Hoy puede faltar el pan en toda España
Hoy no se venderá pan en toda España si los industriales panaderos cumplen el acuerdo adoptado por la Asociación Nacional de Fabricantes y Expendedores de Pan de suspender la fabricación de pan en todas las provincias españolas. Ante este acuerdo, el Gobierno Civil de Madrid ha decidido imponer mañana las multas máximas a los industriales que no produzcan e intervenir en la producción y fabricación de pan. La Asociación Nacional de Fabricantes y Expendedores de Pan hizo pública esta madrugada una nota explicando las motivaciones y razones de su acuerdo. La nota dice textualmente:
«Ante ...
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Hoy no se venderá pan en toda España si los industriales panaderos cumplen el acuerdo adoptado por la Asociación Nacional de Fabricantes y Expendedores de Pan de suspender la fabricación de pan en todas las provincias españolas. Ante este acuerdo, el Gobierno Civil de Madrid ha decidido imponer mañana las multas máximas a los industriales que no produzcan e intervenir en la producción y fabricación de pan. La Asociación Nacional de Fabricantes y Expendedores de Pan hizo pública esta madrugada una nota explicando las motivaciones y razones de su acuerdo. La nota dice textualmente:
«Ante la actitud de persistente intransigencia adoptada por el gobernador civil de Madrid para negociar un nuevo precio para el pan, llegando hasta el extremo de proceder a la detención de los máximos dirigentes de la industria panificadora madrileña, la asamblea general de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Madrid ha acordado, a primera hora de esta noche, hacer entrega de las industrias a la Administración, en tanto no sean puestos en libertad su presidente Pedro Carrasco Carrero, los vicepresidentes, Toribio del Río y Blas Bargueño, así como otros vocales e industriales de la panadería.»Esta actitud ha sido secundada por la Asociación Nacional de Fabricantes y Expendedores de Pan, acordando la suspensión de la fabricación en todas las provincias españolas.
La industria panificadora madrileña solicitó de la comisión provincial de precios la revisión de los precios del pan, ante los incrementos experimentados por los costes de fabricación, entre los que destacan el 28% de aumento salarial y 4,50 pesetas el kilo de la harina, sobrecostos que hacen absolutamente negativa la rentabilidad de la industria.
Este hecho, que se registraba por igual en el resto de las provincias españolas, forzó a la junta directiva de la asociación nacional a celebrar una reunión el pasado día 27 de julio para estudiar la profundidad del perjuicio que ocasionaban al sector los referidos sobrecostos y la urgente necesidad de que se dictaran nuevos precios para el pan. Los reunidos acordaron conceder un plazo de quince días para que la Administración respondiera a su demanda de nuevos precios para el pan.
El día 10 de agosto, sin respuesta de la Administración, la junta directiva de la Asociación Nacional, ante la crítica situación en que la ponía la Administración, y renunciando a la posibilidad de dejar a la población sin suministro de pan, acordó rebajar el peso de este producto en un 30% en todos sus formatos, lo que permitía mantener la fabricación corrigiendo el tremendo perjuicio que los sobrecostos le suponían.
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El pan puede subir de precio esta semana
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Estas decisiones fueron comunicadas a la Junta Provincial de Precios y a las autoridades del Ministerio de Comercio y Turismo, y difundidas ampliamente por todos los medios de comunicación social. Ante el persistente silencio de la Administración (roto únicamente por una reunión de carácter informal mantenida por el subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo. Carlos Bustelo, quien estaba acompañado por el director general de Comercio Interior, Félix Pareja, con el presidente de la Asociación Nacional de la Panadería y de la que no se pudieron obtener resultados concretos sobre el problema planteado), la industria panificadora nacional decidió ejecutar su acuerdo el día 14 de agosto, actitud que persistió el día 15. En la madrugada del día 16, representantes de la fuerza pública procedieron a la detención en sus domicilios de Pedro Castro Carrero, Toribio del Río, Blas Vargueño y otros cuatro industriales más, haciéndose pública simultáneamente la imposición de sanciones máximas contra los miembros de la junta directiva de la Asociación Provincial de Madrid por parte del gobernador civil, así como la imposición de una multa de dos millones de pesetas en la persona del presidente de la asociación provincial por parte del ministro del Interior.
