Playas, jardinería y asados: la vida de Fujimori en Chile antes de su extradición a Perú

El enfrentamiento con la justicia del expresidente peruano Alberto Fujimori, fallecido este miércoles en Lima a los 86 años, estuvo marcado por un capítulo de su vida en Chile. El autócrata que gobernó durante la década de los noventa fue detenido en el país sudamericano en 2005, donde vivió hasta 2007, cuando la Corte Suprema aprobó su extradición a Perú por dos delitos de violaciones de los derechos humanos y cinco de corrupción. Esos dos años supusieron un dolor de cabeza para el cuerpo diplomático del entonces presidente socialista Ricardo Lagos que, debido a la doble nacionalidad de Fujimori (peruana y japonesa), tuvo que lidiar con las demandas de ambos países.

Fujimori, que había dimitido a la presidencia por fax desde Tokio en 2000 tras un escándalo de corrupción, aterrizó en un jet privado, junto a tres personas, el domingo 6 de noviembre de 2005 en Santiago proveniente de Japón, donde había vivido los últimos cinco años. La justicia peruana lo quería juzgar por 21 cargos, entre ellos su autoría intelectual en las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El caudillo latinoamericano ingresó sin inconvenientes cerca de las 18.00 horas al territorio chileno como turista con su pasaporte peruano. Solo 15 minutos después de que cruzara los controles, los agentes se percataron de que su nombre figuraba en el listado de prófugos de la Interpol. No pudieron detenerlo en ese momento porque en Chile se requería una orden judicial emitida por un ministro de la Corte Suprema, así que se trasladó sin problema al exclusivo Hotel Marriott.

Cerca de la una de la madrugada llegó la policía al hotel para arrestarlo por orden del ministro instructor de la Corte Suprema de Santiago, Orlando Álvarez, quien acogió la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de Lima en el marco de un tratado de extradición firmado por ambos países en 1932.

Por razones de seguridad, lo llevaron detenido a la Escuela de Gendarmería de Chile, en Avenida Matta, en el municipio de Santiago, donde se le habilitó el casino de más de 100 metros cuadrados como habitación. La sede tenía un pequeño patio interior donde Fujimori cultivaba rosas, una de sus aficiones. Dedicaba sus días a leer y escuchar música clásica. Su segunda esposa, la japonesa Satomi Kataoka –con quien se casó poderes desde Santiago– se había quedado en Tokio, pero viajó un par de veces a visitarlo. La aristócrata proveniente de un imperio hotelero alquilaba una planta completa en el Hotel Hyatt y venía acompañada de un equipo que se encargaba desde su peinado hasta sus zapatos. Vestida de Luis Vuitton y Gucci llegaba a la sede de Gendarmería, llamando la atención de los uniformados, parte del servicio nacional de prisiones.

Los abogados chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Velozo asumieron la defensa de Fujimori dos semanas después de su detención. Velozo le enseñó los primeros acordes de guitarra al peruano que, una vez acabado el rosal, buscó nuevos pasatiempos. En mayo de 2006 el expresidente obtuvo la libertad provisional (con orden de arriago nacional) y se mudó a una casona en Los Dominicos, en el sector oriente de Santiago, en la que vivía acompañado solo de un escolta policial, un carabinero del cuerpo de Protección de Personas Importantes (PPI). Recibía constantemente visitas de sus familiares o amistades peruanas, así como de políticos fujimoristas, especialmente en periodos electorales. No generó vínculos, eso sí, con autoridades chilenas. A los cuatro meses se mudó a Chicureo, una zona residencial y acomodada en el norte de Santiago.

Fujimori aprovechó ese tiempo para conocer el desierto chileno y recorrer en detalle el litoral central, donde alguna vez se lo vio pescando. En Chicureo cultivó amistades con los vecinos, quienes lo invitaban a comer asados y él les devolvía la mano con sushi preparado en casa. Uno de ellos, un empresario, lo acogió un verano en su casa en el lago Rapel, a unos 150 kilómetros al suroeste de Santiago.

En julio de 2007, el magistrado Orlando Álvarez rechazó en una primera instancia el pedido de extradición. Al poco tiempo, sin embargo, la fiscalía judicial, un ente que que es parte del máximo tribunal, emitió un informe en el que recomendaba extraditarlo. El juez Urbano Marín, que reemplazaba a Álvarez por licencia médica, ordenó el arresto domiciliario de Fujimori para impedir una eventual fuga o intento de asilo. El 21 de septiembre de ese año, finalmente la Corte Suprema de Chile dio curso a la extradición pedida por Perú, aprobando siete de las 13 causas presentadas por Lima: cinco por casos de corrupción y dos por delitos de lesa humanidad. En las acusaciones por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), la extradición fue aprobada por unanimidad, lo mismo que en el caso de unos sobornos pagados a congresistas. En los otros cuatro delitos de corrupción, los magistrados estuvieron divididos.

Fujimori llegó a Chile con el objetivo de que, si lo extraditaban, lo hicieran por la menor cantidad de casos posibles ya que solo por ellos podía ser juzgado en su tierra. En junio de este año, la Corte Suprema chilena amplió la extradición por cinco casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellos las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante su gobierno, además de homicidios durante el rescate, en 1997, de los rehenes de la Embajada del Japón en Lima.

En 2009 la justicia peruana condenó a 25 años de cárcel al expresidente por crímenes contra los derechos humanos, convirtiéndose en el primer exmandatario elegido democráticamente en América Latina declarado culpable en su país por ese tipo de delitos. Antes de cumplir su pena completa, en diciembre del 2023, un cuestionado indulto humanitario otorgado por el Tribunal Constitucional que se sustentó en un “resquebrajado estado de salud” le permitió vivir sus últimos meses en libertad.