Forma y fondo

Hace tres meses, en enero, el entonces confirmado ministro de Hacienda Jorge Quiroz, del electo Gobierno de José Antonio Kast, dijo que el plan que la nueva administración ejecutaría a contar de marzo contaba con años de trabajo previo, que cada propuesta tenía una entrada en una gran planilla Excel y que para cada una había una suerte de semáforo que indicaba el estado de avance de su diseño final. Esta semana poco más de un 60% de ese Excel vio la luz (con unas 25 de las 40 medidas previstas que ya han sido detalladas), como parte del anuncio del llamado proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social que se enviará a trámite la próxima semana.

En lo estructural, en lo anunciado no hay nada que mueva a sorpresa. Durante la campaña, los grandes temas que dan forma al plan habían sido ampliamente esbozados: rebaja de impuestos a las empresas pequeñas, medianas y grandes, incentivos a la inversión, medidas pro-empleo, búsqueda de un balance fiscal estructural y una mayor eficiencia del gasto público, más certezas jurídicas a los inversionistas y desburocratización. Todo con el declarado propósito de que el sector privado asuma un rol aún más protagónico en la creación de riqueza. Alegar desconocimiento de estos ejes es poco creíble, porque eso es justamente lo que se dijo y fue lo que votó la ciudadanía, junto a un set de otras medidas en temas como seguridad pública, inmigración y otras.

En lo que viene la oposición y el Gobierno se verán sometidos a tensiones internas poderosas si es que no se quiere dejar ‘en tablas’, por otros cuatro años, a un país que acumula más de una década de estancamiento, con un crecimiento incapaz de generar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad (sobre todo las que atiende el Estado con los fondos que extrae del sector privado) y con unos niveles de desempleo estructuralmente altos, que comprometen el bienestar de cientos de miles de chilenos.

A nivel de la oposición, pronto tendrá que decantar en una u otra dirección el dilema entre quienes intentan instalar que el proyecto del Gobierno es un capítulo más de la vieja lucha de clases y quienes, en sus propias filas, tienen un diagnóstico crítico del estado de cosas en el país. No por nada, durante la propia Administración Boric se consideró la idea de impulsar una rebaja del impuesto corporativo a niveles cercanos al promedio de la OCDE, desde el 27% actual a un 25% o 24%; se reconoció que la situación de desempleo de los últimos tres años es una catástrofe (como lo dijo en más de una oportunidad Luis Eduardo Escobar, jefe económico de la excandidata Jeannette Jara) y se admitió que el desorden en las cuentas fiscales ya excedía todo pronóstico.

El Gobierno también tiene un arduo trabajo por delante, sobre todo porque desde el sector privado se le ha estado instando a avanzar no a cualquier precio y ojalá con acuerdos amplios que den certezas en el largo plazo. Luego de unas primeras señales de cierta ortodoxia a nivel gubernamental, con las semanas los ánimos oficialistas han comenzado a decantar en la dirección de hacer concesiones y variaciones al Excel que permitan evitar acuerdos frágiles o espurios.

Para ambos sectores avanzar hacia acuerdos sólidos también supondrá un trabajo de negociación interna significativo. Independientemente de la visión de sociedad diametralmente distinta que está implícita en el debate, para la centroizquierda abrir espacios constructivos de conversación no será menor, porque aún perdura muy nítidamente el recuerdo del tenaz rechazo de la derecha a varias de las iniciativas económicas que trató de sacar adelante Mario Marcel. Para la derecha, en tanto, el dilema pasa por no perder el apoyo “preliminar” dado por el Partido Nacional Libertario (cuya bancada cuenta con ocho diputados en la Cámara) a medida que se hacen concesiones en la negociación, a la par de atender algunos de los planteamientos del partido, que aspira a medidas más agresivas en materia de exención de contribuciones y baja de impuesto a las empresas.

En todo este proceso se debatirán también otros asuntos significativos, tales como la capacidad de que en Chile vuelva a haber una mayor disposición a alcanzar acuerdos, aunque aquello no sea el resultado óptimo, y a hacerlo teniendo en la mente a las personas que no tienen trabajo ni fuentes de ingresos, y que están teniendo que soportar un mayor costo de la vida, en un año económicamente complejo, con alta inflación, con un crecimiento que se mantendrá bajo por meses y un desempleo que, en esas condiciones, será difícil de abatir.