Estas decisiones provocaron la reacción de los industriales panaderos de la provincia de Madrid, quienes se congregaron en su domicilio social, en la calle de Palma, 10, de donde fueron desalojados pacíficamente por agentes de la policía. Posteriormente, otro intento de reunión en la sede de la Confederación Provincial de Empresarios de Madrid fue abortado por la fuerza pública, disolviéndose los reunidos pacíficamente.
La industria panificadora madrileña, en la persona de sus asesores jurídicos, solicitó audiencia del gobernador civil, quien los recibió ayer, a las catorce horas. Después de unos breves minutos de conversación, el gobernador civil les comunicó su decisión de tratar directamente con los miembros de la junta directiva de la asociación provincial; entrevista que pudo celebrarse a las veinte horas, después de que los representantes de los industriales panaderos celebraran una asamblea, en la que acordaron solicitar la puesta en libertad de los detenidos, circunstancia que, en el caso de producirse, provocaría automáticamente el restablecimiento de la normalidad en la fabricación de los tipos y formatos de pan en toda España.
La intransigencia del gobernador civil de Madrid en negociar una solución conciliadora ha llevado a la industria panificadora de Madrid a tomar la grave decisión de poner a disposición de la autoridad gubernativa sus industrias, lo que ha provocado la solidaridad de todas las provincias de España de seguir la misma actitud.
La industria panificadora madrileña deplora que el desarrollo de los acontecimientos haya desembocado en esta solución, permanentemente rechazada por ella y a la que se ha visto forzada por causas que sólo a la responsabilidad de la primera autoridad madrileña compete.
La industria panificadora madrileña hace público su pesar al verse forzada a tomar estas decisiones, con grave trastorno para los consumidores. Informa, asimismo, que por parte del Gobierno Civil se ha recibido esta mañana una comunicación en la Asociación Provincial, con fecha de 16 de agosto, por la que se convoca a Pedro Castro Carrero y a Toribio del Río, así como a otros dos representantes de la panadería, para que hoy, a las once de la mañana, asistan a la reunión de la Comisión Provincial de Precios para tratar el tema del pan, circunstancia que revela claramente cuál es la política llevada a cabo por esta autoridad en un asunto de tan trascendental importancia. Asimismo, hace público que se desconocen las razones que han provocado la detención de los dirigentes de la panadería, sin que hasta el momento haya habido comunicación oficial sobre las causas de esta detención y la que provocó las anunciadas multas.
La industria panificadora madrileña reitera, una vez más, su firme voluntad de hallar soluciones inmediatas al problema planteado y que, básicamente, se ha debido a una evidente falta de voluntad de diálogo por parte de la Administración.»
Pese a esta nota, los más de doscientos empresarios que permanecen en asamblea permanente en los locales de la Organización Sindical de la avenida de América se mantuvieron en su postura inicial.
En cuanto a las razones que motivaron el conflicto, el aumento del precio del pan pedido por los empresarios, el subsecretario de Comercio Interior declaró que el precio del pan podría subir esta semana. Esta medida solucionaría el conflicto, ya que la decisión de reducir el kilo de pan a setecientos gramos fue tomada como actitud de fuerza por parte de los empresarios ante la Administración.
La solución proyectada por el subsecretario de Comercio Interior podría provocar, a su vez, otros conflictos, ya que la posibilidad de la subida del pan ha sido rechazada tanto por todo el movimiento ciudadano como por las centrales sindicales, quienes piden como salida a este conflicto una reestructuración racional del sector.
