La derecha desfila por la "ventanilla" de Gobernación
La publicación de una lista de 19 partidos políticos legalizados o en trámite de legalización, por parte del Ministerio de la Gobernación, ofrece una nueva impresión desalentadora.
No hay tal, sin embargo. Siete de esos partidos son los mismos que ya funcionaban con el anterior estatuto, aunque algunos de ellos hayan cambiado de nombre, y solamente tres deben considerarse como nuevos. Partido Popular (PP), Unión Catalana (UC) y Partido Socialista Democrático Español (PSDE). De estos tres, el primero ya no es reconocido por algunos de sus padres; así nos lo ha indica...
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La publicación de una lista de 19 partidos políticos legalizados o en trámite de legalización, por parte del Ministerio de la Gobernación, ofrece una nueva impresión desalentadora.
No hay tal, sin embargo. Siete de esos partidos son los mismos que ya funcionaban con el anterior estatuto, aunque algunos de ellos hayan cambiado de nombre, y solamente tres deben considerarse como nuevos. Partido Popular (PP), Unión Catalana (UC) y Partido Socialista Democrático Español (PSDE). De estos tres, el primero ya no es reconocido por algunos de sus padres; así nos lo ha indicado el señor Álvarez de Miranda, uno de los dirigentes que participaron en su creación, para quien esta autorización otorgada por el Consejo de Ministros se trata de una resolución administrativa, por la que ya no se considera afectado el sector democristiano que participó en aquel proyecto.
Los únicos datos significativos de esa lista de partidos -junto con la homologación, por la nueva ley, de varias asociaciones acogidas a la antigua normativa- lo constituyen la legalización del PSDE, que dirige el señor García López, y la notificación de que entre las peticiones en trámite se encuentra la presentada por Miguel Peydró Caro y Manuel Murillo Carrasco, para la legalización del PSOE. Esta petición, emanada del sector histórico, tropezaba con el inconveniente de que dos personas de nacionalidad mexicana figuraban entre los peticionarios.
Otro dato con importancia política es la concesión del discutido nombre de FE de las JONS al grupo del señor Fernández Cuesta —que ha llenado de «alegría y emoción» a la junta directiva del partido—, rechazando las otras tres solicitudes existentes, entre ellas la de los combativos hedillistas. Por su parte, la solicitud de Fuerza Nueva se encuentra en estudio; y recientemente ha sido presentada la de una Confederación de Partidos Conservadores que, en definitiva, se trata de un grupo surgido de una escisión de UNE.
La última solicitud entregada hasta ahora es la de Reforma Democrática —ayer por la mañana—, con el señor Fraga Iribarne como primer firmante. Dentro de unos días hará lo propio UDE, que tiene entre sus dirigentes al señor Silva Muñoz. De este modo, cuatro de los participantes en la gran alianza de la derecha —UDPE, UNE, UDE y Reforma Democrática— habrán optado por el camino de legalizarse rápidamente, y de forma independiente, lo que indica que la alianza se orienta, en efecto, hacia una confederación, y no a la unificación de fuerzas en un solo partido.
Por su parte, la oposición continúa sin pasar por la ventanilla. En el complicado panorama político actual, el tema de la legalización no es prioritario. Con una mayor clarificación de la situación actual, hacia un referéndum o unas elecciones, podríamos asistir a un replanteamiento de algunas posturas, pero no hay decisión alguna al respecto.
En relación con el tema de la tolerancia y la negativa a legalizarse de numerosas fuerzas, fuentes próximas al Ministerio de la Gobernación han ofrecido a Logos la siguiente interpretación: «En este momento hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta: existe un ilícito penal, ya que la ley de Asociación Política excluye a los partidos totalitarios, como el PC, y existe asimismo un ilícito administrativo, en el que estarían insertos todos los demás partidos de la oposición, como socialistas, liberales y democratacristianos.» Y añaden que «sobre estos últimos posiblemente se prolongará la fase de tolerancia. » El criterio oficial continúa siendo, por consiguiente, claramente, diferenciador, según el partido de que se trate.