La otra batalla cultural
Tiene que ver con legitimar un modelo de desarrollo económico y social que aproveche las ventajas competitivas que nos entregan nuestras riquezas naturales, sin degradar el medio ambiente
Con ocasión del Festival de Viña, Carlos Peña ha sugerido que la aceptación ciudadana de algunos artistas y del humor desplegado en la Quinta Vergara, es una derrota en la batalla cultural de la derecha conservadora, que vería ahí un retroceso en los valores de la familia nuclear y binaria, la heterosexualidad y la represión en el habla.
Sin embargo, parece haber dos batallas culturales que a veces se confunden. Cuando el entonces candidato José Antonio Kast, en julio de 2025, evadía responder preguntas sobre el aborto y la adopción homoparental, lo hacía refiriéndose a que su Gobierno sería “de emergencia”, enfocado en “los problemas reales de las personas”. Esa agenda valórica era la batalla cultural a la que parecía renunciarse por la emergencia.
Sin embargo, en su gira por Europa el presidente electo habló también de otra batalla cultural: esta vez contra los ismos. Ese cuestionamiento no apuntaba a una batalla conservadora sino más bien a una mirada crítica de lo que han sido los obstáculos ocultos (o no tanto) de nuestro modelo de desarrollo.
Sin ser extremadamente conservador, se puede tener una perspectiva crítica de la evolución de nuestra regulación que ha avanzado para satisfacer los intereses de algunas minorías que han afectado silentemente a las mayorías.
Cuando se critica temas tan diversos como la Ley Lafkenche, el convenio 169, la burocracia educacional, la Ley Karin o la fracasada Estrategia Nacional del Litio, también hay una batalla cultural.
Así, criticar la Estrategia Nacional del Litio y su política de creación de un mal entendido valor agregado, también es una batalla cultural, porque lo que hay detrás es reinvindicar el modelo de crecimiento apalancado en nuestros recursos naturales.
Defender nuestro modelo educacional de provisión mixta también es dar una batalla cultural. Quizás por eso es más necesario que nunca ser explícitos en la importancia que ha tenido el sector privado para permitir que prácticamente todos los niños de este país tengan acceso a un colegio. Y lo seguirá siendo para asegurar una educación de calidad, cosa que no sucede hoy. La batalla cultural educacional es profunda, relevante y debe cuestionar los mitos y fantasmas que se instalaron desde el surgimiento del Frente Amplio, incluyendo la demonización del lucro.
También es una batalla cultural el reivindicar un Estado al servicio de sus ciudadanos, y no una ciudadanía al servicio del Estado. Para que el Estado sea fuerte y un agente habilitador de los proyectos de vida de las personas, es necesario exigirle pero también muchas veces prestigiarlo. Cuando se reivindica el mérito en el empleo público o exigencias de ciertos mínimos en la calidad de la regulación, estamos dando una batalla cultural y política. Y esa batalla no es por hacer desaparecer el Estado, sino por hacerlo cumplir su función más esencial.
Qué duda cabe que hay una batalla cultural cuando se combate la desconfianza en la empresa y en las personas como inspiración de las políticas laborales. La rigidez como dogma, que presume la incapacidad de los trabajadores, o igualar la flexibilidad o adaptabilidad laboral a la precarización es lo contrario a permitir que quienes trabajan en Chile puedan acordar condiciones que se adecuan a sus propios proyectos de vida. Cuando se plantea la importancia de esquemas de trabajo flexibles, estamos en una de las batallas políticas más álgidas y necesarias de los tiempos modernos.
La otra batalla cultural tiene que ver con legitimar un modelo de desarrollo económico y social que aproveche las ventajas competitivas que nos entregan nuestras riquezas naturales, sin degradar el medio ambiente o afectar a quienes se encuentran en condición vulnerable.
Tal como lo demuestran experiencias como la neozelandesa, la australiana, la canadiense o la noruega, los países que más admiramos son orgullosos de basar su desarrollo en la explotación de sus recursos naturales y no han tenido que echar mano a herramientas extraordinarias o a tratados internacionales para que sus políticas económicas sean compatibles con su medio ambiente. Asimismo, muchos de ellos no siguen anclados a la lógica marxista de la explotación de los oprimidos, sino que se han adaptado a una sociedad en que las lógicas de poder se encuentran mucho más descentralizadas o distribuidas.
Estos avances no desconocen el valor del Estado en la protección de grupos que están desaventajados ni la necesidad de regulación para corregir asimetrías que, en muchos casos, se han extendido. Sin embargo, debemos replantearnos esos supuestos y sostener esos debates o batallas culturales de cara a la ciudadanía y en voz de quienes son electos para representarnos.
La otra batalla cultural, la que no se basa en la nostalgia conservadora, es aquella que pretende que el pueblo de Chile se sienta orgulloso de su modelo de desarrollo y no se avergüence por lo que dicen los activistas, ambientalistas o indigenistas extremos, en ocasiones desde tierras lejanas y con ocultos intereses.