posibilidad de que el fiscal rebaje su petición penal respecto a ambas, cuya implicación en los hechos quedó muy soslayada en todos los interrogatorios que llevó a cabo ayer el fiscal.

Hace dos semanas se dio la sorprendente circunstancia de que la sala tercera solicitó infructuosamente la sustitución del fiscal Alejandro del Toro, actuante ayer. Este fiscal, de convicciones liberales y profesor universitario desde hace muchos años, ha tenido en los pocos días en que el caso está en sus manos una actitud muy beligerante respecto a los graves interrogantes que se ciernen sobre el papel de Joaquín Gambín. En concreto, solicitó una serie de comprobaciones que fueron muy bien acogidas por la defensa, pero que por el momento no han arrojado mayor luz sobre el actual paradero del procesado en rebeldía, Gambín.

La única testigo que declaró ayer fue María Teresa Cebrés Olivares, de veinte años, quien permaneció dos años en la cárcel implicada en el caso, hasta que el propio ministerio fiscal solicitó el libre sobreseimiento de todos los cargos. La testigo manifestó, como también habían hecho los acusados, que había sido torturada durante muchas horas en las dependencias policiales, y que por miedo se había ratificado ante el juez en sus declaraciones hechas a la policía anteriormente.