La justicia chilena ordena la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, fallecido durante su servicio militar

Este jueves el Juzgado de Garantía de Arica autorizó la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, el conscripto de 19 años que falleció mientras realizaba su servicio militar en Putre, un poblado en el extremo norte de Chile. El joven se desplomó y murió mientras participaba en una marcha pasadas las seis de la mañana en el altiplano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tras ese ejercicio militar, otros 45 conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco presentaron cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales, y a uno de ellos le debieron apuntar una de sus manos.

Luego de un intenso debate, el 25 de junio pasado la Corte Suprema ordenó que el caso de Franco Vargas debía ser llevado por la justicia civil, pues en un principio las diligencias estuvieron a cargo de la justicia militar.

La solicitud de exhumación del cuerpo fue realizada por la Fiscalía de Arica. En la audiencia, el fiscal Anatole Larrabeiti expresó que la autopsia debe ser ejecutada bajo el protocolo de Minessota, un método que se utiliza en caso de que las muertes ocurran cuando las personas están bajo la custodia del Estado. Y explicó que este protocolo consiste en “una autopsia con una singularidad de requisitos que van desde lesiones previas posibles al deceso de la persona, en cuanto a cualquier otro tipo de anomalía en la muerte de la misma y que debe preverse en el caso de que el Estado sea quien haya tenido la custodia de esta persona, como fue en el caso del Ejército de Chile al mantener a un conscripto que cumplía su Servicio Militar quien fallece bajo dicho requisito”.

La madre del conscripto, Romy Vargas, también autorizó la diligencia. Cuando el caso de su hijo era llevado por la justicia militar, ella se había negado a que se realizara este procedimiento.

El Juzgado de Garantía de Arica accedió a la petición del Ministerio Público argumentando que “se trata de una diligencia que resulta de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados, y contando además no solo con la citación y noticia de la madre del difunto, sino que su manifestación expresa de voluntad, se han tocado en cada uno de los presupuestos establecidos en esa norma, que permiten acceder a este tribunal a la petición del Ministro Público y de las partes querellantes”.

El comandante en jefe del Ejército chileno, Javier Iturriaga, reconoció el pasado 8 de mayo que la primera información entregada sobre la muerte del conscripto Franco Vargas “adoleció de falta de precisión” y dio de baja a los dos principales mandos de la institución en el extremo norte del país. El general también admitió que el trabajo que en abril se realizó en la zona le dejó “una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción, del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios” y que, de comprobarse a través de las investigaciones, “deberán asumirse las responsabilidades que se determinen”.

El mandatario Gabriel Boric y la ministra de Defensa Maya Fernández recibieron el 13 de mayo a la madre de Franco Vargas en La Moneda, encuentro en el que se comprometieron apoyar las causas “para esclarecer lo ocurrido con Franco y el resto de sus compañeros”, dijo entonces la secretaria de Estado.

De acuerdo con las versiones iniciales del Ejército, Vargas presentó problemas respiratorios durante un descanso en medio de una marcha de instrucción desde el Campo de Entrenamiento Pacollo hacia el Cuartel Militar de Putre. El soldado conscripto fue inicialmente estabilizado por los equipos de la enfermería del regimiento y luego fue enviado a un centro de salud local, en donde se confirmó su muerte.

El relato oficial ha sido rechazado por los otros conscriptos del regimiento, quienes han denunciado múltiples situaciones de maltrato que habrían cometido sus superiores en medio de la instrucción militar.

Este caso ha hecho revivir una de las más grandes tragedias ocurridas en el Ejército de Chile en tiempos de paz. En 2005, un suboficial y 44 conscriptos que hacían su servicio militar murieron tras obedecer las órdenes de sus superiores, quienes los enviaron a una marcha en la zona cordillerana de Antuco, en la sureña región del Biobío, con bajas temperaturas y un viento blanco. Cinco militares fueron procesados por su responsabilidad en las muertes.

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