María Jaraquemada, presidenta de la comisión de probidad: “En Chile nos cuesta comprender lo que es un conflicto de interés”

El caso Convenios, la trama de corrupción que estalló en Chile a mediados de junio que la Fiscalía investiga sobre el traspaso de dineros públicos a una treintena de fundaciones privadas a lo largo del país, impulsó al Gobierno de Gabriel Boric a crear una comisión para la probidad y transparencia. Cinco expertos, presididos por María Jaraquemada, directora de la ONG Chile Transparente, el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (TI), tuviero...

El caso Convenios, la trama de corrupción que estalló en Chile a mediados de junio que la Fiscalía investiga sobre el traspaso de dineros públicos a una treintena de fundaciones privadas a lo largo del país, impulsó al Gobierno de Gabriel Boric a crear una comisión para la probidad y transparencia. Cinco expertos, presididos por María Jaraquemada, directora de la ONG Chile Transparente, el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (TI), tuvieron 45 días para presentar al Ejecutivo una batería de recomendaciones en la materia. La Administración de izquierdas dio a conocer la semana pasada la hoja de ruta para la implementación de las propuestas de la comisión.

En medio del escándalo que ensombrece la promesa de honestidad del Frente Amplio, la coalición del mandatario, la preocupación de los chilenos por la corrupción escaló en septiembre 11 puntos, hasta el 40%, según la encuesta Ipsos, desplazando a la inflación y el desempleo, y siendo superada solo por la delincuencia. Jaraquemada, en una entrevista realizada este jueves en las oficinas de Chile Transparente en la capital chilena, remarca que el punto de inflexión respecto a la preocupación y percepción sobre la corrupción se produjo en 2015, cuando se comenzaron a destapar varios casos en las instituciones más relevantes del país. “Es imposible decir si hay más, porque la corrupción bien hecha no se conoce”, apunta.

Pregunta. ¿Cuáles son las fisuras que han quedado de manifiesto en los casos de corrupción desde 2015?

Respuesta. Tienen que ver con una falta de modernización o actualización de las instituciones. Pero en Chile se han hecho avances. Después de la comisión Engel [creada en 2015 a raíz de casos de financiamiento ilegal de la política], se aprobaron 14 leyes en diversos temas –cambió la ley de gasto reservado del cobre, el delito de solución, todo el sistema de financiamiento de la política–. Siempre van quedando unos pequeños forados por donde se va colando en el fondo este tema porque creo que en Chile todavía nos cuesta comprender bien lo que es un conflicto de interés. Muchas casos se refieren a temas de conflictos de interés por una falta de comprensión de qué es lo que implica. Y una mala gestión del conflicto, obviamente.

P. ¿De quién es la responsabilidad de que exista esa falta de comprensión?

R. Creo que no lo conversamos mucho, falta más capacitación. Hubo mucha crítica cuando el ministro de Justicia [de Boric, Luis Cordero] dijo que las autoridades deberían tener una capacitación básica cuando llegan por primera vez a un cargo administrativo del Estado. Las respuestas fueron “uno para tener ética no debería tener capacitaciones’” A mi juicio, los temas de integridad sí requieren una capacitación constante, porque las normas y el estándar ético-social va cambiando, no todo es blanco y negro, hay muchas líneas grises. A veces se entiende que cuando uno tiene un conflicto de interés, la manera de actuar es haciendo como que no existe, en vez de declararlo, decir “esta persona es mi pariente o es cercana”, “yo trabajé con ellos antes”. Creo que ahí está el mal concepto, se entiende que porque hay un conflicto, es malo. No, todos tenemos interés, todos podemos tener conflicto. El tema es que el conflicto no se produzca y genere un daño.

P. Otra crítica fue que, precisamente, la generación de Boric, que llegó por primera vez a la primera línea del poder, lo hizo con la bandera de la anti-corrupción

R. Si tú vas a levantar esta bandera, tienes que tener muy bien desarrollados tus procesos internos para que efectivamente eso no ocurra, porque las personas te van a exigir más. Obviamente eso le puede haber jugado más en contra al Gobierno. Es imposible que dentro de un partido político todos se comporten de determinada manera y que no haya nadie que infrinja la regla. Y es imposible controlar. Lo que marca la diferencia es cómo reaccionas después de eso: si nos escandalizamos y decimos que no puede ser y aislamos a quien infringió la regla o decimos bueno, un caso más y empezamos a normalizar la corrupción, que es lo que ocurre mucho en América Latina. Creo que la comisión para la probidad y transparencia fue una muestra de interés y hay que ver ahora si las reformas efectivamente se van a concretar para ver si eso es así.

P. Hasta ahora el modus operandi ha sido que estalla un escándalo de corrupción y luego se crea una comisión y se realizan algunas reformas...

R. Lo cual es positivo. Pero claro, el daño ya está hecho. En general hay una falta de impulso, de modernización persistente. Lo hemos ido haciendo por etapas. Pero cuando no es un problema, no es urgente y queda ahí. Tenemos que empezar a cambiar esa actitud, entendiendo que hay muchas prioridades. Esto no puede ser una prioridad siempre, pero sí puedes tener una actualización en segundo plano de estas temáticas. Si no, cuando ocurre el escándalo ya es demasiado tarde, la crisis es muy grande, y el coste para la confianza ciudadana es demasiado alto.

P. ¿Qué papel juegan las sanciones en ese coste?

R. Todavía estamos un poquito al debe en el tema de la sanción. Creo que hay una alta percepción de impunidad. En las encuestas post estallido social de 2019, varias de las causas del descontento hablaban de una desigualdad de trato, de los delitos de cuello corbata, etcétera. Quienes han estudiado mucho esta temática te dicen que la combinación perfecta es la sanción y la reforma. Hay países que se quedan solo en la sanción y no hacen la reforma, y otros que hacen la reforma pero no hacen la sanción, entonces igual hay poca confianza en la reforma por parte de la gente.

