Luis Cordero y el ‘Caso Audios’: “Esta crisis no es solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia chileno”

El escándalo del caso Audios, que ha cumplido diez meses este sábado, ha golpeado a la Corte Suprema, que atraviesa por una crisis que solo va en alza y que el ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Luis Cordero (Santiago, 51 años), monitorea con atención pues su cartera es el vínculo del Ejecutivo con el Poder Judicial chileno. Se suma a ello que, como académico de derecho administrativo de la Universidad de Chile, su foco de estudio ha sido por más de veinte años los fallos del máximo tribunal. Los chats que algunos de sus jueces, en especial Ángela Vivanco, sostuvieron con el penalista Luis Hermosilla, protagonista principal de la trama político-judicial que impacta a Chile, la tienen en medio de un proceso que podría derivar con su expulsión.

De acuerdo con lo publicado por el medio Ciper Chile, Vivanco y Hermosilla se enviaron WhatsApp entre 2018 y 2023 y en ellos se ve cómo ella le pidió ayuda para ser nombrada en 2018 en la Suprema. Los contactos arrancaron cuando Hermosilla era asesor del ministerio del Interior que lideraba Andrés Chadwick en la Administración de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional. Los chats divulgados revelan que ella le habría entregado información de causas y que ambos intentaron influir en designaciones de altos cargos del Poder Judicial, entre otros varios hechos que están en la mira de la Fiscalía. La jueza enfrenta desde el lunes la apertura de un cuaderno de remoción, levantada por sus pares del pleno de la Corte Suprema; una investigación penal por su papel en un fallo en contra de Codelco que favoreció a una firma de capitales bielorrusos y chilenos y una acusación constitucional impulsada por el oficialismo y la derecha tradicional. En una situación similar, pero por otra arista, está el magistrado Jean Pierre Matus, pues también se empuja un libelo desde el Congreso.

Los WhatsApp con el abogado han salpicado a otras instituciones. En marzo, un jefe policial, Sergio Muñoz, fue formalizado por entregar información de causas mientras que el Ministerio Público ha abierto indagaciones en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y del exfiscal jefe de la zona oriente de Santiago, Manuel Guerra.

Para Luis Cordero esta crisis va más allá del Poder Judicial, sino que involucra al sistema completo de justicia chilena: jueces, fiscales y abogados que ejercen la profesión privada. Desde su ministerio lidera la elaboración propuesta del Ejecutivo, que se presentará en octubre y que, adelanta, no solo será sobre el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, sino también apuntará a regular los conflictos de interés de distintos actores, públicos y privados.

El mecanismo actual para designaciones en la Corte Suprema, que ha sido puesto en el banquillo, requiere de la participación de los tres poderes del Estado: primero la Suprema elabora una quina, que selecciona del listado de postulantes. Luego, de esas propuestas el presidente de la República elige un nombre, que debe ser ratificado en el Senado por un quórum de dos tercios. En el caso de los ministros de Cortes de Apelaciones, sus pares hacen una terna y el Ejecutivo nomina.

Cordero recibe a EL PAÍS en su oficina, ubicada casi al frente de La Moneda, la misma semana que la crisis se instaló en el Poder Judicial.

Pregunta. ¿Cómo se vive la crisis en el Gobierno que golpea a la Corte Suprema?

Respuesta. Para el Ministerio de Justicia es un tema central, porque el primer mandato por ley es el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Por lo tanto, el impacto que tiene es muy significativo, pero más allá del Gobierno, sino para el funcionamiento del Estado. Y por varias cosas: los datos para Chile de las últimas dos décadas en la confianza en el sistema de justicia son de los más bajos en América Latina, tanto en el Latinobarómetro como en la encuesta de los motores de confianza de la OCDE de este año. Además, Chile es el país de la región que tiene la mayor percepción de desigualdad ante la ley.

P. Y todo esto incluso antes de que estallara el caso Audios-Hermosilla.

R. Cuando uno mira las últimas dos décadas para Chile, existe una visión crítica del sistema de justicia, una distancia y una percepción de la gente de un tratamiento desigual. Por lo tanto, el Caso audios termina por confirmar esas aproximaciones de trato desigual ante la ley y de la desconfianza, en un contexto en que Chile venía realizando esfuerzos bien significativos desde el retorno a la democracia [1990].

P. Chile cambió su sistema inquisitivo secreto a mediados de los 2000 por uno oral con audiencias públicas ¿por qué no ha servido eso para mejorar la percepción? ¿por qué vuelve a estallar un escándalo?

R. Se olvida que cuando asumieron los gobiernos democráticos el entonces ministro de Justicia del presidente Aylwin [1990-1994], Francisco Cumplido, presentó una reforma constitucional muy ambiciosa en materia de justicia y que tenía cambios muy significativos para la Corte Suprema. Y uno de los diagnósticos que había era la crítica visión y la degradación institucional del Poder Judicial en dictadura. Esa reforma fue archivada. Y si uno mira hoy esa propuesta es más o menos la agenda de justicia de los últimos 30 años en Chile.

