El Estado de las ‘teleautonomías’

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla siempre renegó de la posibilidad de lanzar un canal autonómico. Argumentaba que prefería destinar el dinero a la sanidad o la educación, dando a entender que la televisión no puede ser servicio público de apoyo a la sanidad o la educación. Su ecuación caló en los Gobiernos regionales y algunos la aprovecharon para jibarizar, e incluso suprimir de un plumazo, la televisión autonómica. A Alberto Fabra no le tembló la mano para cerrar Canal 9 y ahora que se aproximan las elecciones municipales y autonómicas, algunos dirigentes del PP valenciano añ...

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla siempre renegó de la posibilidad de lanzar un canal autonómico. Argumentaba que prefería destinar el dinero a la sanidad o la educación, dando a entender que la televisión no puede ser servicio público de apoyo a la sanidad o la educación. Su ecuación caló en los Gobiernos regionales y algunos la aprovecharon para jibarizar, e incluso suprimir de un plumazo, la televisión autonómica. A Alberto Fabra no le tembló la mano para cerrar Canal 9 y ahora que se aproximan las elecciones municipales y autonómicas, algunos dirigentes del PP valenciano añoran “una pantalla amiga”.

Canal 9, al igual que Telemadrid —reducida a la mínima expresión tras un ERE que afectó a dos tercios de la plantilla—, TV3 en Cataluña o Canal Sur crecieron de manera desmesurada. Acumularon deudas colosales (en el caso de la valenciana, el agujero superó los 1.200 millones de euros) y en ocasiones hundieron su prestigio bajo un manto de acusaciones de manipulación informativa. Y fue esa pésima gestión la que fundió su pantalla a negro. Desde su nacimiento, las autonómicas heredaron los vicios de la peor televisión estatal: servilismo político, sectarismo informativo, enchufismo, tráfico de influencias, gastos desmesurados. Aunque también mostraban una cara positiva: promovían las lenguas cooficiales, contribuían a la vertebración social y cultural y ofrecían contenidos de proximidad.

Muchos teóricos defienden la existencia de estas cadenas en las comunidades con lengua propia. La investigadora de la Universidad de Sevilla María Lamuedra mantiene que el modelo territorial español, con 17 comunidades autónomas (y sus Parlamentos), hace necesario que los poderes públicos aseguren la existencia de una televisión capaz de ofrecer a los ciudadanos información suficiente para elegir a sus representantes políticos y también para fiscalizar su trabajo.

Esta complejidad de identidades regionales ha sido, precisamente, un fértil caldo de cultivo para los medios audiovisuales. A su amparo han crecido 13 entes regionales. Cantabria, La Rioja y Navarra han renunciado a tener un medio público y Castilla-León entregó la gestión a la iniciativa privada. Pero no todas las corporaciones son iguales. La catalana cuenta con cinco señales diferentes y la andaluza ha unificado la parrilla de las dos cadenas de Canal Sur para ahorrar. Y en los últimos años, todas las compañías se han apretado el cinturón: han cerrado canales, se han desprendido de los millonarios derechos deportivos y han recortado plantillas. Y aunque la ley permite privatizar la televisión, solo Murcia ha dado el paso al frente. Hace un mes adjudicó a la productora Secuoya el concurso para la gestión integral de 7RM (programas, informativos, comercialización publicitaria) por tres años, prorrogable a otros tres, por un total de 72 millones de euros. El resto de las empresas licitadoras han impugnado la adjudicación por “sospechas de irregularidades” y “arbitrariedades en las puntuaciones subjetivas”. Hacienda ha paralizado el proceso hasta que se resuelvan las reclamaciones.

Con presupuestos menguantes y plantillas diezmadas, los 13 canales agrupados en la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) pierden cada vez más audiencia. En 2014, alcanzaron una cuota de pantalla del 8 %, un porcentaje muy alejado del 13,6 % que conquistaron en 2009. Y sus ingresos publicitarios han descendido de una manera preocupante. Solo la generosa subvención pública (alrededor de 500 millones) les garantiza su supervivencia.

Aunque la ley permite privatizar la televisión, solo Murcia ha dado el paso

¿Es un modelo viable? A las televisiones públicas no solo hay que pedirles que sean rentables económicamente; también deben serlo socialmente. Aunque también sería necesario que soltaran el lastre de la politización, el sectarismo político y el amiguismo en la contratación de productoras. Una cadena generalista austera puede cumplir una función de servicio público, como dice el profesor de la Universidad Complutense Rafael Díaz Arias, para quien los entes de radio y televisión han sido un elemento importante para el desarrollo del Estado de las autonomías.

La cuestión es si este es el mejor modelo o si hubiera sido más acertado apostar por un sistema similar al alemán, donde la ARD (integrada y financiada por las filiales territoriales, los canales de los länder) opera como si fuera una especie de potente FORTA nacional. Sindicar programas en una cadena estatal es una de las fórmulas que han propuesto los expertos, aunque a la hora de la verdad se ha visto que la única argamasa capaz de unir a las autonómicas es el fútbol.