¿Dónde está el pacto constitucional?

En octubre de 2020, en plena pandemia, una sólida mayoría ciudadana se pronunció a favor de un cambio constitucional que fuese debatido y elaborado en un proceso participativo y representativo de la sociedad. Ese veredicto fue la llave para un proceso político y social que nos ha tomado los últimos tres años y que, lejos de mostrar resultados, nos tiene en un momento de emociones encontradas, entre la expectativa y la decepción, por no arribar al tan me...

En octubre de 2020, en plena pandemia, una sólida mayoría ciudadana se pronunció a favor de un cambio constitucional que fuese debatido y elaborado en un proceso participativo y representativo de la sociedad. Ese veredicto fue la llave para un proceso político y social que nos ha tomado los últimos tres años y que, lejos de mostrar resultados, nos tiene en un momento de emociones encontradas, entre la expectativa y la decepción, por no arribar al tan mencionado pacto constitucional.

En 2019, el diseño para el cambio constitucional establecido mediante el Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución se visualizaba como el camino institucional para canalizar el descontento social y la violencia expresada en el estallido social de octubre de 2019. Se valoró ampliamente la capacidad de las fuerzas políticas para lograr este relevante acuerdo, que se cristalizó en una reforma constitucional aprobada por 2/3 del Congreso. Se estableció un itinerario iniciado en octubre de 2020, y el cual terminó en el rechazo ciudadano al texto presentado por el órgano constituyente el 4 de septiembre de 2022. Un proceso fracasado.

Luego de tres meses de negociaciones entre los partidos políticos y en sede parlamentaria, se fraguó un nuevo acuerdo político en materias constitucionales, el Acuerdo por Chile, en diciembre de 2022. Esta vez, al anterior acuerdo sobre el mecanismo democrático y participativo de cambio constitucional, se adiciona uno nuevo, más sustantivo, sobre los contenidos constitucionales expresados en las llamadas 12 bases.

En el actual procedimiento de cambio constitucional, que surge desde el Acuerdo por Chile, un grupo de expertos de confianza de los partidos políticos con representación en el Congreso elaboró un texto que se proponía representar a los diversos sectores de la sociedad chilena, para subsanar lo que algunos vieron como debilidad técnica del texto elaborado por la Convención Constitucional en 2022, elaborando un anteproyecto de texto constitucional, para luego someterlo a deliberación del Consejo Constitucional.

Mientras esto sucedía, la ciudadanía eligió a sus representantes ante el Consejo Constitucional. Así como en 2021 la sorpresa fue la elección de la Lista del Pueblo, que agrupó a movimientos sociales y sectores de izquierda, en 2023 la sorpresa fue la elección de un número importante de representantes del Partido Republicano, un total de 22 Consejeros de los 50 integrantes del órgano constituyente, que establece como el partido mayoritario. El partido Republicano fue constituido en enero del 2020, y eligieron 11 diputados en las elecciones parlamentarias de 2021, y los principios declarados en su constitución han sido los rectores en su participación en los distintos espacios de representación política.

Con otro tono y otras formas, el principal error en la forma de enfrentar la deliberación constitucional en 2022 se repite: el atrincheramiento en ideas rígidas y la ausencia de voluntad de construir consensos que incorporen las miradas distintas. La ilusión de imponer ideas propias, en base a una mayoría relativa en la representación en el órgano constituyente, nubla la visión de que una Constitución política es un pacto político y social que debe perdurar para dar la estabilidad necesaria para las deliberaciones democráticas.

La importancia de la estabilidad y el anclaje de las instituciones está en que nos permiten abordar los conflictos que permanentemente tenemos como sociedad, con reglas claras y la posibilidad de que todas las ideas de los diversos grupos de la sociedad puedan desarrollarse. Eso no se está logrando hasta ahora. La gran cantidad de enmiendas propuestas para modificar, adicionar y desarmar el texto del anteproyecto propuesto por los expertos dio la primera señal de la dificultad de cimentar el acuerdo político necesario.

Hay temas que son clave, como la posibilidad de implementar las políticas que implica un Estado Social y Democrático, uno de los acuerdos transversales alcanzados en diciembre de 2022 y que nos permitiría dar un paso en abordar los problemas de desigualdad de la sociedad chilena. Así también lo relativo a los derechos de las mujeres, los que han ido avanzando consistentemente en los últimos años, y pareciera que ahora se dan pasos hacia atrás en materias de representación política y derechos sexuales y reproductivos, tan relevantes para lograr la autonomía de las mujeres con los importantes aportes que eso implica para el desarrollo de nuestro país. Es así que las mujeres transversalmente han señalado que incluso están dispuestas a salir a marchar nuevamente para no permitir estos retrocesos, como es el caso de la alcaldesa Evelyn Matthei y de la expresidenta Michelle Bachelet.

Otra arista es lo relativo a la arquitectura del poder político, de la que tanto se ha señalado que es necesario fortalecer y democratizar. Más allá del aumento de umbrales para la representación de los partidos políticos en el Congreso, regla que incluso se ha matizado en los artículos transitorios aprobados, y de incluir mecanismos de participación ciudadana, no hay aún claridad de cómo fortaleceremos los mecanismos democráticos tanto para resolver nuestros conflictos como para mejorar nuestra convivencia, para encontrarnos en el espacio público y colaborar para un futuro común.

Los llamados a la unidad del país y a mejorar la convivencia se hicieron oír con claridad en las pasadas fiestas patrias, en las distintas actividades oficiales de celebración de Chile independiente. Desde los sectores de la derecha tradicional han salido voces claras respecto a la baja adhesión al texto constitucional, considerando los artículos aprobados hasta ahora. Así también desde los sectores de centroizquierda. Se ha hablado de líneas rojas, y se han prendido luces amarillas sobre por dónde avanza el contenido constitucional.

En los últimos días los principales dirigentes de los partidos políticos han vuelto al ruedo, enhorabuena. Conversaciones entre la presidenta del Partido Socialista, y dirigentes de Renovación Nación y la Unión Demócrata Independiente se han propuesto buscar el anhelado acuerdo/pacto constitucional. En el mismo camino se han manifestado dirigentes de los otros partidos del arco político, haciendo un llamado al partido mayoritario del Consejo, el Partido Republicano, a tener disposición al diálogo. Las votaciones en el pleno del Consejo hasta ahora no han mostrado esa voluntad, y es así como los partidos de centroizquierda han señalado que se sienten excluidos del texto.

Quedan pocos espacios del proceso constitucional para lograr el buscado acuerdo transversal. Y el problema constitucional persiste. Se han ensayado diversas modalidades de representación y deliberación, la ciudadanía ha sido clara en sus prioridades: lograr un acuerdo amplio que aborde los problemas de nuestra sociedad mirando al largo plazo. Para eso, un Estado Social y Democrático que logre implementar políticas públicas inclusivas, y un sistema político democrático e inclusivo que nos permita fortalecer nuestra convivencia son temas de la mayor relevancia.

Los partidos políticos cumplen hoy un rol muy importante. Las decisiones que se tomen serán significativas para abordar el proceso constituyente y reimpulsar la tradición democrática de Chile. Es una oportunidad también para los propios partidos de reconectar con la ciudadanía, construyendo un pacto político y social, que en esta coyuntura se expresa en un texto constitucional.