P. Luego vinieron acusaciones constitucionales contra jueces de la Suprema.

R. Una seguidilla, y la publicación de El libro negro de la justicia chilena de la periodista Alejandra Matus sobre las prácticas corruptas del Poder Judicial. También estuvo la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de Luis Correa Bulo [destituido en 2001]. En 1997 Chile realizó la reforma a la Corte Suprema que permitió la incorporación de cinco abogados ajenos a la carrera judicial y la participación del Senado. Todas esas reformas, incluida la procesal penal, tenían por propósito transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y mejorar la calidad de la Corte Suprema.

P. Hoy de nuevo está en el foco el sistema de nombramientos y la Suprema dijo hace unos meses que “podría permitir algunos espacios de opacidad” ¿no hay responsabilidad también de las personas más allá del mecanismo?

R. Chile tiene un problema en el sistema de nombramientos en general. Cuando hicimos la reforma en 1997 fue a los nombramientos en la Corte Suprema porque había una visión crítica de la opacidad, que antes dependían de una quina [del pleno] y del presidente de la República. Se supone que la incorporación del Senado le iba a dar escrutinio. Pero el problema también está en aguas abajo.

P. ¿En las cortes de Apelaciones y los jueces en general?

R. Sí. Tenemos un sistema en que la Academia Judicial recién cumple 30 años y solo a partir de su creación, para ingresar a la carrera judicial, hay que tener un curso de formación. Entonces, todavía nos quedan unos cuatro años para que puedan llegar a la Corte Suprema aquellos que entraron con escuela judicial. Lo segundo es que los nombramientos son en el inicio y en las posiciones siguientes. Entonces, los nombramientos están vinculados más bien a la hoja de una vida de una persona y a las ternas [cortes de Apelaciones] o a las quinas [Suprema]. Por lo tanto, no es un sistema que permite evaluar la trayectoria de una persona.

P. ¿Qué determina entonces esas designaciones?

R. Como la quina o la terna se forma por aquellas personas que tienen más votos, va a depender de cuánto conozcan los ministros de cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a las personas que están postulando. Dado que el sistema ha descansado sobre eso, durante años la Asociación Nacional de Magistrados ha dicho que generaba incentivos para el ‘besa manos’. Es decir, los candidatos debían ir a entrevistarse con sus superiores en reuniones que eran regularmente privadas. Esa visión crítica dio origen a reformas administrativas de la Corte, que obligan a transparentar si alguien les pide audiencia. Si ha funcionado bien o mal, probablemente no ha generado los incentivos adecuados. Entonces, si un juez del norte de Chile quiere irse al sur, la probabilidad de que lo conozcan es bajísima. Por lo tanto, es un sistema que no incentiva el mérito. Y en los ministros que nacen de una quina, se suma el Senado. Eso agrega la misma pregunta ¿cómo los senadores conocen al candidato más allá de que lo presente el Ejecutivo?

P. ¿No cree que está viciado el sistema? En ninguna parte de la ley, por ejemplo, se dice que a un juez o jueza de la Suprema lo nombra la derecha y luego, pero eso ocurre.

R. Es un error creer que el problema está [solo] en el sistema de nombramientos de la Corte Suprema, porque esto está aguas abajo, donde el sistema privilegia y no tiene cómo generar herramientas para evaluar adecuadamente el mérito. Entonces, cuando se llega a la Corte Suprema se puede terminar por reproducir el mismo incentivo: ‘como no tengo condiciones para evaluar adecuadamente el mérito, termino generando incentivos para contactos impropios’. Por eso todas las iniciativas, la de 1991 de Cumplido; la de la Corte Suprema en 2015, ratificada y actualizada en 2024; la de la Administración Piñera; los dos procesos constituyentes de 2022 y 2023; tres mociones parlamentarias que están en el Congreso contingentemente y las opiniones de dos grandes grupos de académicos, hoy más menos el consenso es que ese sistema no es sostenible en su generalidad.

Los cambios que prepara el Ejecutivo

P. ¿Y en qué hay consenso de lo que debiera venir?

R. Este debate no viene de los últimos años, sino del retorno a la democracia. Tenemos que buscar un consenso porque el problema no está solo en los nombramientos de la Corte Suprema. La idea de perfeccionarlo no solo tiene que ver con separar la función judicial [de la Suprema ], sino que, además, permita evaluar comparativamente el mérito.

P. ¿Cómo sería un buen sistema de nombramientos?

R. Un buen sistema de nombramientos no necesita intermediarios, no solo en la Corte Suprema, sino también aguas abajo.

P. La jueza de la Suprema, María Teresa Letelier dijo ante el pleno que ninguno está ahí por “obra del Espíritu Santo” ¿cómo interpreta esa frase? ¿se refiere a intermediarios o a qué?

