¿Cómo dice que dijo?

En pocas semanas, el Gobierno de José Antonio Kast ha atravesado dos episodios que comparten un mismo patrón de fondo. Primero, la suspensión parcial del Mepco, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que avanzó con una lógica predominantemente técnica y fue sostenida públicamente por el ministro Jorge Quiroz cuando ya enfrentaba cuestionamientos. Luego, el oficio del ministerio de Hacienda que instruía a los ministerios a “descontinuar” 142 programas sociales, y que posteriormente fue matizado por el propio organismo, señalando que solo se trataba de sugerencias para evaluación. En ambos casos la secuencia fue la misma: decisiones técnicas que no ponderaron sus efectos políticos, seguidas de ajustes comunicacionales una vez instalada la controversia.

Pero en ninguno de los casos el problema fue comunicacional. Llamarlo así desplaza la atención desde las decisiones y su justificación a algo así como su empaquetado. La excusa comunicacional se vuelve aún más débil si consideramos que varias personas revisaron esas decisiones antes de que salieran. Lo que parece haber fallado es el filtro político. Es un desafío recurrente en la derecha, que ya se manifestó en las Administraciones de Sebastián Piñera: la idea de que es posible ahorrarse la explicación o que las explicaciones técnicas, por sí solas, pueden aliviar el escrutinio público.

Cuestionar la política social no es anatema. Pensar que debe haber cambios, ajustes o recortes es perfectamente legítimo y debería ser una obligación democrática. Un Estado que no evalúa lo que gasta no rinde cuentas ante nadie; ni ante la ciudadanía ni ante los propios destinatarios de los programas. Muchas voces en el debate público han presentado la pura sugerencia de recortes como el peor de los pecados posibles. Y no; la pregunta por la eficiencia del gasto público debiera ser permanente. No es posible que haya programas que sigan operando a pesar de tener malas evaluaciones año tras año. En eso, el ministro Quiroz tiene razón.

Pero la eficiencia económica no es el único criterio para evaluar programas ni decisiones políticas, por importante que sea. En algunos casos, su obligación será cumplir razonablemente con los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos. El ejercicio de continuidad es ingrato porque implica hacerse cargo de decisiones ajenas. Pero poner la eficiencia como valor excluyente implica desatender la justicia, que es uno de los objetivos principales de la existencia del Estado. La justicia opera como piso y como techo: define mínimos que el Estado debe garantizar y límites que no debiera exceder. Para alguien formado en la tradición subsidiaria, como el presidente Kast, este ejercicio debiera ser natural. Es, de hecho, lo que lo distingue de otras corrientes liberales o del libertarianismo tan de moda en otras latitudes.

La justificación de las decisiones difíciles debe apoyarse en criterios de justicia. En ese sentido, el desafío es más político que técnico. El Gobierno tiene que ofrecer razones comprensibles y con peso ante la ciudadanía, para que sus decisiones no parezcan arbitrarias. Cuando la justificación no llega a ese nivel, las decisiones tienden a percibirse como respuestas rígidas, más cercanas a una ideología inflexible que a una decisión debidamente fundamentada.

Fernando Peña, director de la JUNAEB, ha dado en el clavo con sus intervenciones y es un buen ejemplo dentro del Gobierno. Reconoce el error, asegura la continuidad operativa y se disculpa sin humillarse ni ser altanero. Eso contribuye a desactivar la lógica de confrontación que impera en una de las almas del Gobierno: saber reconocer errores propios es compatible con mantener convicciones, y no es pecado incorporar voces distintas. Gobernar desde un círculo cerrado —el segundo piso, o un ministro que concentra el eje— produce decisiones rápidas, pero no las razones que las justifiquen ante la ciudadanía. Ir más lento, por más que pueda molestar al ministro Quiroz o los asesores del presidente, puede ser la receta para llegar más lejos.