El Gobierno Civil de Madrid, hizo pública una nota en relación con este tema a las doce del mediodía de ayer, en la que comunicaba la detención de los señores Castro y Del Rio, presidente y vicepresidente de la Asociación, así como de los fabricantes señores Vara y Bargueño, «por grave transgresión y anormalidades en el abastecimiento y en materia de orden público». Los detenidos se encuentran en la Dirección General de Seguridad en espera de pasar a disposición judicial. «El Gobierno Civil. continúa la nota, pone en conocimiento de los consumidores de la provincia que al adquirir el pan deben pagar exclusivamente el precio correspondiente al peso que se adquiere, según baremos establecidos en su día y que a continuación se detallan: pan flama: 125 gramos, cinco pesetas; 250 gramos, diez pesetas; 325 gramos, quince pesetas; 750 gramos, veintisiete pesetas y un kilogramo, 36 pesetas. En ningún caso están obligados a incluirse en el fraude que unilateralmente han pretendido los directivos de la Asociación, por lo que deben negarse a pagar más de lo legalmente establecido.»
Juan José Rosón, gobernador civil de la provincia, mantuvo ayer una reunión con el capitán general en funciones, gobernador militar de Madrid, para estudiar y elaborar las medidas precisas, caso de que fuera necesaria una intervención en el sector que garantizara el normal abastecimiento a la población madrileña. La nota del Gobierno Civil indica finalmente que «si bien se había abierto un proceso de negociaciones sobre los precios del pan, el mismo fue roto por los empresarios panaderos que no llegaron a aportar ninguna documentación para el estudio de las nuevas necesidades».
Pedro Castro, perplejo
«La sanción impuesta por el Gobierno Civil y el Ministerio del Interior me parece absolutamente injusta», declaró Pedro Castro, presidente de la APFEP, que se enteró de la sanción por RTVE.
En la sede de la APFEP, en la calle de la Palma, se concentraron ayer, a partir de las once de la mañana, numerosos industriales y empresarios panaderos que, posteriormente, fueron desaloja dos pacíficamente por la Fuerza Pública. Durante la reunión, a puerta cerrada, se discutieron las posibles consecuencias de la actuación gubernativa, como respuesta a la decisión de los panaderos. «Si a las seis de la tarde seguimos sin representantes, no tendremos más remedio que nombrar una junta que sustituya a los detenidos. Sólo queremos dialogar con la Administración para hacer frente al problema y descartamos de manera absoluta una postura de huelga.»
El temor existente a primeras horas de la mañana de ayer sobre la posibilidad de huelga en el sector panadero, quedó descartada en principio con estas declaraciones del portavoz de los empresarios. Casi simultáneamente el Gobierno Civil difundía un comunicado en el que informaba que, pasara lo que pasara, el suministro de pan estaba garantizado.
Posible subida de precios esta semana
El subsecretario de mercado interior, señor Hidalgo Quintana, declaró a Radio Nacional en el Diario hablado de las 14.30 horas, que «en esta semana el precio del pan habrá de experimentar un incremento justo como consecuencia de algunos aumentos de coste que ha experimentado la industria panadera». Añadió que posiblemente a partir de hoy empiecen a salir los nuevos precios de las provincias con un aumento justo «que es el que siempre hemos prometido al sector panadero, teniendo en cuenta, lógicamente, al consumidor. La rebaja del peso ha sido para mí una sorpresa dado que se mantenían unas conversaciones en las que creíamos que se iba a llegar a un acuerdo justo. Creo que la actuación de los panaderos ha sido una posición de fuerza ante la Administración».
Desde las dos de la tarde de ayer, se reunieron en el despacho de Juan José Rosón miembros del sector panadero para discutir una posible solución al tema. Como ya se dijo en la nota difundida por el Gobierno Civil el pasado lunes, el precio del pan y su posible aumento es una cuestión que no compete a este organismo ya que se coordina desde la Administración Central a nivel nacional, si bien la transgresión de las normas establecidas, la incidencia del fraude en materia de orden público y la canalización de las denuncias presentadas por los consumidores sí son materia del Gobierno Civil. Los empresarios, a través de un portavoz de la Asociación, reconocieron ayer que en el momento de tomar la medida de reducir el peso del pan eran conscientes de su ilegalidad, «pero no teníamos otra solución ya que mantener el peso reglamentariamente suponía una pérdida de entre dos y tres pesetas por kilogramo.