R. No quiero juzgar sobre ese punto. Acá hay dos dimensiones: la de aquellos que requieren ese contacto, que alguien hable bien a favor de alguien; o bien, aquel que se acerca al candidato. En mi experiencia como ministro, en la que me ha tocado este último proceso de nombramientos [pendiente], al ser entremedio del caso Audios probablemente eso ha disuadido cualquier tipo de contacto.

P. ¿Cómo definiría usted esta crisis? ¿Es la más grave?

R. Esta es una de las crisis más intensas de la Corte Suprema; la de los noventa fue importante. Pero la de hoy es la más importante no solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia. El panorama es un poco más global: tiene que ver con los jueces, la Corte y todavía no sabemos el impacto que esto puede tener en otros rangos de la estructura judicial. También está comprometiendo investigaciones a fiscales y, por cierto, al ejercicio de la profesión legal. En el caso Audios aparece un abogado, reconocido, como intermediario. Eso genera una condición de conflicto de interés. Porque un asunto son los criterios que tiene el Ejecutivo con el Congreso y otro es que en ese proceso intermedie alguien que tiene un interés abiertamente privado que en el futuro puede comprometer la independencia e imparcialidad del juez.

P. ¿Comprometió o puede comprometer?

R. Son mensajes [con Vivanco] que dan cuenta de amistad. El desafío que tiene Chile a partir de este caso no es solo modificar el sistema de nombramientos, y por eso me reuní con el Colegio de Abogados: es revisar también el conjunto e hipótesis del conflicto de interés en el que se puede encontrar la profesión.

P. Usted antes de ser ministro también litigó ¿puede ser un abogado amigo de un juez?

R. Puede ser, pero esa es una causal de conflicto de interés si el día de mañana ese juez tiene que resolver un asunto. Usted puede tener conflictos reales, cuando efectivamente se verifican; pueden ser aparentes y a lo mejor no los hay, pero la posición puede generar un conflicto de interés o puede ser potencial.

P. En un clima de desconfianza, agudizado ¿qué pueden esperar los chilenos?

R. Por eso es tan relevante no solo regular los conflictos reales, sino también los aparentes. Esto, además, depende de los criterios y gestión de la propia profesión legal. No es solo conflicto de interés del juez, sino también del abogado. Por eso es muy importante el control ético. Los abogados intermedian en la representación de intereses y derechos de otras personas, o en una función fiduciaria. Por ello, no es solo el juez el que tiene que garantizar su imparcialidad, es también el abogado.

P. ¿Cómo se proyecta el debate?

R. Este caso abre de nuevo el debate sobre regulación de conflictos de intereses, control ético y colegiatura obligatoria de la profesión legal. Y esto demuestra otro factor que es clave: Chile debe ir hacia una cultura de gestión de conflictos de interés. Por lo tanto, hay que establecer mecanismos para gestionar estos conflictos.

P. ¿Qué trae la reforma que van a proponer?

R. Las propuestas de Cumplido en adelante, más o menos, convergen en situaciones similares. El Gobierno está avanzando hacia un cambio integral del sistema de nombramientos, pero no hay que quedarse solo en la Corte Suprema, porque hay problema aguas abajo pues no tenemos un mecanismo que permita nombramientos y promociones en base al mérito, o lo dificulta. El segundo de los aspectos es también tener regulaciones adecuadas de conflictos de interés. ¿En qué momento el abogado ejerce la profesión legal y en qué momento se transforma en un lobista gestor de intereses? Esa es una zona gris que hoy en la ley no está resuelta. El Ejecutivo está trabajando en esa dirección.

P. ¿La propuesta del Gobierno será sobre conflictos de interés de jueces y abogados?

R. Así es. Por eso me reuní esta semana con el Colegio de Abogados.

P. ¿Y está la idea de eliminar al Senado en los nombramientos de la Suprema?

R. Esas son cosas que no puedo adelantar en estos momentos.

P. Dijo que le preocupa que las acusaciones constitucionales de jueces de la Suprema se estén “ocupando” en el contexto de contingencia electoral y “no en el sentido más profundo de la crisis” ¿por qué?

R. Cada institución ejerce sus atribuciones en el marco de las competencias que le entrega la Constitución y la ley; es lo que está haciendo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las acusaciones [constitucionales] cumplen un rol y tienen que ver con la responsabilidad política de los jueces. Esta crisis, en que hay investigaciones [de la Fiscalía] que deben seguir avanzando y un sistema con altos niveles de desconfianza, debe tratar de convivir con una proyección de reformas que regulen adecuadamente regímenes de nombramientos y conflictos de intereses, esencialmente para proyectar un camino y recuperar esa confianza. Mantener un sistema tan alto de desconfianza en la justicia perjudica el funcionamiento del sistema democrático, la igualdad ante la ley y el acceso al sistema de justicia.