A 50 años del Plan Cóndor: la solidaridad ausente

Hace unas semanas hemos sido testigos de la conmemoración de los 50 años del Plan Cóndor, una red transnacional de coordinación represiva que permitió a las dictaduras latinoamericanas coordinar operaciones clandestinas para secuestrar, torturar, hacer desaparecer y asesinar a exiliados considerados ‘terroristas’ o ‘subversivos’.

Hoy, como en el pasado, honramos las vidas y los nombres de las víctimas de este macabro plan. Con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, es posible formular ciertas certezas que pueden parecer obvias, pero no por eso menos validas.

Hablo como hermana de María Cecilia (27 años, socióloga) y cuñada de Guillermo Tamburini (32, médico argentino). Ambos fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires en la madrugada del 16 de julio de 1976, víctimas del Plan Cóndor. Habían huido de la dictadura chilena a fines de 1973. Sus cuerpos aún no han sido encontrados, no sabemos cómo ni dónde fueron exterminados. Imposible terminar el rompecabezas porque los autores de este crimen —dos fueron enjuiciados y condenados— han guardado cobarde silencio.

Resulta evidente que Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de justicia: es uno de los pocos países que logró llevar a los represores ante los tribunales civiles y que juzgó y condenó a las cabezas militares responsables. La sociedad, como cuerpo, ha abrazado con entusiasmo y convicción la causa de la defensa de los derechos humanos y ha expresado su solidaridad a las víctimas de Plan Cóndor. No fue fácil, pero se privilegió la cohesión social y el compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. Una lección que los chilenos -tan temerosos del conflicto- debiéramos recoger.

Algo se ha hecho en nuestro país. Por ejemplo, el 14 de diciembre de 2023, en un fallo unánime, la Corte Suprema de Chile confirmó las condenas a 22 agentes de la ex DINA por los secuestros y homicidios calificados de algunas víctimas de la Operación Cóndor, y ordenó medidas de reparación.

También hay que decir que la puesta en marcha, hace dos años, del Plan Nacional de Búsqueda es una señal inequívoca del compromiso del presidente Boric y su Gobierno en apoyar nuestra lucha.

Pero digamos las cosas como son: nuestra búsqueda ha sido muy solitaria, con escaso eco de nuestros compatriotas. En general, la sociedad chilena no nos ha acompañado en nuestro dolor, en nuestra causa. Ha faltado solidaridad. Y, en la esfera del poder, habríamos querido un apoyo más contundente de parte de los sucesivos Gobiernos en democracia.

Eduardo Galeano decía que “el derecho de recordar no figura en los derechos humanos consagrados por Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita; no para que los vivos seamos ventrílocuos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia.”

Rescato esta reflexión suya porque me parece muy oportuna en tiempos de turbulencia como el que vivimos, donde las democracias del mundo tambalean, cercadas por la amenaza fascista que no promete garantía alguna respecto a la defensa y protección de los derechos humanos. A la luz de los recientes resultados electorales, nuestro país no figura, precisamente, como la excepción.

No es casual que durante mucho tiempo no se supiera de la existencia de Cóndor. En Chile el plan fue durante mucho tiempo invisibilizado por la dictadura con la complicidad de los medios periodísticos, propiedad de los grandes grupos económicos. Y ya sabemos los periodistas que aquello que no se comunica no sucedió. Inmersos en el clima de sospecha y desconfianza, paralizados por el temor, no era fácil compartir información con otros. Menos nuestro dolor. No pocos optaron por el silencio y el repliegue. Muchas de las familias de los desaparecidos vivían fuera de Chile. No había coordinación entre nosotros, muchos no nos conocíamos. Chile se había convertido en un país de guetos.

Resulta indiscutible de que hubo una parte importante de la población que avaló el terror, la represión y que aprobó el exterminio. La derecha, con la complicidad de las autoridades de la dictadura, cayó en un negacionismo profundo y malsano, alimentado por el deseo de olvidar lo sucedido. El tema de los detenidos desaparecidos fue reducido —desde el comienzo— a un drama familiar y no de país. El sentimiento de que “si no me pasó a mí no me incumbe” fue compartido y, hasta hoy, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es un tema que incomoda y tampoco ha estado, precisamente, entre las prioridades reales en la agenda de los Gobiernos.

Por otro lado, ahí estuvieron las familias de las víctimas, apoyadas por organizaciones de derechos humanos, que no bajaron los brazos, que no callaron, que se negaron a rendirse en su afán de encontrar a sus seres queridos. Majaderas en su lucha, según algunos. Basta recordar la frase, tristemente célebre, del entonces presidente de la Corte Suprema chilena, Israel Bórquez, quien se quejó de que “los detenidos desaparecidos me tienen curco”.

Fue una buena señal aquella. Porfiadas, decenas de mujeres se reunían en manifestaciones en los tribunales de justicia y, ante la presencia amenazante de los gendarmes, rodeaban a esa mujer altiva de piel de mármol, con la vista vendada y el corazón frío. La acecharon, le lanzaron maldiciones, le rogaron como a esos santos mudos de los altares cristianos. Si hubiesen podido, le habrían prendido velas y prometido mandas. Contra todas las mareas, internas y externas, necesitaban confiar en que algún día la balanza se equilibraría a favor de ellas y tendrían respuesta a esa pregunta majadera, como ellas: “¿Dónde están?”

La comunidad exige justicia. Ignorar el pasado bajo el sistema de la amnesia colectiva implica no querer aprender de los errores del pasado. La historia enseña que los pueblos que no han podido reconciliar su pasado están, en buena parte, imposibilitados de imaginar su presente y su futuro.