P. Chile es más del segundo caso...

R. Sí. En 2018 se elevaron las sanciones a la corrupción. Ahora en el Caso Convenios estamos por ver si va a haber sanción. El miércoles estuve con el fiscal de la nueva Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, y decía que tienen investigaciones en casi todas las regiones del país. Los procesos judiciales siempre son mucho más lentos.

P. ¿Qué recomendaciones hizo la comisión que usted presidió para el tema de las sanciones?

R. En el caso de las fundaciones, la única sanción que existe es la disolución de la persona jurídica, que deje de existir. Como es tan extrema, se ha aplicado muy pocas veces. Nosotros propusimos que existan sanciones intermedias. Si no cumplen con enviar sus memorias, con subir las rendiciones de cuenta… arriesgan multa, prohibición de recibir fondos públicos, etcétera. O sea, darle gradualidad, porque si no, es el todo o nada. Segundo, planteamos que debiera haber en el Congreso una deliberación para ver cómo hacer que cuando haya delitos, las sanciones sean efectivas. Lo que no puede pasar es que, personas que cometen fraude al fisco o malversaciones de caudales públicos por primera vez y colaboran un poquito con la investigación, reciban la mínima sanción, que al final la gente lo percibe como nada.

P. Las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Boric en base a las recomendaciones se incluyeron en el proyecto de ley de presupuesto 2024. ¿Cuáles son las principales?

R. Ahí se recoge varias de las propuestas, como que la concursabilidad sea la regla general, ciertos requisitos para acreditar los convenios, sistemas de rendición de cuentas para que haya garantías para que el Estado pueda exigir la restitución de los dineros cuando hay incumplimientos, etcétera. Pero la ley de presupuesto funciona a un año. El compromiso del Gobierno es ingresar al Congreso una ley general de transferencia para que esto sea permanente. Un compromiso muy relevante es el proyecto de ley de beneficiario final, que permitirá saber quiénes son los que están detrás de estructuras societarias complejas, quiénes son los últimos controladores de empresas, sociedades, organizaciones de la sociedad civil. Que sea un registro que esté en manos del Servicio de Impuestos Internos y que haya obligaciones de las personas de dar esa información, responsabilidades por no entregarla, auditorías para ver posibles incumplimientos. Si Chile lo aprueba tal como lo recomendamos, sería el primer país de América Latina en contar con estos estándares y volveríamos a tomar el liderazgo que hemos perdido ante Uruguay y a veces Colombia.

P. ¿Cómo evalúa la propuesta constitucional en el tema de la modernización del Estado?

R. Nosotros hemos seguido bastante el tema que tiene que ver con integridad y transparencia. Hay avances ahí. Hicimos propuestas, pero no todas fueron recogidas. Destaco que se establecen los principios de integridad, de transparencia, de rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información pública como derecho autónomo, que hoy en día no está. También se avanza y puede generar impacto de verdad en el tema del empleo público. En la comisión vimos varios asuntos que tienen que ver con un déficit de empleo público, de que llegan personas que son nombradas en cargos de confianza, pero empiezan a nombrar a otras en cargos más técnicos que quizá no tienen las competencias necesarias, que son cercanas al partido político y se pierde expertise. Si tú sabes que tienes que alinearte con tu jefatura porque si no te van a desvincular de una manera muy rápida, tú no vas a levantar alertas de decir “oiga, usted no debería darle un convenio a esa organización”. Los países desarrollados tienen sistemas de empleo público potentes, donde se valora la carrera funcionaria, donde puedes ascender, donde eres funcionario de Estado.

P. ¿Cómo estamos en Chile?

R. En Chile nosotros tenemos lo mismo en el papel, pero no en la práctica. Y eso nos impide avanzar hacia el desarrollo, a tener un Estado moderno e innovar. La propuesta constitucional de la Comisión de Expertos, que no ha cambiado en el Consejo, moderniza lo que establece la Constitución y le da un mandato al presidente de la República para que en los próximos dos años envíe un proyecto de ley para implementarlo. Es un tema prioritario para acabar con esta ficción de que tenemos un sistema de empleo público, pero donde el 70% de los funcionarios están a contrata o a honorario, lo que da pie a que se los desvincule rápidamente, se pueden nombrar a dedo, y además tienen bastante precariedad laboral. Todo eso al final te desvirtúa este sistema. A pesar de eso, creo que en Chile tenemos grandes funcionarios, pero si tú lo mides en América Latina esto es una deuda gigante.

P. ¿Cómo llegamos a un 70%?

R. Fue un poco el tema de la flexibilidad –contratos temporales, no estás obligado a llamar a concurso, no hay reglas de antigüedad, sale más barato– y porque muchas veces en la ley de Presupuesto se fueron autorizando aumentos de funcionarios a contrata u honorario y no de planta. La planta se ha fosilizado y empezaron a aumentar por el lado yo diría que en los últimos 20 años. Esto se descuadró, se no fue de las manos absolutamente.

P. ¿En su área, hay algo que le preocupe de la propuesta constitucional?

R. Me preocupa que se estableció una agencia que, por lo poco que se desarrolla en el texto, tendría similitudes con la Contraloría y el Ministerio Público. No se discutió mucho y no se entiende muy bien cuál es el objetivo, y cómo se coordinaría su trabajo para que no haya un choque de trenes, que es importante. En la discusión había críticas a la labor de Contraloría, pero quizá sería mejor fortalecer lo que ya tenemos, más que crear una tercera agencia que está entre medio de las dos.