Sin sistema no hay seguridad pública

La seguridad fue un tema central en la elección pasada. No es casual, entonces, que la nueva ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, sea la figura principal del primer Gabinete del presidente electo José Antonio Kast, con un 27% de las preferencias, según Descifra. Las cifras son contundentes: el 59% de los chilenos identifica el crimen y la violencia como su principal preocupación, y casi el 57% declara sentirse expuesto al delito.

Es evidente que el país enfrenta desafíos crecientes e inéditos en materia de seguridad. Durante los últimos 10 años, Chile ha experimentado un aumento de la violencia delictual y niveles elevados y persistentes de temor al delito, la criminalidad adquirió mayor complejidad y continúan apareciendo casos preocupantes de corrupción. Hoy existe un sistema carcelario en crisis, marcado por altas tasas de hacinamiento y alarmantes niveles de corrupción. Por otro lado, observamos cómo bandas criminales reclutan a niños, niñas y adolescentes en comunas socialmente excluidas. En el fondo, enfrentamos la expansión de verdaderas empresas del delito, con un alto poder de fuego y económico, mayor organización e innovación criminal y escasos límites frente a la vida y los derechos de los ciudadanos.

Para responder a la complejidad criminal, el Estado de Chile ha creado el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y el Sistema de Seguridad Pública, integrado por 29 instituciones y organizado en dos subsistemas: Seguridad Pública y Prevención del Delito. Recién se aprobó la Política Nacional de Seguridad Pública que define los objetivos de resultado para cada subsistema.

Este sistema es altamente complejo y está compuesto por instituciones con una larga historia, diferentes trayectorias y objetivos propios, pero con un bajo nivel de integración tanto en procesos como en datos y, más aún, sin planes estratégicos de trabajo conjunto y metas comunes.

En rigor, el sistema existe desde hace décadas; no obstante, solo desde el año pasado cuenta con un marco normativo.

El Ministerio de Seguridad Pública, como órgano responsable del correcto funcionamiento del sistema, tiene menos de 12 meses de vida, por lo que se encuentra en una fase preliminar de instalación. En este contexto, la nueva ministra tiene una tarea enorme para lograr que el Sistema de Seguridad Pública funcione como un conjunto plenamente integrado y consiga los resultados que todos esperamos: menos temor a la delincuencia y menos delitos violentos.

La complejidad criminal requiere un sistema integrado y ágil, lo que significa que cada institución cuente con capacidades tecnológicas y perfiles profesionales de alto nivel, además de la integración de procesos de gestión y de datos entre ellas. También, que cuente con planes estratégicos conjuntos que faciliten la capacidad de alerta temprana y que sea permeable a la influencia de la evidencia científica, todo esto, protegiendo la privacidad de las personas y resguardando aspectos éticos. Ninguna política de seguridad funciona sin considerar un enfoque de triada: personas involucradas, su entorno social y el territorio donde ocurre el delito.

A la luz de las expectativas ciudadanas, es clave sincerar los esfuerzos y los tiempos involucrados en la tarea de implementar en plenitud el Sistema de Seguridad Pública, ya que, como país, no podemos fallar.

Sin un sistema que funcione de verdad, seguiremos reaccionando tarde, fragmentados y con resultados parciales. Y eso tiene un costo enorme: más temor, menos confianza y una ciudadanía que empieza a dudar de la capacidad del Estado para protegerla. No hay atajos. Construir seguridad sostenible requiere un trabajo serio y sistémico, con una mirada de largo plazo. No hacerlo nos acerca peligrosamente a una sociedad fracturada, con menos libertad y menos futuro.