El PNV amenaza con una campaña de desobediencia cívica en Euskadi
El PNV lanzará una campaña de «desobediencia cívica» si el Estatuto de Autonomía, que será ratificado hoy por la Asamblea de Parlamentarios vascos, sufre recortes sustanciales a su paso por la Cortes. Así lo anunció el sábado, en un acto electoral, Iñaki Olasagasti, miembro del Euskadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del partido.
«No estamos dispuestos -dijo Olasagasti en el acto de presentación de la candidatura nacionalista por el municipio vizcaíno de Lemona- a rebajar una coma del proyecto de Estatuto.» «Esperamos -añadió- que Madrid no nos obligue a lanzar una campaña de desobed...
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El PNV lanzará una campaña de «desobediencia cívica» si el Estatuto de Autonomía, que será ratificado hoy por la Asamblea de Parlamentarios vascos, sufre recortes sustanciales a su paso por la Cortes. Así lo anunció el sábado, en un acto electoral, Iñaki Olasagasti, miembro del Euskadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del partido.
«No estamos dispuestos -dijo Olasagasti en el acto de presentación de la candidatura nacionalista por el municipio vizcaíno de Lemona- a rebajar una coma del proyecto de Estatuto.» «Esperamos -añadió- que Madrid no nos obligue a lanzar una campaña de desobediencia cívica.» Dicha campaña se concretaría en el boicot sistemático a la actividad de la Administración central en el País Vasco, incluyendo la negativa a pagar impuestos.Por otra parte, se reúne hoy en Bilbao la Asamblea de Parlamentarios vascos, convocada por el pleno del CGV a instancias del PNV y con el fin de ratificar el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Con esta iniciativa el PNV intenta evitar, según declaraciones recientes del representante nacionalista en la Diputación Permanente de las Cortes, Marcos Vizcaya, «todo intento por parte del Gobierno de atrasar la tramitación del Estatuto en base a que ha variado la composición del órgano que lo redactó». Se espera que en la sesión de hoy, a la que hasta última hora no se sabrá si asistirán o no los nuevos siete parlamentarios vascos de UCD, se conozca la respuesta del presidente Suárez a la petición de audiencia presentada la semana pasada por la comisión política del organismo preautonómico.
El CGV, que recientemente renunció a un paquete de transferencias por considerar que no correspondía a los acuerdos previamente establecidos en la Comisión Mixta, solicitó entrevistarse con el presidente del Gobierno para resolver la situación creada por dicha renuncia. La comisión política del organismo vasco planteará también a Suárez la posibilidad de modificar determinados artículos del decreto de preautonomía vasca aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de diciembre de 1977. Cuando se redactó dicho real decreto se pensaba en la relativa inminencia de unas elecciones municipales que tendrían lugar, en todo caso, antes que unas eventuales elecciones legislativas. El decreto prevé, por ello, que la composición del CGV se modificará parcialmente tras las elecciones locales, pero nada dice respecto a las variaciones que, tras las elecciones legislativas, podrían producirse en la composición de la Asamblea de Parlamentarios vascos.
Otro punto que el CGV desearía ver modificado, y que será probablemente evocado en el contacto con el presidente del Gobierno, es el que establece que los miembros del Consejo General elegidos por la Asamblea de Parlamentarios tengan que tener ellos mismos la condición de parlamentarios. La importancia de esta modificación reside en que abre la posibilidad de que la presidencia del organismo recaiga en el actual presidente del Gobierno vasco en el exilio, Jesús María de Leizaola. En los círculos políticos vascos se da estos días por seguro que en la negociación en torno al Estatuto el Gobierno volverá a plantear al PNV la disolución de la citada institución, último residuo de legalidad republicana.
No a la Subcomisión del Medio Ambiente
El Consejo General Vasco ha renunciado a participar en la ponencia asesora de la Subcomisión Provincial del Medio Ambiente, surgida al amparo del decreto sobre saneamiento atmosférico del área del Gran Bilbao, aprobado por el Consejo de Ministros.La decisión adoptada por el CGV debe interpretarse, según fuentes próximas al organismo preautonómico, como una protesta por su exclusión de los órganos decisorios responsables de la aplicación del plan de saneamiento y como una forma de presión para urgir a la Administración central el traspaso de las competencias relativas al control de la contaminación del medio ambiente.